El Congreso aprueba la Ley de Mediación para reducir la carga de los juzgados.
El Pleno del Congreso ha aprobado hoy definitivamente el proyecto de Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, que introduce nuevos mecanismos para la resolución de conflictos sin necesidad de acudir a los tribunales, con el objetivo de descargar de trabajo a los juzgados y agilizar los procesos.
Madrid, EFE 28 de junio de 2012|Que.es/
La nueva ley pone a disposición de los ciudadanos nuevos
sistemas de mediación en el ámbito civil y mercantil, aunque quedan
excluidas la mediación penal, la laboral, la de consumo y con las
Administraciones Públicas, que se basan en la voluntariedad y libre
decisión de las partes.
La iniciativa se ha aprobado finalmente con las enmiendas introducidas en el Senado, la mayoría encaminadas a interpretaciones restrictivas de la posibilidad de acudir a la mediación en otros ámbitos y reforzar el cumplimiento del requisito de la formación de los mediadores, entre otros.
El proyecto contempla que las actuaciones de mediación puedan llevarse a cabo por medios electrónicos, videoconferencia u otra forma de transmisión de la voz o la imagen.
Las reclamaciones que no excedan de 600 euros se desarrollarán preferentemente por estos medios y los procedimientos de mediación deberán garantizar la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad con la utilización del lenguaje de signos o el braille.
El texto final aprobado por el Congreso prevé que el Gobierno remita a las Cortes Generales, en el plazo de 2 años, un informe en el que se evalúen los efectos de las medidas previstas en esta ley.
También recoge también una enmienda a la Ley de Acceso a la Abogacía, que entró en vigor en noviembre, que exime a todos los licenciados en Derecho del máster de acceso que se exigirá a los graduados para colegiarse.
La iniciativa se ha aprobado finalmente con las enmiendas introducidas en el Senado, la mayoría encaminadas a interpretaciones restrictivas de la posibilidad de acudir a la mediación en otros ámbitos y reforzar el cumplimiento del requisito de la formación de los mediadores, entre otros.
El proyecto contempla que las actuaciones de mediación puedan llevarse a cabo por medios electrónicos, videoconferencia u otra forma de transmisión de la voz o la imagen.
Las reclamaciones que no excedan de 600 euros se desarrollarán preferentemente por estos medios y los procedimientos de mediación deberán garantizar la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad con la utilización del lenguaje de signos o el braille.
El texto final aprobado por el Congreso prevé que el Gobierno remita a las Cortes Generales, en el plazo de 2 años, un informe en el que se evalúen los efectos de las medidas previstas en esta ley.
También recoge también una enmienda a la Ley de Acceso a la Abogacía, que entró en vigor en noviembre, que exime a todos los licenciados en Derecho del máster de acceso que se exigirá a los graduados para colegiarse.
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