Hacia la Privatización de la Justicia: Aún más copago en la justicia

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Aún más copago en la justicia.
Los tribunales ya cobran al ciudadano por sus servicios.
Políticos y juristas discuten ahora los riesgos de elevar las tasas para agilizar trámites y evitar abusos.


JESÚS GARCÍA 12/08/2011

La sanidad, la educación... y ahora, la justicia.
Ni siquiera aparece en el diccionario, pero el término copago asoma la cabeza en un abanico cada vez más amplio de servicios públicos, considerados pilares de un Estado de Bienestar en deconstrucción.
Distintas voces de la política y la judicatura han solicitado estos días que los ciudadanos y las empresas sufraguen, con nuevas tasas específicas, parte de los costes de la onerosa máquina de la justicia.


"Hay otras formas de mejorar la eficacia", opinan algunos expertos.
Los detractores advierten del riesgo de limitar el acceso a la justicia.

"Hay personas que hacen un uso abusivo", sostiene un magistrado.

Aznar recuperó parte de las tasas, que aportaron 173 millones en 2010.


Por ahora, ni los profesionales del asunto ni los partidos políticos han definido un modelo. Pero la filosofía del copago se apoya en 2 fines:
1.- agilizar los pleitos -porque disuade a quienes hacen mal uso del servicio- y
2.- dar oxígeno al erario público en plena crisis.
Los detractores de una medida de tal calado recuerdan que el acceso a la justicia es un derecho fundamental. Y advierten de que levantar barreras económicas puede alejar de los tribunales a los más pobres.


El consejero de Justicia y Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, Jorge Cabré, abrió la veda a principios de semana al plantear que los usuarios de la justicia ("una minoría") paguen por ello una tasa extra.
"Es diferente de la educación o la sanidad, donde uno va a diario. Hay personas que jamás hacen uso de la justicia, es más bien excepcional".
Su conclusión fue que la iniciativa sería bien acogida por los afectados -"quien presenta un pleito quiere agilidad"- pero, también, por el conjunto de los ciudadanos.


Cabré se llevó 2 rapapolvos.
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, le enmendó la plana y tuvo que rectificar.
Y el portavoz del Gobierno, el socialista José Blanco, calificó la propuesta de "broma".
Más allá del cortoplacismo político, el problema de la financiación de la justicia aparece de forma periódica y preocupa a jueces, fiscales y expertos.
Como al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, que ve en el copago -puntual y con matices- una posible solución.


"La justicia es sensible y debe garantizarse, pero es muy cara. Debemos poner algún límite; no podemos pagar estas desproporciones", afirma Gimeno antes de recordar que un juicio oral cuesta a la administración una media de 1.400 euros.
Desde el punto de vista de un gestor, menos justificado está aún el dispendio que supone celebrar un juicio para resolver una demanda en la que están en juego, por ejemplo, 100 euros.


Son esas perversiones en el uso de la justicia las que deben erradicarse, razonan los defensores del copago.
Entre ellos se cuenta la asociación de jueces conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.
"Hay cientos de miles de personas y empresas que sostienen procedimientos, no porque crean que deben defender un derecho, sino para perturbar los derechos de otros. Hacen un uso abusivo", explica su portavoz, Pablo Llarena, que es también presidente de la Audiencia de Barcelona.


La justicia acarrea "un gasto atroz", añade Llarena.
El año pasado, el presupuesto aprobado por el total de las administraciones españolas para hacer funcionar los tribunales ascendió a 4.056 millones de euros, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Eso supone el 0,38% en relación con el PIB español.
Con el copago, plantea Llarena, los ciudadanos y empresas pagarían tasas en algunos procedimientos y evitarían, así, "acudir a los tribunales de forma irresponsable".


Visto desde ese prisma, el copago judicial consiste en abonar parte de lo que cuesta poner en movimiento el engranaje judicial, lo que incluye la amortización de edificios, equipamientos y personal.
No tiene nada que ver, pues, con la condena a costas, que es la obligación del perdedor de un juicio de pagar al abogado y al procurador de la parte contraria.


Las tasas judiciales tienen una larga historia.
Se impusieron en España en 1959 y entonces iban a parar, como complemento del sueldo, a los secretarios judiciales, que así "llegaban a cobrar más que los propios jueces", recuerda la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, María Moretó, sobre aquella época.
"Yo estaba en divorcios y, al final del proceso, la gente tenía que pagar una cantidad. Recuerdo que litigar era carísimo. Y la justicia era tan lenta como ahora", precisa Moretó, que se opone al copago porque "más que agilizar la justicia, limitaría el acceso a ella de todos los ciudadanos".
La presidenta cree que una medida así solo tendría "fines recaudatorios" y considera que "hay otras formas de agilizar la justicia".


