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El Defensor del Pueblo amplía el derecho al turno de oficio. Los letrados de la justicia gratuita podrán atender a los inmigrantes sin papeles.
Lola Fernández - Madrid - 30/12/2011
El turno de oficio aumentó en 2012 el espectro de personas a las que está obligado a atender gracias a la iniciativa de la Oficina del Defensor del Pueblo.
En varias ocasiones, la Abogacía del Estado había impugnado el reconocimiento de este derecho a extranjeros que se encontraban en situación de irregularidad, lo que dejaba desprotegidos jurídicamente a uno de los colectivos más desfavorecidos por la crisis. Ante este problema, el Defensor del Pueblo decidió actuar en este último año.
La institución, dependiente de María Luisa Cava de Llano, formuló entonces una recomendación a la Secretaría de Estado de Justicia.
La Secretaría, a su vez, solicitó mediante una instrucción a todas las comisiones de asistencia jurídica gratuita, que están integradas por comunidades autónomas, colegios profesionales y el propio Estado en donde no se han delegado las competencias de Justicia, que los abogados del turno de oficio asistieran a los inmigrantes sin papeles.
El Defensor también recomendó que los inmigrantes pudieran acreditar su falta de recursos por vías alternativas.
Sin embargo, este no ha sido el único asunto de justicia que ha tratado el Defensor del Pueblo en el informe sobre recomendaciones y sugerencias de 2011, donde se realizaron 534 resoluciones, 86 más que el año anterior.
De hecho, se abrieron "varias investigaciones" para analizar la lentitud de los procesos judiciales ante el aumento de quejas por parte de los ciudadanos, aunque el Defensor no ha concluido todavía nada al respecto.
Tampoco tuvo un gran éxito la recomendación de la institución para reformar el Código Penal y reforzar las penas de quienes hicieran "uso irresponsable del dinero público por parte de autoridades y funcionarios".
La petición al exministro Francisco Caamaño para que estudiase reforzar las penas por corrupción, contó con la negativa del jefe de gabinete del ministro, quien la rechazó aludiendo, entre otros motivos, que "el despilfarro ya está suficientemente recogido por el Código Penal, mediante los artículos 432, 433 y 434, que castigan los delitos de malversación de caudales públicos".
El Defensor abogaba en su escrito por que "las conductas particularmente graves tuvieran una específica respuesta penal" y solicitaba para estas prácticas "la inhabilitación para cargo o función pública".
La petición se justificaba en el amplio reproche social que merecen este tipo de conductas y en el convencimiento de que el rigor en el tratamiento del uso de los fondos públicos "debe ser superior al del tratamiento del uso de los fondos privados por particulares".
Con más éxito, sin embargo, se cerró la actuación del Defensor del Pueblo para reforma la ley de extranjería Ley Orgánica 10/2011, que permitió que cualquier ciudadana extranjera en situación irregular, víctima de violencia de género, pueda acudir a la policía a denunciar, sin miedo a que se inicie un expediente de expulsión en su contra.
En el caso menores extranjeros, la Oficina del Defensor del Pueblo ha conseguido su derecho "a ser oídos en el procedimiento de expatriación", gracias a una recomendación de 2005.
La institución considera que resulta urgente seguir avanzando en la racionalización y mejora de todos los procedimientos administrativos que tienen que ver con la extranjería.
Desde su punto de vista, "la inaceptable demora que han de seguir soportando los ciudadanos extranjeros en su relación con la Administración ha de ser abordada de manera decidida".
En esa misma línea, la situación cercana al colapso que soporta el Registro Civil Central, que afecta también a ciudadanos españoles, ha de atajarse de manera inmediata.
En varias ocasiones, la Abogacía del Estado había impugnado el reconocimiento de este derecho a extranjeros que se encontraban en situación de irregularidad, lo que dejaba desprotegidos jurídicamente a uno de los colectivos más desfavorecidos por la crisis. Ante este problema, el Defensor del Pueblo decidió actuar en este último año.
La institución, dependiente de María Luisa Cava de Llano, formuló entonces una recomendación a la Secretaría de Estado de Justicia.
