Proyecto Daphne: España debe mejorar la protección legal contra todo tipo de acoso

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España debe mejorar la protección contra el acoso y los matrimonios forzados, según informe de la UE


Barcelona, 13 may 2011(EFE).-
La legislación española debe mejorar la protección legal contra todo tipo de acoso, los matrimonios forzados y los abusos a menores cometidos u organizados por españoles en otros países, como el turismo sexual, según un informe que analiza para la UE la legislación y jurisprudencia de nuestro país.
Este informe, presentado hoy en rueda de prensa en Barcelona, forma parte de un amplio estudio legal de los 27 países de la Unión Europea elaborado en el marco del proyecto Daphne, para detectar similitudes y diferencias entre países en materia de violencia de género, contra la infancia y por razones de orientación sexual.



En España, la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Teresa Freixes, junto con un equipo de otros 4 expertos en Derecho, han sido los encargados de analizar la legislación del Estado español en estas materias.

Teresa Freixes, también experta de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ha explicado hoy en Barcelona en rueda de prensa que entre los aspectos positivos de España destaca la existencia de:
1.- la Ley Integral contra la Violencia de Género y
2.- los planes de atención de las comunidades autónomas,
3.- así como la orden de protección de las víctimas de este tipo de violencia.
También resalta la jurisprudencia, tanto de los tribunales ordinarios como del Tribunal Constitución, que "ha sido muy importante en la interpretación y aplicación de esta normativa".

En el apartado de deberes pendientes, la experta ha citado la necesidad de legislar sobre:
a.- el acoso en sentido general, que no está penalizado en España y sí en otros países europeos;
b.- los matrimonios forzados, que no se contemplan en el Código Penal como delito, y
c.- la extraterritorialidad de los delitos graves cometidos por españoles en otro país, como sería el caso del turismo sexual.

Otros puntos débiles de España son la no distinción entre el tráfico de personas con finalidades de explotación laboral o sexual y la consideración de víctimas de estas personas.

Sin esta consideración, en numerosas ocasiones queda impune el delito de tráfico de personas, ya que la víctima es repatriada o desaparece voluntariamente ante el temor a represalias de las mafias, ha argumentado Freixes.


Disponer de bases de datos más completas que permitan relacionar la del Consejo General del Poder Judicial con las de otros organismos autonómicos y las dificultades económicas que impiden la creación de tribunales especializados para juzgar delitos por violencia de genero son otros aspectos a mejorar en el Estado español.

La experta ha considerado que España, en materia de violencia de género "ha avanzado mucho" en los últimos años, pero sería necesario realizar una evaluación de las diferentes medidas para comprobar las debilidades del sistema y las mejoras necesarias.


El proyecto europeo ha sido gestionado por la organización Human European Consultancy y el equipo de coordinación de la investigación comprende investigadores de las universidades de Osnabrück (Alemania), Metropolitana de Londres (Reino Unido) y Tilburg (Holanda).

Este informe de ámbito europeo indica que todos los países de la UE han ratificado los principales textos de referencia del derecho internacional y destaca el papel que puede desarrollar la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, ahora que el Tratado de Lisboa le ha otorgado fuerza jurídica de tratado.



No obstante, constata una falta de visión integral sobre el tratamiento que han de recibir las víctimas de violencia e importantes diferencias entre países, por lo que se refiere a las regulaciones penales, tanto entre sí como respecto a su adecuación a los estándares internacionales.

Los expertos, ha dicho Freixes, abogan por mejorar estas diferentes regulaciones para no generar diferencias de trato desproporcionadas y garantizar una protección similar a las víctimas cuando se desplazan de un país a otro de la UE.