Los periodistas, mejor callados
Jan Martínez Ahrens
28 ENE 2012 El Pais.com
Vista su reacción, es evidente que el Poder Judicial hubiese preferido que no se publicase. Mejor el silencio que la información al ciudadano.
Mejor reunirse plenariamente para acusar de vejatoria la publicación de su propio informe que hacerlo para tratar con urgencia el caso de esta juez de la que un fiscal asegura que “confunde personas y delitos”.
Debería preguntarse el Consejo si es moralmente aceptable que un periodista en posesión de esta información no la publique, si acaso las dudas fundadas sobre la capacidad de la juez Cillán y su gobierno no son hechos de interés público que trascienden absolutamente el umbral de la intimidad.
¿Acaso no es ella misma una funcionaria con unos poderes extraordinarios y que lleva una de las causas más graves de la historia de la democracia?
¿No es relevante para la ciudadanía saber lo que dicen los fiscales y funcionarios que tratan con ella en el ámbito de su trabajo público?
¿No es obligación de la Administración rendir cuentas sobre el cumplimiento escrupuloso de las normas por parte de los jueces?
Así sería en un país donde el Poder Judicial situase el interés del ciudadano por encima del suyo propio. Que cada uno juzgue si esto ocurre en España.
El Consejo General del Poder Judicial no pierde ocasión para
corroborar lo que todos sabemos desde hace años, que es un organismo
altamente politizado, endogámico y de piel finísima, incapaz de acometer
su principal tarea: poner orden en el guirigay que es la justicia en
España.
Esta misma semana, coincidiendo con el anuncio del ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de devolver a los jueces la capacidad para elegir a la mayoría del Consejo General del Poder Judicial
(una medida que ya defendió su padre hace 27 años), los vocales del
organismo, en reunión plenaria, han salido unánimemente en apoyo de la
magistrada Coro Cillán García de Iturrospe y han condenado las
“vejatorias” informaciones que, en su opinión, “afectan gravemente al
derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y a la propia
imagen”.
Para quien ande despistado, hay que recordar que Cillán es la titular
del Juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid que ahora dirige la
reapertura de facto del caso del 11-M, el mayor atentado terrorista de
la historia de España.
Un asunto que, sea cual sea su desenlace,
requiere por parte del instructor del más alto grado de competencia.
Las
veleidades de esta nueva investigación, así como las andanzas de Cillán
en otros juzgados, bien valdrían una historia aparte.
Baste recordar
que ya fue sancionada en 1999, en 2002 y en 2003 por retrasos
injustificados y graves cuando estaba destinada en la Audiencia de
Gipuzkoa, llegando a pedir en uno de los casos el fiscal y el instructor
del expediente su expulsión de la carrera.
Para no desviar el tiro, me referiré solo a la información publicada en estas páginas el domingo pasado bajo el título "Inestable para juzgar".
En ella se daba cuenta de que la Inspección del Poder Judicial ha
abierto ahora un expediente disciplinario contra Cillán por 3 faltas
muy graves en la tramitación de una causa que no tiene que ver con el
11-M, sino con el precinto de una sala de fiestas de Madrid, y que ponen
de manifiesto posibles arbitrariedades en sus decisiones, entre ellas
nombrar a su supuesto “novio” administrador de la discoteca intervenida
(con un sueldo de 2.500 euros) tras intentarlo con un supuesto “amigo”
(sueldo de 18.000 euros).
La investigación judicial revela asimismo que
1 secretaria y 2 fiscales del juzgado atribuyen a Cillán actuar bajo
la ingesta de bebidas alcohólicas que transforman en “irascible” su
conducta y le llevan incluso a “confundir personas y delitos”.
La información parte del expediente del propio Consejo. Vista su reacción, es evidente que el Poder Judicial hubiese preferido que no se publicase. Mejor el silencio que la información al ciudadano.
Mejor reunirse plenariamente para acusar de vejatoria la publicación de su propio informe que hacerlo para tratar con urgencia el caso de esta juez de la que un fiscal asegura que “confunde personas y delitos”.
Debería preguntarse el Consejo si es moralmente aceptable que un periodista en posesión de esta información no la publique, si acaso las dudas fundadas sobre la capacidad de la juez Cillán y su gobierno no son hechos de interés público que trascienden absolutamente el umbral de la intimidad.
¿Acaso no es ella misma una funcionaria con unos poderes extraordinarios y que lleva una de las causas más graves de la historia de la democracia?
¿No es relevante para la ciudadanía saber lo que dicen los fiscales y funcionarios que tratan con ella en el ámbito de su trabajo público?
¿No es obligación de la Administración rendir cuentas sobre el cumplimiento escrupuloso de las normas por parte de los jueces?
Así sería en un país donde el Poder Judicial situase el interés del ciudadano por encima del suyo propio. Que cada uno juzgue si esto ocurre en España.
Mientras tanto, los periodistas cumpliremos con nuestro
deber: informar verazmente de los hechos que consideremos relevantes y
de interés público.
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