La Secretaría, a su vez, solicitó mediante una instrucción a todas las comisiones de asistencia jurídica gratuita, que están integradas por comunidades autónomas, colegios profesionales y el propio Estado en donde no se han delegado las competencias de Justicia, que los abogados del turno de oficio asistieran a los inmigrantes sin papeles.
El Defensor también recomendó que los inmigrantes pudieran acreditar su falta de recursos por vías alternativas.
Sin embargo, este no ha sido el único asunto de justicia que ha tratado el Defensor del Pueblo en el informe sobre recomendaciones y sugerencias de 2011, donde se realizaron 534 resoluciones, 86 más que el año anterior.
De hecho, se abrieron "varias investigaciones" para analizar la lentitud de los procesos judiciales ante el aumento de quejas por parte de los ciudadanos, aunque el Defensor no ha concluido todavía nada al respecto.
Tampoco tuvo un gran éxito la recomendación de la institución para reformar el Código Penal y reforzar las penas de quienes hicieran "uso irresponsable del dinero público por parte de autoridades y funcionarios".
La petición al exministro Francisco Caamaño para que estudiase reforzar las penas por corrupción, contó con la negativa del jefe de gabinete del ministro, quien la rechazó aludiendo, entre otros motivos, que "el despilfarro ya está suficientemente recogido por el Código Penal, mediante los artículos 432, 433 y 434, que castigan los delitos de malversación de caudales públicos".
El Defensor abogaba en su escrito por que "las conductas particularmente graves tuvieran una específica respuesta penal" y solicitaba para estas prácticas "la inhabilitación para cargo o función pública".
La petición se justificaba en el amplio reproche social que merecen este tipo de conductas y en el convencimiento de que el rigor en el tratamiento del uso de los fondos públicos "debe ser superior al del tratamiento del uso de los fondos privados por particulares".
Con más éxito, sin embargo, se cerró la actuación del Defensor del Pueblo para reforma la ley de extranjería Ley Orgánica 10/2011, que permitió que cualquier ciudadana extranjera en situación irregular, víctima de violencia de género, pueda acudir a la policía a denunciar, sin miedo a que se inicie un expediente de expulsión en su contra.
En el caso menores extranjeros, la Oficina del Defensor del Pueblo ha conseguido su derecho "a ser oídos en el procedimiento de expatriación", gracias a una recomendación de 2005.
La institución considera que resulta urgente seguir avanzando en la racionalización y mejora de todos los procedimientos administrativos que tienen que ver con la extranjería.
Desde su punto de vista, "la inaceptable demora que han de seguir soportando los ciudadanos extranjeros en su relación con la Administración ha de ser abordada de manera decidida".
En esa misma línea, la situación cercana al colapso que soporta el Registro Civil Central, que afecta también a ciudadanos españoles, ha de atajarse de manera inmediata.
Quejas y recomendaciones sobre asuntos profesionales
PROFESORES INTERINOS. En 2011, la Oficina del Defensor del Pueblo apreció que en varias comunidades autónomas, la gestión de la bolsa de interinos del cuerpo de maestros de educación primaria establecía una valoración en la que no se daba preferencia a quienes disponían de esa especialidad, algo que el Defensor investigó y denunció.MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS. El Defensor investigó de oficio en este ejercicio la atención médica y farmacéutica recibida por ciudadanos desplazados a otras comunidades autónomas. El Ministerio de Sanidad creó tras esto un grupo de atención a desplazados en el seno del Consejo Interterritorial de Salud para que realizaran un documento de consenso.
ESTUDIANTES. La oficina dirigida por María Luisa Cava de Llano se ocupó también de las demoras de estudios de máster o doctorados, y se formularon 3 recomendaciones a la Dirección General de Política Universitaria del Ministerio de Educación.
También se solicitó a todas las universidades que aplicaran los mismos criterios de nota media.
AUTÓNOMOS Y PROVEEDORES. Durante este año hubo un gran aumento de quejas por parte de pequeñas empresas, autónomos y proveedores por el impago de muchas administraciones públicas y empresas.
El Defensor está haciendo un seguimiento muy exhaustivo para conocer los términos de los contratos y el plan de pagos asociados.
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