Aquellas tasas franquistas, que se aplicaban en todos los órdenes jurisdiccionales -salvo en el social y, en algunos casos, en el penal- las suprimió el Gobierno de Felipe González en 1986 mediante una ley que apelaba, precisamente, al derecho constitucional a obtener la tutela judicial efectiva.
La norma recordaba que todos los ciudadanos deben obtener justicia "cualquiera que sea su situación económica o posición social".

Las tasas "resucitaron", en parte, con una nueva ley aprobada en 2002 por el Gobierno de José María Aznar.
Se rebautizaron con el eufemístico nombre de "tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional". Se aplican en dos órdenes (civil y contencioso-administrativo), únicamente a las personas jurídicas y solo a las que promueven procesos o interponen recursos.

Todo ello lo explica José Ramón Rodríguez Carbajo, abogado del Estado ante el Tribunal Supremo, en su artículo "El copago judicial", publicado este año en la revista Actualidad administrativa.
A finales de 2009, una nueva ley añadió la obligación de consignar un depósito para interponer recursos: 25 euros para un recurso de reposición y 50 euros cuando se recurre una sentencia civil ante la Audiencia Provincial.
Estas cantidades la abonan tanto personas físicas como jurídicas y lo hacen en 2 ámbitos: civil y contencioso-administrativo.
Si el recurrente gana el juicio, se le devuelve el importe que ha consignado.

La incorporación de cada vez más filtros monetarios ha dado lugar a un "copago disfrazado", en palabras de Víctor Moreno, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid.
"No hay justicia privada. Por lo tanto, el copago en este ámbito no se puede plantear en los mismos términos que en educación o sanidad, donde sí cabe la posibilidad de que las personas que se lo pueden permitir acudan al sector privado".
El catedrático considera que la supresión de tasas de 1986 fue "un hito en el avance del Estado de Bienestar, que ahora va atrás en todos los frentes".

Y duda de la finalidad del copago:
"Si sirve solo para recaudar, la justicia seguirá funcionando mal".
También sospecha de su espíritu:
"Uno va a la justicia porque no le queda más remedio. Incluso si le han puesto una simple multa y no está de acuerdo, deberá acudir a los tribunales".

La asociación Jueces para la Democracia añade que, aunque los bancos, empresas y personas con elevado patrimonio "no tendrían ningún problema en pagar las tasas", a los ciudadanos con rentas inferiores la medida "les disuadiría de la defensa de sus derechos, lo cual afectaría a un derecho fundamental".
La asociación cree que el copago, en cualquier ámbito, fomenta una visión "contraria a los principios esenciales del Estado social, democrático y de derecho".


En 2010, el Estado recaudó 173 millones con las tasas aprobadas en época de Aznar.
Una cifra que los valedores del copago ven insuficiente.
En especial, en un contexto económico de marcada caída de los ingresos.
La crisis también ha motivado un aumento del número de litigios, que a la postre ha puesto a algunos juzgados aún más al límite.
El mismo año ingresaron 9,3 millones de asuntos en los juzgados, una tasa de 198,8 por 1.000 habitantes. De ahí la necesidad, concluyen, de buscar fórmulas para sacar a la justicia del siglo XIX, donde, según no pocos operadores jurídicos, se halla anclada.

Dado que no existen propuestas detalladas sobre el copago, hay planteamientos para todos los gustos. El portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, afirma que se trata de extender las tasas ya existentes al resto de órdenes jurisdiccionales. Sexmero está convencido de que se mejoraría el servicio.
Y alerta de que el aumento de litigios y la necesidad de una justicia eficaz plantea un dilema: "O el Estado incrementa los presupuestos de Justicia o se establece una tasa".


El portavoz del Foro Judicial Independiente, Javier Varona, defiende la implantación de una tasa "simbólica", pero replica que sería difícil trasladarla a ámbitos como el social -que toca a los derechos laborales- o el penal, donde un ciudadano se puede jugar, que no es poco, vivir en libertad o ingresar en prisión.


