La posibilidad de que la custodia compartida
de los hijos sea el régimen preferente que se establezca en los casos de
separación o divorcio
es vista por asociaciones de jueces y de divorciados como la medida más
razonable, aunque las organizaciones de mujeres la ponen en duda.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,
se comprometió el pasado 13 de junio en el Parlamento a impulsar en los
próximos 6s meses una ley "única y nacional" que modifique el Código
Civil para que deje de contemplar el carácter excepcional de la custodia
compartida de menores en los procesos de ruptura matrimonial.
Así,
serán los jueces los que tendrán que valorar las circunstancias en cada
caso y determinar cuál es el modo más eficaz de satisfacer la necesidad
del menor de disponer de la presencia de sus padres, según anunció el
ministro.
Antes de que Gallardón anunciara la futura ley, el
secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, se reunió con las
asociaciones que habían solicitado un encuentro: 6 a favor de la
custodia compartida y 1 crítica, según han indicado a Efe fuentes de
Justicia.
Las mismas fuentes han señalado que Román tiene previsto
reunirse con otra asociación contraria a la custodia compartida, ya que
Justicia está dispuesta a escuchar todas las opiniones al respecto.
Una
docena de asociaciones de mujeres, entre las que se encuentran la
Federación de Mujeres Progresistas, Themis y la Federación de Mujeres
Separadas y Divorciadas, sostienen en un documento que imponer la
custodia compartida deja "a un lado y sin remisión" los derechos de los
menores, para permitir que preponderen los intereses de los
progenitores.
A su juicio, es "obvio" que el interés por
participar en el cuidado, educación y atención de los hijos "no
concuerda en modo alguno" con la pretensión de que se imponga la
custodia compartida, como así lo demuestran los datos del Ministerio de
Empleo, recogidos en el documento.
Estos datos reflejan que solo
el 4 % de las 34.128 excedencias registradas en 2011 para
el cuidado de los familiares correspondían a hombres.
"El problema
es que si la custodia compartida tiene carácter preferente y los padres
no llegan a un acuerdo en la manera de educar a los hijos, es muy
perjudicial para estos estar con un progenitor durante un periodo que el
juez establezca e inmediatamente después con el otro que les da
indicaciones contrarias", destaca a Efe la presidenta de la Federación
de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro.
Besteiro asegura que
son las mujeres las que más se implican en el cuidado de los hijos y
que, por tanto, es normal que ellas tengan la custodia.
En el
mismo sentido se expresa la psicóloga y experta en psicoterapia infantil
Olga del Mazo, quien sostiene que en los casos de separación o divorcio
los hijos necesitan estabilidad y precisamente la custodia compartida
solo es la mejor opción cuando los padres tengan una buena relación
entre ellos o hayan acordado su educación.
Del Mazo subraya que
hay que analizar caso a caso porque puede llegar a ser perjudicial para
el menor el hecho de cambiar de residencia cada poco tiempo, si así lo
decide el juez, o de rutinas y horarios.
Las asociaciones de padres y divorciados, en cambio, celebran el anuncio de Gallardón.
La
Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones por la Custodia Compartida
(UEFACC) considera que la custodia compartida es "una buena manera" de
promover la conciliación y dejaría de cuestionar en los casos de
divorcio quién de los dos padres es el más idóneo para la crianza.
La
Confederación Estatal de Padres y Madres Divorciados también valora la
futura ley ya que, en su opinión, recoge la "urgente necesidad" de
defender el derecho de los menores a relacionarse en igualdad con ambos
progenitores y que "España avance en igualdad en las relaciones familiares".
Consultadas
por Efe, las asociaciones de jueces aunque señalan que habrá que
analizar cada caso por separado, en principio, les parece que la
custodia compartida es la mejor opción.
El portavoz de Jueces para la Democracia,
Joaquim Bosch, cree "razonable" este sistema y considera que es
"esencial" que sean los jueces los que decidan qué es lo mejor para el
menor, si bien añade que una reforma "tan importante" requiere el
consenso en el Parlamento.
"No sería positivo que la reforma se
aprobara sin amplia mayoría porque es una medida que tiene un gran
repercusión social y familiar", dice Bosch.
Por su parte, el
portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena,
estima que es "una medida adecuada" para adoptar la normativa a la
sociedad actual.
Explica que a la hora de que los jueces fijen qué
progenitor debe pasar una pensión alimenticia al menor y abandonar la
residencia familiar, deberían tener en cuenta el tiempo que cada uno
pasa con los hijos y en función de eso decidir.
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