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LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA: Los jueces denuncian fallos e ineficacia de la pulsera antimaltrato.
Los juristas sostienen que las alarmas se disparan sin que se acerque el inculpado.
El Gobierno admite que el sistema tiene errores, pero los considera un mal menor.
J. G. ALBALAT / ALBA G. LAGUNA .BARCELONA / MADRID.3.07.2011
En julio del 2009, el Gobierno presentó a bombo y platillo el sistema por medios telemáticos (GPS) de cumplimiento de las medidas de alejamiento en casos de violencia doméstica y sexista.
2 años después de que se hiciera público el protocolo sobre las pulseras antimaltrato –firmado también por el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía–, los jueces recelan a la hora de utilizar este sistema. ¿Por qué?
Según explican, los aparatos fallan y las alarmas se disparan sin motivo, a la vez que consideran que el método no es demasiado eficaz.
La implantación en Catalunya es casi simbólica (en la actualidad hay 24 mujeres protegidas por este mecanismo), por debajo de Madrid, Andalucía y Valencia.
El total de protegidas en España por vía telemática es de 676 personas.
El juez, en función de la disponibilidad de aparatos, es quien debe decidir que la medida cautelar de alejamiento, impuesta en casos de violencia doméstica o sexista, sea controlada mediante el sistema electrónico (el inculpado lleva un trasmisor y un localizador GPS, y la víctima, solo uno de estos últimos dispositivos).
El objetivo es la detección del agresor en la zona prohibida por la autoridad judicial.
Cuando esta situación se produce, se dispara la alarma y hay una comunicación inmediata con un centro de control, gestionado por una empresa privada, que avisa a la policía.
VÍCTIMAS ESTRESADAS .
«Es un mecanismo que no funciona bien. Las alertas se disparan mucho sin motivo y para las víctimas es muy estresante porque creen que el agresor está cerca y no es así. Las mujeres no se sienten seguras. En ocasiones saltan las alarmas porque la batería está baja, porque el GPS no tiene cobertura o por otros problemas técnicos. Otra cuestión es la posibilidad de que el imputado utilice un inhibidor», explica Francisca Verdejo, titular del un juzgado de violencia doméstica de Barcelona.
Ella no ha solicitado ninguna pulsera. En la ciudad de Barcelona solo un juez solicitó una y no ha repetido la experiencia.
Según la magistrada, el método, además, no está regulado procesalmente porque, entre otras cosas, no se puede imponer su uso.
Para esta jueza también es arriesgado que la alarma vaya a un centro de control de la empresa privada que gestiona el sistema y desde allí se avise a la policía, que debe trasladarse al lugar. Los minutos que pasan son esenciales para la seguridad de la víctima.
De ahí que muchos jueces catalanes consideren que es más eficaz la conexión directa de las víctimas con la policía a través de teléfonos móviles.
Los servicios sociales municipales y la Cruz Roja facilitan un servicio de teleasistencia. Reparten móviles con los que apretando una tecla se alerta al servicio de emergencia y a los Mossos d’Esquadra.
AJUSTE TÉCNICO.
El delegado del Gobierno para la violencia sexista, Miguel Lorente, admite que en ocasiones la alarma de las pulseras se dispara sin motivo.
«También ha sonado la del ministerio sin que ocurriera nada. Estoy contento de que suene, aunque falle, porque demuestra que cuando tenga que funcionar, funcionará. Si un dispositivo se dispara quizá necesita un ajuste», explica.
A pesar de ello, insiste en que el sistema debería aplicarse mucho más.
«La evolución es ascendente.Siempre que se introduce un avance tecnológico para afrontar un problema antiguo surgen voces críticas y dudas sobre si vale la pena», detalla.
Lorente recuerda que «la Administración pone los medios a disposición de los jueces, que son los que deciden si los usan. Ellos valoran el riesgo y las circunstancias de cada caso y si consideran que no debe emplearse, no se emplea».
«Está claro –añade– que interviene un elemento personal a la hora de decidir, lo que explica que en algunas zonas se utilice más la pulsera que en otras».
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