Hacienda persigue a los divorciados

Hacienda vigila ahora a 88.000 parados vascos, empresas en crisis y divorciados

Técnicos del Ministerio critican que los más perjudicados sean el objetivo.

Andoni Orrantia Bilbao 14 JUL 2012

Hacienda ha focalizado con claridad sus objetivos en el País Vasco, que vienen a coincidir con buena parte de los sectores más afectados por la actual coyuntura económica tan adversa. Así, 3 colectivos sociales van a añadir una preocupación más a los efectos directos de la crisis. Según datos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, Hacienda estaría vigilando de cerca a parados, divorciados y empresas en crisis. 

En concreto, se trata de hasta 88.523 casos.

En base a un documento con el que trabajan los técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) y que ha podido conocer este periódico, la cifra de expedientes sometidos a vigilancia representaría un 5,18% más que en 2009, 1 año después de que estallara la crisis. En opinión del secretario general de GESTHA, José María Mollinedo, “la mala coyuntura económica y los recortes del Ejecutivo están produciendo situaciones ciertamente disparatadas con la Hacienda Pública que en lugar de cambiar su modo de actuar para adaptarlo al nuevo escenario económico, sigue investigando a los colectivos más perjudicados en su economía y descuida otras vías de recaudación más eficaces y justas como la lucha contra la economía sumergida y los grandes defraudadores que dejan de declarar al año en Euskadi 13.500 millones de euros”. 
Para Mollinedo, “estamos ante una estrategia equivocada, injusta e ineficiente”.

Los técnicos sostienen en su estudio que se analiza la situación de la mayoría de los 82.820 desempleados vascos que cobraron en 2011 prestaciones por desempleo, así como a aquellos que percibieron más de 1.500 euros en el conjunto del año, normalmente sin retenciones. 
En estos casos, señalan que el límite para no estar obligado a declarar el Impuesto sobre la Renta baja a los 11.200 euros de ingresos íntegros, desde los 22.000 euros si hay sólo un pagador. Es en estos casos, donde más incremento se produce en el número de afectados respecto a 2009.
En concreto, en cuanto al índice de expedientes, la subida es de un 5,39% y, por territorios, Gipuzkoa lidera el incremento con un 42,82%, porcentaje que afectaría, por tanto, a 18.822 personas más.

Los defraudadores dejan de declarar 13.500 millones de euros al año

Pero en el informe elaborado por GESTHA se constata también que el seguimiento del Ministerio de Hacienda se amplía también a las 4.224 personas que han vivido en el último año un proceso de separación o divorcio en el País Vasco.
 “En ese escenario, en los casos en los que el principal bien de la pareja es la vivienda hipotecada, el cónyuge que se adjudica el inmueble solicita un préstamo para pagar a su expareja la mitad correspondiente y realizada esta liquidación, Hacienda considera que el ex cónyuge, que ha vendido la mitad, ha obtenido una ganancia patrimonial y le reclama entre un 19% y un 21%”, denuncian desde GESTHA. 
No obstante, se trata de un campo de investigación en el que al existir menos rupturas ha descendido el número de investigados, en este caso en un 6,77%.

Con este escenario de fondo sin embargo, los técnicos del Ministerio de Hacienda advierten de que estas situaciones no son exclusivas de las personas, también están afectando a 1.479 empresas. 
“Así, aquellas sociedades que entraron en proceso concursal en el País Vasco durante el año pasado padecen situaciones surrealistas en las que, en caso de llegar a un acuerdo con quita a los acreedores, ya que se supone que no puede pagar, Hacienda le imputa un beneficio a distribuir en varios ejercicios que tributará en el Impuesto sobre Sociedades”, explica el secretario general de GESTHA, José María Mollinedo.

En este ámbito se registra un aumento del 29,41% respecto a 2009 y se reproduce en las daciones en pago de deudas y en las disoluciones societarias provocadas por una insolvencia definitiva. 
En este terreno, es Bizkaia donde más subida se registra con un 38.14% y 301 vigilados más. “Y no son hechos aislados. Mucho nos tememos que la tendencia va a ir a más en los próximos años, sobre todo en este último caso de empresas que entren en concurso de acreedores”, concluye Mollinedo. 
No obstante, según el informe de GESTHA, el País Vasco se situaría lejos de las cifras de Andalucía donde Hacienda tendría bajo su lupa a 560.000 personas o Cataluña donde el dato se sitúa en torno a los 441.000.