Tampoco hay unidad de criterio al valorar si esas nuevas tasas extra deben soportarlas solamente las personas jurídicas -como ocurre con las de 2002- o también las personas físicas.
Los bancos, por ejemplo, son clientes habituales de los pleitos civiles y, gracias a sus potentes equipos de abogados, persiguen a morosos sin apenas esfuerzo.


El presidente de la Audiencia de Barcelona defiende que la tasa se aplique en esos casos, pero también sobre personas físicas cuando actúen de mala fe.
Esos ciudadanos deben soportar parte de lo que cuesta el proceso.
Pero, ¿hay forma de discernir si el perdedor de un juicio ha actuado para defender sus derechos o para aprovecharse de la justicia? Sí la hay, afirma Llarena:
"El juez puede decidir sobre ello en cada caso; si los argumentos son sostenibles, se le puede dispensar del pago".

El portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Julio Villarrubia, dibuja una 3ª vía.
"Parte de los costes se deben asumir en función del poder económico de cada cual". Villarrubia alude, sobre todo, a bancos y grandes empresas que "tienen todos los recursos y facilidades" para acceder a la justicia. Pero matiza que cualquier cambio debe decidirse por consenso y "respetando el principio de gratuidad general para los ciudadanos".
La medida debe servir, según Villarrubia, a un doble fin: recaudar y disuadir.

Los defensores del copago coinciden en 2 reflexiones.
Una, que el dinero obtenido de esta forma debe revertir en la mejora y la modernización de la justicia.
Y dos, que los beneficiarios de justicia gratuita quedan excluidos del copago.
En España, la justicia gratuita es un servicio financiado con fondos públicos, cuya gestión está encomendada a los abogados.
Tienen derecho a él las personas cuyos ingresos no superen, por unidad familiar, el doble del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) que, para 2011, es de 14.910,28 euros.


"Con la crisis, el copago es una propuesta que está en el aire. Pero es un tema que hay que mirar con lupa, porque hablamos del acceso de los ciudadanos a la justicia", afirma el presidente de la Comisión Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Luis Nieto.
El año pasado, la justicia gratuita costó al erario público 256 millones; la mayoría de ese dinero se destinó a cubrir el turno de oficio.
El gasto ha subido de forma espectacular en los últimos años, aunque en 2010 retrocedió un 4% "por el claro descenso de temas de extranjería", según Nieto.

La CGAE no cree que el aumento de litigios sea un argumento válido para defender el copago, ya que "son los propios políticos los que han aumentado legalmente, en los últimos años, el campo de aplicación de la justicia gratuita", subraya su presidente, Carlos Carnicer, en el informe anual de la entidad. "No creo que ningún político opine que es un privilegio que los más desfavorecidos tengan el derecho a defender sus derechos fundamentales", concluye.


Hay alternativas. Para agilizar la justicia y para reducir gastos.
Nieto cita la extensión del expediente electrónico, que acorta los trámites hasta en 40 días. En la misma línea se pronuncia Jueces por la Democracia:
"Hay otras formas de mejorar la justicia como:
a.- el impulso en la reforma de la oficina judicial,
b.- una gestión más adecuada de los recursos personales y materiales o
c.- una reducción de gastos superfluos".

Los partidos se muestran prudentes y, al margen del copago, abogan por soluciones de calado.
La portavoz adjunta de la Comisión de Justicia en el Congreso por el PP, Dolors Montserrat, cree que, antes de plantearse la creación de nuevas tasas, debe haber mejoras en otros ámbitos: "Hay que reorganizar, optimizar recursos, dotar a los tribunales de medios tecnológicos e implantar medidas procesales que disminuyan el colapso".
Montserrat propone que Hacienda, con su "potente maquinaria", se encargue de ejecutar las sentencias.
O que los procesos de menor calado, que "colapsan mucho el servicio", se puedan resolver por mediación "previa y obligatoria".
Montserrat también ve necesaria una reforma de la ley de justicia gratuita porque, con el modelo actual, "las personas que cobran unos 1.000 euros al mes tienen derecho a ella".
El baremo debería situarse, dice, en el umbral del salario mínimo.
También debe limitarse, sostiene, el alcance de la justicia gratuita y excluir, por ejemplo, los recursos a las multas de tráfico. En su apuesta por la pedagogía, la diputada del PP aboga por "decirle al ciudadano lo que ha costado el procedimiento" para que "se lo piense bien antes de acudir a los tribunales". "Hemos de valorar más la justicia", concluye.