Por Soledad Maradona
| Para LA NACION |Río Negro
GENERAL
ROCA, Río Negro.-- En una ciudad aún convulsionada por el juicio en el
que se ventila el homicidio del gobernador Carlos Soria, a manos de su
mujer, un nuevo caso que involucra a personajes públicos saltó a la luz.
Se trata del procesamiento de Carlos Vila, juez de la Cámara del Crimen
de esta ciudad, acusado de golpear y amenazar con un arma de fuego a
su esposa.
Pese a estar procesado por violencia de género, el magistrado sigue en funciones, lo que ayudó a encender aún más la polémica.A Vila lo denunció su esposa, Yannina Pomies Baraldi, por lesiones y amenazas con arma de fuego, mientras que él alega que la mujer padece trastornos psiquiátricos.
Vila, es el presidente de la Cámara Tercera en lo Criminal y esta semana quedó procesado por los delitos de "lesiones leves calificadas por el vínculo en concurso real con coacción" y en un 2º hecho por "coacción agravada por el uso de arma de fuego en concurso real con tenencia ilegítima de arma de guerra", según la calificación penal resuelta por el juez de Instrucción Nº 4, Daniel Tobares, a cargo de la causa.
Ponies Beraldi, de 39 años y estudiante de Derecho, denunció a su esposo a comienzos de septiembre, por amenaza de muerte con un rifle y lesiones en el cuerpo, en un episodio violento que no era la 1ª vez que ocurría, según expuso en la Comisaría.
Sin embargo, el acusado alegó que su mujer -con quien está casado hacía 1 año- sufría problemas psiquiátricos por los cuáles estaba siendo tratada con medicación, inclusive.
Por eso, apeló anteayer el procesamiento que deberá analizar un tribunal de alzada.
Por ese caso no intervino el Consejo de la Magistratura. Aunque sí inició un sumario interno por la conducta del magistrado ante los empleados de la Cámara, a quienes agredió verbalmente e inclusive de manera física a otro juez, en un episodio sucedido en los tribunales días después de la denuncia por violencia de género.
Hasta el momento la sumariante de la Magistratura, la legisladora Ana Piccinini, no solicitó la suspensión del juez y continúa la etapa de investigación por su comportamiento en ese episodio puntual.
Respecto de la causa por violencia de género, según pudo conocer LA NACION existen peritajes que ratifican la agresión padecida por la mujer.
El matrimonio Vila reside en una chacra en la localidad de Stefenelli, situada en las afueras de General Roca, y la mañana del domingo 9 de septiembre -alrededor de las 6, según consta en las actuaciones policiales- la mujer se presentó en la comisaría de la zona para radicar la denuncia.
Exhibía, según afirmaron voceros policiales, 2 lesiones en el rostro -en un ojo y en el labio- y moretones en los brazos.
La mujer fue examinada por un médico dentro de las 72 horas de efectuada la declaración policial.
Según admitieron fuentes judiciales, el forense actuante dictaminó que la denunciante "presentaba lucidez de conciencia, orientada auto y alopsíquicamente" y confirmó que se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico por trastornos de ansiedad con ataques de pánico, por lo que se encontraba medicada.
También fue asistida por la Oficina de Atención a la Víctima del Poder Judicial, donde los profesionales comprobaron que "se encontraba en un estado de agotamiento emocional y físico por la situación sufrida" y ratifican -según las entrevistas mantenidas con la mujer-que se demuestra que "la situación que vivió fue real y no producto de su imaginación o de la enfermedad mental que padecía".
El juez de Instrucción -que concluyó esta semana con el procesamiento de su colega- consideró en su resolución que éste "es un típico caso de violencia de género" contemplado en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, por lo cual existían elementos para procesar al camarista, aunque no se halló el arma con la que habría sido amenazada la mujer.
El juez Vila, luego de la denuncia por violencia de género, solicitó que se le otorgue una licencia en el tribunal que conduce, pero el Superior Tribunal de Justicia de la provincia desconoció el certificado médico presentado por estrés y ordenó que retorne a sus funciones.
La permanencia del camarista en su despacho tras el procesamiento por violencia de género y agresiones verbales al personal de tribunales, generan malestar en el ámbito judicial y esperan medidas de la Magistratura
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