El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer no recela del sistema, pero se queja de que los dispositivos fallan y las alarmas se disparan sin motivo movilizando a los cuerpos de seguridad
En julio del 2009 se firmaba el protocolo interministerial sobre las pulseras antimaltrato, en el que también participaba el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y 2 años después de que se hiciera público, el dispositivo no termina de cuajar.
Los jueces y la Fiscalía de La Rioja dudan de la eficacia de un sistema que falla muy a menudo y que trae de cabeza a la policía y al estamento judicial, que es, a la postre, el encargado de decretar esta medida preventiva, asociada al alejamiento y al destierro.
El también denominado brazalete multialarma para maltratadores nació con el objetivo de delatar al denunciado que incumpliera el alejamiento relacionado con la violencia de género y, por el momento, su implantación no deja de ser simbólica en numerosas comunidades autónomas.
De hecho, en el conjunto del país las pulseras en uso no alcanzan las 700 y de ellas, sólo tres están, en La Rioja.
«Hay pocas puestas no porque recelemos de la medida en sí, sino porque recelamos de su funcionamiento en ciudades pequeñas», sostiene el juez titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Logroño, Luis Miguel Rodríguez.
Uno de los dispositivos electrónicos se acordó para detectar el acercamiento a menos de la distancia que se ha fijado de un agresor a su víctima, que reside fuera de la capital riojana.
En este caso, el magistrado no duda de la eficacia de un mecanismo que sí hace aguas cuando ambos, la mujer y su agresor, viven en Logroño. Entonces «es más problemático».
Como ejemplo de lo infructuoso de este sistema en una ciudad pequeña, Luis Miguel Rodríguez detalla que si la víctima está paseando por la Gran Vía logroñesa y el maltratador se encuentra en El Espolón «la pulsera va a saltar y no sólo una vez, sino 28 veces y casi todas van a ser falsos positivos de tal forma que van a dar cuenta de que ha habido un acercamiento que no es real, posiblemente ni se han visto ni han tenido manera de evitarlo», apunta.
Además, cuando la aproximación no es voluntaria lógicamente no es delito.
Pese a todo, la policía y el Juzgado de Violencia deberán ser informados e intervenir en cada uno de los casos.
En estos supuestos su eficacia «es muy relativa» y por ello poco implantada ya que se trata de un mecanismo que ofrece la administración, pero son los jueces los que tienen la potestad de decidir si hacen uso de ella o no, de cara a mantener la medida principal que es el alejamiento.
Las críticas hacia los brazaletes también proceden de la Fiscalía riojana.
De hecho, en su memoria del 2010 califica de «fracaso» los dispositivos instalados en Logroño ya que «o bien fallan o saltan cuando ni siquiera se han visto víctima y agresor».
El resultado son constantes intervenciones policiales, acompañadas de detenciones y derivación al juzgado cuando en realidad no ha existido quebrantamiento de la medida.
La Fiscalía también aborda la inseguridad y miedo que estas falsas alarmas provocan en las víctimas. Un efecto que también han puesto sobre la mesa numerosos juzgados del país.
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