1 de los 3 padres que acampó
ante la Audiencia no obtiene la custodia compartida y deberá pagar una
pensión pese a ser un parado sin prestación.
Los 3 padres durante la acampada ante la
sede de la Audiencia Provincial el pasado mes de marzo. | ANTONIO
VÁZQUEZ
De nada le han servido:
1.- los 26 días en huelga de hambre
que permaneció ante la sede de la Audiencia Provincial de Cádiz en
demanda de la custodia compartida;
2.- ni tampoco la reciente resolución del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le reconocía haber sido
víctima de un funcionamiento anómalo del sistema judicial por retrasos
injustificados en el procedimiento de divorcio que mantiene desde 2009.
Este padre chiclanero, que reclamaba compartir la custodia de sus 2
hijos de 4 y 8 años con su expareja, ha perdido su batalla legal en
1ª instancia.
El juzgado de Chiclana nº 3 ha dictado sentencia que:
a.- mantiene la custodia a la madre,
b.- fija el pago de una pensión alimenticia
para el padre y
c.- reduce el tiempo de visita del progenitor.
La asociación Custodia Compartida de Cádiz (APIF)
-colectivo al que pertenece José Antonio Caparrós- critica duramente el
dictamen judicial, aunque no se muestra sorprendida porque asegura que
vaticinaba su contenido: «Este padre, como tantos otros en España,
cuando se salen del tiesto de la senda judicial marcada se castiga de
forma cruel y sin valoración positiva para los menores».
El progenitor defendió en el juicio celebrado a finales
de julio que:
1.- él disponía de más tiempo que la madre para la atención de
los pequeños porque es un parado de larga duración mientras que su
exmujer trabaja.
2.- Y además, debido a la situación económica por la que
atraviesa, el pago de una pensión alimenticia le supone una obligación a
la que no puede hacer frente ya que lleva 2 años desempleado sin
cobrar prestación alguna: «No es lógico que mientras la madre no puede
hacerse cargo de los menores por su trabajo, a mí se me niegue el
derecho a atenderlos frente a las atenciones de la abuela materna,
siempre loable, pero en ningún caso sustituible de una atención
paterna», indica un comunicado de la asociación APIF en el que recogen
declaraciones de Caparrós.
La lectura que hace el colectivo al que pertenece este
gaditano sobre la sentencia dictada por una jueza, que está de refuerzo
en el nº3 de Chiclana, es en clave revanchista dado que el CGPJ le
reconoció al padre haber sido víctima de un funcionamiento anómalo de la
Justicia; si bien, el Consejo no hace reproches a la labor de la jueza.
Ya antes de celebrarse la vista oral del divorcio, esta asociación
advertía que su miembro podía ser víctima de «una posible parcialidad en
la sentencia» por haber logrado poner en entredicho el funcionamiento
del juzgado chiclanero.
Víctima del sistema judicial
La resolución, conocida en mayo, indicaba que en el
procedimiento se habían producido varias suspensiones de la vista donde
debía resolverse el divorcio -que finalmente se celebró a finales de
julio, 2 meses después de conocerse este dictamen- y que éstas
obedecían a dilaciones indebidas. «Han originado un perjuicio que el
actuante no tiene obligación de soportar, con independencia de cuál sea
la coyuntura del órgano judicial, la situación de carga de trabajo y el
número de asuntos pendientes».
El CGPJ, además, exoneraba al padre de
haber sido responsable de un procedimiento tan largo en el tiempo
(arrancó en 2009), calificando su actuación de «diligente».
José Antonio Caparrós planteaba en su reclamación una
indemnización por daños morales y la cifraba en 4 millones de €.
El
informe favorable del órgano de gobierno de los jueces abre la puerta al
cobro, pero es el Ministerio de Justicia el que debe determinar si cabe
indemnización o no y la cantidad definitiva.
Desde APIF anuncian no solo el recurso ante la Audiencia
Provincial contra la sentencia de divorcio dictada en primera instancia;
también estudian iniciar acciones legales contra el ministerio o el
CGPJ porque no entienden cómo hay recursos para que un juzgado de
primera instancia «dicte sentencia el mismo día de la vista».
Nota:
Lo que esta claro es que ó el colectivo de afectados cambia de estrategia ó nos quedan otros 30 años más de travesia del desierto, ya llevamos 31 y vemos lo que esta pansando.
Los problemas se solucionan cuando:
1.- se hace la Liquidación de los Bienes Gananciales (LBG)
2.- los hijos son económicamente independientes ó tienen 18 años (Ultimas sentencias del TS)
¿Para cuando un Lobby de Presión de afectados por lassentencias de los juzgados de Familia?
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