Uso fraudulento de la ley de violencia de género

 Uso fraudulento de la ley de violencia de género.

ALBERTO TRAVÉ   Sábado 04 de febrero de 2012
Hace unos días pude leer en este diario, un artículo dirigido al Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, D. Vicente Magro, sobre la disparidad de criterios judiciales que se dan sobre un mismo asunto o litigio que se dilucide en nuestros tribunales. 
Se hablaba de despistes, sentencias cargadas de ideologías personales o políticas, errores judiciales puros y duros, puestos de manifiestos en sentencias que no se sostienen. 
En definitiva, asuntos que se resuelven de una manera u otra, dependiendo del Juez que toque en suerte.
 
Pues bien, en un asunto como el de la "violencia de género" o mejor dicho, violencia familiar o doméstica, al que hay que sumar hoy la carga de una fuerte presión social, política y mediática, comentada en todos los foros, me pregunto señores qué podemos esperar de jueces y fiscales en estos procesos. 
La respuesta es inmediata: no existe presunción de inocencia, todos los hombres son culpables y han de probar que no han cometido delito alguno.
Esta situación se agrava más todavía cuando hay menores por medio. 
Y es que hace unos meses, se aprobó en la Comunidad Valenciana la Ley 5/2011, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, conocida como Ley Valenciana de Custodia Compartida. 

Esta Ley pretende que en caso de separación o divorcio, los hijos mantengan lazos afectivos y relaciones personales continuas con ambos progenitores, en igualdad de condiciones.
He aquí la cuestión, como ya advirtió hace unos meses en una charla la jueza de Familia de Elche.
Y es que, desde la entrada en vigor de la Ley comentada anteriormente, algunas madres están haciendo un uso fraudulento de la Ley Integral contra la Violencia de Genero, denunciando falsamente por malos tratos al padre de sus hijos, solo por el hecho de evitar la custodia compartida. 
Con lo que ello conlleva, no solo faltar el respecto de las mujeres que realmente están siendo maltratadas, sino también provocar la detención inmediata del padre, teniendo que abandonar este el domicilio familiar y sus hijos. 

Y pesando sobre él desde ese mismo momento una orden de alejamiento que puede durar muchos meses, sin ni siquiera haber sido juzgado.
Díganme ustedes si no nos encontramos ante un disparate nacional, que tiene por finalidad conseguir desde el mismo momento de la denuncia falsa, que la madre salga beneficiada en el proceso de divorcio (los niños, la vivienda, la pensión, etc. ). 
 
Además, por regla general, estas madres continúan fomentando una mala relación, buscando el conflicto e incrementando la litigiosidad, implicando y perjudicando a los menores inevitablemente. 
Solo por el hecho de salir beneficiadas, a pesar de ser las infractoras, pero saben que fomentar la mala relación, les aventaja, alarga el proceso y por tanto mantiene al padre en una situación nefasta. 
Sobre todo porque la orden de alejamiento que se impone de forma sistemática, hace que la custodia compartida no se pueda llevar a cabo. 
 
Díganme ustedes, ¿no pagan estos hombres una condena antes de ser juzgados? Evidentemente sí, y el motivo de la condena es que quieren ejercer como padres. 
¿No tienen estos menores derecho a criarse en igualdad, con su mamá y con su papá?
¿No es injusto que desde el primer momento se condene a un inocente? 
Del tremendo daño que a estos padres y sus familias se les causa, nadie será capaz de compensarles. 
Estos hombres salen a la calle con un miedo atroz ante el poder que demuestran sus ex cónyuges. 
 
Señor Magro, está muy bien todo lo que usted ha hecho en favor de las mujeres maltratadas y que este diario le entregue próximamente un premio por su labor. 
Pero desde aquí le suplicamos que haga también algo por los hombres y los menores que son víctimas, y que están siendo también maltratados por el uso torticero de esta Ley. 
Estudien caso por caso, no pueden pagar justos por pecadores, hagan algo ya, estamos viviendo un infierno.