http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/2011-12-07/upyd-propone-eliminar-el-organo-del-defensor-del-menor/2011120712333800252.html
UPyD propone eliminar el órgano del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid. También quiere suprimir la Agencia de Protección de Datos y el Consejo Económico y Social. UGT-Madrid reclama a UPyD que desarrolle una acción política que sea “concordante con los mensajes de su campaña electoral”.
| 07 Diciembre 2011
En una enmienda presentada al proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2012, UPyD propone la eliminación en la Comunidad de Madrid del Defensor del Menor; la Agencia de Protección de datos y el Consejo Económico y Social.
Para UGT-Madrid “resulta preocupante que una formación política con presencia en el Parlamento Regional, que se autodenomina ‘unión, progreso y democracia’, ignore derechos fundamentales de las personas regulados con rango constitucional, sobre los que posteriormente profundiza el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, como son: los del niño, los de honor e intimidad de las personas y el de participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
Respecto del Defensor del Menor, el sindicato asegura que la regulación de la Institución ha sido una aspiración de todos los sectores de la sociedad preocupados por dar una mayor seguridad jurídica al desarrollo de los intereses y participación social de las personas menores de edad.
Desde la aprobación por Naciones Unidas, del texto de la Convención de Derechos del Niño en 1989, distintos núcleos doctrinales y profesionales han señalado la importancia de buscar y articular garantías para el real y efectivo ejercicio de tales derechos.
En cuanto a la Agencia de Protección de Datos, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece un conjunto de medidas para garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.
Entre esas medidas contempla la existencia de la Agencia de Protección de Datos, a la que corresponde, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de la legislación de protección de datos y controlar su aplicación.
En relación con el Consejo Económico y Social, UGT-Madrid recuerda que la Constitución del 78, en el artículo 131. 2, establece que “el Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las comunidades autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por Ley.”
Al mismo tiempo, el artículo 7 dice que “los sindicatos de trabajadores y las asociaciones de empresarios contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”.
En base a estos preceptos constitucionales y también, a los aspectos competenciales recogidos en el título VIII de la Constitución, donde figuran competencias legislativas propias, compartidas y cedidas a las comunidades autónomas; es decir, la capacidad de dictar leyes y decretos dentro del marco de sus competencias, es por lo que la Comunidad de Madrid crea el Consejo Económico y Social.
Por todo ello, UGT-Madrid reclama a UPyD que “desarrolle una acción política que sea concordante con los mensajes de su campaña electoral; que no confunda a la opinión pública con medidas económicas populistas que en la práctica reducen derechos de ciudadanía y, finalmente, realice una reflexión más seria de su acción política respecto al contenido de normas y derechos fundamentales que articulan la convivencia en una sociedad democrática”.
Para UGT-Madrid “resulta preocupante que una formación política con presencia en el Parlamento Regional, que se autodenomina ‘unión, progreso y democracia’, ignore derechos fundamentales de las personas regulados con rango constitucional, sobre los que posteriormente profundiza el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, como son: los del niño, los de honor e intimidad de las personas y el de participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
Respecto del Defensor del Menor, el sindicato asegura que la regulación de la Institución ha sido una aspiración de todos los sectores de la sociedad preocupados por dar una mayor seguridad jurídica al desarrollo de los intereses y participación social de las personas menores de edad.
Desde la aprobación por Naciones Unidas, del texto de la Convención de Derechos del Niño en 1989, distintos núcleos doctrinales y profesionales han señalado la importancia de buscar y articular garantías para el real y efectivo ejercicio de tales derechos.
En cuanto a la Agencia de Protección de Datos, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece un conjunto de medidas para garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.
Entre esas medidas contempla la existencia de la Agencia de Protección de Datos, a la que corresponde, entre otras funciones, velar por el cumplimiento de la legislación de protección de datos y controlar su aplicación.
En relación con el Consejo Económico y Social, UGT-Madrid recuerda que la Constitución del 78, en el artículo 131. 2, establece que “el Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las comunidades autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por Ley.”
Al mismo tiempo, el artículo 7 dice que “los sindicatos de trabajadores y las asociaciones de empresarios contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”.
En base a estos preceptos constitucionales y también, a los aspectos competenciales recogidos en el título VIII de la Constitución, donde figuran competencias legislativas propias, compartidas y cedidas a las comunidades autónomas; es decir, la capacidad de dictar leyes y decretos dentro del marco de sus competencias, es por lo que la Comunidad de Madrid crea el Consejo Económico y Social.
Por todo ello, UGT-Madrid reclama a UPyD que “desarrolle una acción política que sea concordante con los mensajes de su campaña electoral; que no confunda a la opinión pública con medidas económicas populistas que en la práctica reducen derechos de ciudadanía y, finalmente, realice una reflexión más seria de su acción política respecto al contenido de normas y derechos fundamentales que articulan la convivencia en una sociedad democrática”.
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