La Junta facilitará alquiler preferente en viviendas protegidas a las víctimas de malos tratos. Familia agilizará con Fomento el acceso a la VPO y tramitará, si es necesario, la Renta Garantizada de Ciudadanía
Un techo y, si es necesario, sustento económico para normalizar una vida marcada por los golpes y las amenazas.
Las mujeres víctimas de violencia machista en Castilla y León tendrán un acceso preferente a las vivienda protegidas en régimen de alquiler que gestiona la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
Se trata de una medida que empezará a funcionar de manera inmediata y que persigue facilitar a las víctimas rehacer su vida y la de niños (o ancianos) que tengan a su cargo.
«Es un recurso más para facilitar la emancipación y la vuelta a la normalidad», explica la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos.
El coste mensual de estas viviendas se sitúa en el entorno de los 200 euros.
Estas alojamientos de alquiler se encuentran al final de una cadena de atención que se inicia cuando alguien pide ayuda, con una actuación de urgencia o de acogida en la red autonómica de centros de emergencia, casas o pisos tutelados.
El acceso a la vivienda de alquiler se producirá, según explica Marcos, cuando las víctimas esté «psicológicamente preparada» para soltar amarras de la tutela pública y retomar con su vida.
La falta de trabajo o el contar con uno que solo dé lugar a pequeños ingresos no será una cortapisa para acceder a estos pisos públicos de alquiler ventajoso.
A aquellas personas que reciban el visto bueno del personal de Familia para dar un paso hacia su emancipación y carezcan de independencia económica se les va a tramitar la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Es el salario autonómico contra la pobreza con el que más de 6.200 familias perciben una media de 537 euros para poder cubrir sus necesidades básicas.
La cuantía de la Renta, que se puso en marcha como un derecho básico de los ciudadanos de Castilla y León y que se puede solicitar desde enero de 2011, oscila entre 426 y 692,26 euros mensuales, en función del número de personas que formen la familia.
Para afrontar situaciones de apuro económico por compromisos concretos de pago podrán acceder a ayudas de emergencia.
La cuantía y las condiciones rebasan de largo las subvenciones económicas exclusivamente orientadas a víctimas de malos tratos.
Milagros Marcos destaca el apoyo que supone la tramitación impulsada desde la propia consejería, y de forma simultánea, del alquiler de la vivienda protegida y de la renta, del techo y del sustento, para facilitar al máximo esa normalización de vida.
«Todos los trámites se llevarán a cabo con la discreción y el rigor que exige tratar con personas que se ven obligadas en muchas ocasiones a salir y aislarse de su entorno», añade la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.
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