Aragón: colapsados los Juzgados de Familia por la custodia compartida

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Justicia sacará a concurso plazas de psicólogo con objetivos anuales.                                                La empresa adjudicataria deberá garantizar un mínimo de informes anuales.  Mantendrá el año que viene los refuerzos en 6 juzgados aragoneses.

Tomasa Hernández. 

E. BAYONA 30/12/2011

La Dirección General de Administración de Justicia tiene previsto aplicar el año que viene una fórmula nada habitual para garantizar el refuerzo de los colapsados juzgados de Familia de Zaragoza y, al mismo tiempo, cumplir las directrices del Departamento de Hacienda, contrarias a ampliar las plantillas.

El Departamento de Presidencia y Justicia --del que depende la dirección general, gestionada por Tomasa Hernández-- tiene previsto sacar a concurso a comienzos del año que viene un convenio por el que una empresa privada cubrirá 2 plazas de psicólogo que se integrarán en los equipos técnicos que asisten a los juzgados de Familia.

Estos tribunales se han visto desbordados por las demandas de revisión de medidas generada por la Ley de Custodia Compartida, la cual, al añadirse al trabajo ordinario, ha disparado la demanda de informes psicológicos hasta hacer que los juicios acumulen un retraso de 8 meses.  

La elaboración de esos documentos, fundamentales para que los jueces decidan qué cónyuge debe hacerse cargo de los niños, recae en 2 equipos integrados cada 1 de ellos por 3 psicólogas y 1 trabajadora social. 

2 de las primeras --1 por grupo-- se incorporaron el pasado otoño como refuerzo hasta final de año.

MANTENER.

Presidencia y Justicia quiere mantener esas 2 plazas de refuerzo, aunque las restricciones de plantilla hacen imposible renovarlas mientras no se amorticen otras --ya sea por jubilación o por otros motivos--, explicaron fuentes de la consejería, cuyos responsables han optado por la fórmula del convenio para cubrirlas mientras no les sea posible crear los puestos.

El contrato, que tendrá una duración de 2 años, está pendiente del visto bueno de la Intervención para salir a concurso.

En ese acuerdo es donde la consejería introducirá el requisito de los objetivos de producción. La empresa adjudicataria deberá garantizar la elaboración de un número determinado de informes, que, en principio, se situará en torno a los 120 anuales por facultativa. 

Ese volumen de trabajo es notablemente superior al que soportan los actuales equipos, que es de alrededor de 70 documentos por especialista al cabo del ejercicio.

Por otro lado, Justicia prevé mantener el año que viene los funcionarios de refuerzo que tiene asignados a los 2 juzgados de lo Mercantil de Zaragoza y el mixto que asume esa jurisdicción en Huesca, así como en los 2 tribunales de Alcañiz --1 plaza de medio año de duración en cada uno--. 

Mantendrá el juzgado bis en el Penal de Huesca y creará un grupo de empleados que actualizará los datos de los 9 juzgados de lo Penal de la capital aragonesa.