Los secretarios judiciales apoyan la entrega de la vivienda para saldar la hipoteca

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Los secretarios judiciales apoyan la entrega de la vivienda para saldar la hipoteca.
Afirman que la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 fue elaborada en un escenario financiero muy distinto al actual.


nuevatribuna.es/ 04 Abril 2011 
El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha mostrado su apoyo a las iniciativas legislativas que pretenden impulsar una reforma legal para permitir que la entrega de la vivienda sea suficiente para saldar la hipoteca, según informa el sindicato en un comunicado.
SISEJ se suma así a las diversas organizaciones ciudadanas que han llevado a las Cortes una Proposición de Ley para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en esta materia, presentada este mes por el Grupo Parlamentario Mixto.

El sindicato matiza que apoyan una reforma legal que permita al deudor, mediante la figura jurídica de la dación en pago, extinguir toda la deuda entregando el inmueble, siempre que su situación se considere de buena fe, originada por causas ajenas a su voluntad y cuando el valor de tasación del inmueble no exceda del total de la cantidad pendiente de pago.



SISEJ entiende que la crisis del sector financiero "no deben pagarla los ciudadanos” y mucho menos “cuando afecta a bienes esenciales como la vivienda".

La normativa vigente, contenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, fue elaborada en un escenario financiero muy distinto al actual y está concebida para que la entidad prestamista persiga al deudor hasta la satisfacción completa de la deuda, incrementada con el paso del tiempo, más allá de haberse subastado el inmueble que garantizaba la deuda, explica el sindicato.

"Esta regulación, sin embargo, no tiene en consideración la realidad socioeconómica ajena al deudor que origina en muchos casos la imposibilidad del pago", considera SISEJ.

Así, desde el sindicato se apoyan iniciativas como éstas con el objetivo de acercar la legislación civil sobre ejecución hipotecaria a los postulados del Estado social propugnado por la Constitución Española.