Mañana se celebra el Día de la Justicia Gratuita:
El presupuesto de Galicia desciende un 20%, Castilla y León cae un 11% y Madrid cede un 9,5%.
cinco dias.com/ Lola Fernández - Madrid - 11/07/2012 - 07:00
La celebración mañana, 12 de julio, del Día de la Justicia Gratuita
se salda con una caída en la inversión por este concepto en todas las
Administraciones públicas del 4% en 2011.
El gasto ascendió a 246 millones de euros el pasado ejercicio, frente a los 256 millones del año anterior.
Por comunidades autónomas, las que más recortaron fueron Galicia (un 20%), Castilla y León (11%) y Madrid (9,5%).
Los presupuestos de Cataluña, Andalucía y Valencia también descendieron, aunque algo menos, alrededor del 4%.
El turno de oficio sigue siendo la partida más importante de esta inversión, a la que se destinó 163 millones de euros en 2011, el 66% del total.
La asistencia letrada al detenido representa ya un 21%, con 51,8 millones, mientras que la violencia de género supone el 4,1% del total, 10 millones de euros.
El 8,6% restante corresponde a los gastos de infraestructuras.
En el VIº Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, presentado ayer en Madrid por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, el comité de expertos recomienda crear una comisión central que reúna a las diferentes comisiones de asistencia jurídica gratuita (CAJG), a la Administración estatal y autonómica, así como a la abogacía institucional, para unificar criterios que eviten el uso fraudulento de este servicio.
En este sentido, proponen que se establezca una tasa para los beneficiados por el servicio de justicia gratuita a quienes, tras comprobar su documentación y requisitos, se les deniegue este servicio.
Entre las funciones de esa comisión central, los expertos consideran que debería velar por la homologación de la documentación exigible al solicitante y por la comprobación e inspección de la misma, para lo que exigen dotarla de medios suficientes.
Aconsejan, además, que se reconozcan los derechos de justicia gratuita con una duración temporal determinada, de 6 meses, como recientemente ha hecho Navarra.
Con ello se pretende evitar la tramitación reiterada de sucesivos expedientes de justicia gratuita en un breve lapso de tiempo.
Respecto a los abogados del turno de oficio, el comité de expertos del Observatorio solicita que se fortalezca la garantía de cobro de los honorarios aun cuando no sea reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita del solicitante.
Actualmente, muchos letrados están viendo mermados sus ingresos porque al solicitante se le deniega el servicio finalmente o no cumplimenta bien sus datos.
El gasto ascendió a 246 millones de euros el pasado ejercicio, frente a los 256 millones del año anterior.
Por comunidades autónomas, las que más recortaron fueron Galicia (un 20%), Castilla y León (11%) y Madrid (9,5%).
Los presupuestos de Cataluña, Andalucía y Valencia también descendieron, aunque algo menos, alrededor del 4%.
El turno de oficio sigue siendo la partida más importante de esta inversión, a la que se destinó 163 millones de euros en 2011, el 66% del total.
La asistencia letrada al detenido representa ya un 21%, con 51,8 millones, mientras que la violencia de género supone el 4,1% del total, 10 millones de euros.
El 8,6% restante corresponde a los gastos de infraestructuras.
En el VIº Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, presentado ayer en Madrid por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, el comité de expertos recomienda crear una comisión central que reúna a las diferentes comisiones de asistencia jurídica gratuita (CAJG), a la Administración estatal y autonómica, así como a la abogacía institucional, para unificar criterios que eviten el uso fraudulento de este servicio.
En este sentido, proponen que se establezca una tasa para los beneficiados por el servicio de justicia gratuita a quienes, tras comprobar su documentación y requisitos, se les deniegue este servicio.
Entre las funciones de esa comisión central, los expertos consideran que debería velar por la homologación de la documentación exigible al solicitante y por la comprobación e inspección de la misma, para lo que exigen dotarla de medios suficientes.
Aconsejan, además, que se reconozcan los derechos de justicia gratuita con una duración temporal determinada, de 6 meses, como recientemente ha hecho Navarra.
Con ello se pretende evitar la tramitación reiterada de sucesivos expedientes de justicia gratuita en un breve lapso de tiempo.
Respecto a los abogados del turno de oficio, el comité de expertos del Observatorio solicita que se fortalezca la garantía de cobro de los honorarios aun cuando no sea reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita del solicitante.
Actualmente, muchos letrados están viendo mermados sus ingresos porque al solicitante se le deniega el servicio finalmente o no cumplimenta bien sus datos.
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