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El coste de la Justicia; por Arturo Muñoz Aranguren, Abogado.
El día 31 de enero de 2012, se ha publicado, en el diario Expansión, un artículo de Arturo Muñoz Aranguren, en el cual el autor opina sobre la revisión de las tasas judiciales. Trascribimos íntegramente dicho artículo.
EL COSTE DE LA JUSTICIAEl ministro de Justicia se plantea una revisión de las tasas judiciales ya vigentes, con el fin de neutralizar los abusos que se producen en el acceso los tribunales.
No le falta razón al ministro: según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondientes a 2008, el nº de asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes en España se acercó a 200; "mientras que en Francia no superó los 120.
La instauración de una tasa judicial no es una novedad.
La Ley 53/2002 re-introdujo las tasas -aplicables a civil y contencioso-, pero sólo para medianas y grandes empresas.
Y su cuantía nunca podría exceder de 6.600 euros, por lo que tenían una finalidad más disuasoria que financiadora.
Estuvieron vigentes durante casi 30 años las tasas judiciales aprobadas por un Decreto de 1959, siendo suprimidas por la Ley 25/1986.
Cabe preguntarse si la generalización de las tasas para todos los litigantes -para todas las jurisdicciones, salvo la penal, con exclusión de los favorecidos por la justicia gratuita-, es admisible.
A mi juicio, la respuesta debe ser afirmativa, ya que con arreglo a la doctrina del Constitucional el contenido esencial del derecho garantizado por el art 119 sólo obliga a que la justicia sea gratuita para las personas físicas que carezcan de recursos para litigar (STC117/1998).
Sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que no se vulnera el derecho a un Tribunal por el establecimiento de limitaciones económicas (asunto Kreuz v. Polonia).
Pero el TEDH precisa que, para que las limitaciones económicas no vulneren el derecho, deben "perseguir un fin legítimo y exista una razonable relación de proporcionalidad entre los medios y el fin".
Parece indudable que la tasa judicial tiene una finalidad legítima: financiar un servicio público. Lo más conflictivo será la fijación de cuantías.
El legislador deberá hilar fino: el diablo estará en los detalles.
Es mas que anecdótico que todos hablan de divorcio, separaciones, algo así como un mercadillo de carne humana donde se compra vende o alquila ? pese a que los políticos cosa entendible lo hacen por puro acceso al voto y son capaces de sacar hasta la bigamia con tal de conseguir un puñado de votos , nadie se preocupe del gran damnificado el verdadero perdedor, al que se le parte la vida en dos mitades = l os hijos, ¿ no valdría la pena menos leyes y mas preocuparse por los hijos sobre todo en edad infantil ??
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