LA CUSTODIA COMPARTIDA SATURARÁ LOS JUZGADOS DE FAMILIA

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LA CUSTODIA COMPARTIDA SATURARÁ LOS JUZGADOS DE FAMILIA



03.04.11/Las Provincias

Los abogados y jueces prevén numerosas peticiones de modificación de medidas, mientras los informes psicosociales se retrasan hasta 8 meses.
Cada año los jueces resuelven multitud de casos de padres que no se ponen de acuerdo en la elección del colegio de los hijos.
Si en una encuesta se pregunta si se está a favor de la custodia compartida, las respuestas serán una mayoría abrumadora de SÍES.
Ahora bien, en la misma pregunta cuando se está inmerso en un divorcio o separación puede que el NO recorte muchísima distancia.
Lo que queda muy bien decirlo sin mayor compromiso, cambia radicalmente cuando se plantea en un juzgado.


La Ley de Relaciones Familiares de los Hijos Cuyos Progenitores No Conviven, conocida como de custodia compartida, será una realidad en semanas tras su aprobación en Les Corts. Todavía quedan en el aire las dudas sobre la constitucionalidad del texto al haber legislado la Generalitat en materia civil.
La Comunitat se convertirá presumiblemente en la 3ª autonomía, tras Aragón y Cataluña, en regular estos aspectos.
Y, en el horizonte, tanto jueces como abogados vislumbran consecuencias a corto y medio plazo.
Los despachos de familia ya están recibiendo numerosas consultas de padres que quieren solicitar la modificación de medidas, fundamentalmente para reclamar la custodia compartida, que con la nueva norma se sitúa como criterio general.
Pero también de madres que manifiestan su temor ante las consecuencias del cambio.


Esto se traducirá «durante los primeros meses» en una carga extra para los juzgados de familia, junto a los de violencia de género, que también llevan las rupturas cuando se presenta denuncia.
Se prevé un incremento de la modificación de medidas, tal y como explicó el presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia y responsable de esta área en el Colegio de Abogados, Isidro Niñerola.
El decano, Mariano Durán, lo da por hecho. «Claro que se van a saturar los juzgados».
Y no sólo por el incremento de estos procedimientos -que también- sino por la situación del gabinete psicosocial.
«Si antes tardaban de 2 a 3 meses en preparar un informe ahora la espera llega a ser de 8». Estas evaluaciones son básicas para los jueces a la hora de acordar un régimen de visitas que, en ningún caso, pueda perjudicar al menor, principal interés en estos asuntos.


El juez decano, Pedro Viguer, ya se ha puesto en contacto con la Dirección General de Justicia para que aporten alguna solución al problema tras las repetidas quejas de los titulares de los juzgados de familia, hartos de esta situación.

La cuestión problema se ha trasladado a la Sala de Gobierno para forzar una respuesta de la Conselleria.
En principio, parece que el refuerzo sería de un psicólogo. Insuficiente.
Y más ahora, continúa el decano, teniendo en cuenta «el aluvión de asuntos que llegarán a los juzgados de familia».
De manera ilustrativa define estos informes «como la gasolina de este tipo de procesos»


Existen 4 juzgados de violencia sobre la mujer en Valencia, órganos que que también llevan las rupturas en las que media denuncia.
Herminia Rangel, titular del juzgado nº 3 de Violencia sobre la mujer, ya augura «que surgirán muchas modificaciones». Caso aparte es que sean finalmente aceptadas.
La decisión final siempre es del juez, pero como todo habrá que estudiarlas.
Rangel calcula que la modificación de medidas se puede incrementar alrededor de un 20% más de lo habitual a raíz de la entrada de la nueva ley.
Anticipa otro dato fundamental, este más a medio plazo. «Un incremento de la litigiosidad» entre las parejas. No parece que los jueces crean que la nueva ley reducirá las disputas.
Hay que tener en cuenta que durante los últimos años, en la Comunitat, más de 12.000 personas han puesto punto y final a su relación.


Rangel aporta un dato y una reflexión.
«Cada año, los jueces tenemos que resolver decenas de casos de padres que no se ponen de acuerdo a la hora de elegir el colegio de su hijo o porque quieren cambiarlo de centro».
Y no es que la disputa esté entre uno concertado y uno público, por poner un ejemplo.
El absurdo llega a incluso a la discrepancia entre 2 colegios religiosos.
Estas cuestiones, que giran alrededor de la patria potestad ya generan disputas.
«Y esto son cuestiones esenciales, básicas. Imaginemos las disputas que pueden surgir en estas parejas a la hora de gestionar el día a día, una vez tengan la custodia compartida».
Otro apunte en este mismo sentido.
«Las pasadas Navidades tuvimos sólo en mi juzgado más de 50 procedimientos por el día 7 de enero, que fue festivo».
Las parejas no se ponían de acuerdo a quién le correspondía ese día; si entraba dentro del turno del padre o de la madre.


Rangel es clara cuando habla de la nueva normativa. No le agrada.
La custodia compartida no es una mala idea.
«Pero hay que estudiar las particularidades de cada caso».
Que de entrada sea el principio general no lo aprueba.
«La familia no es un contrato. Hay que analizar cada ruptura de manera individualizada».
La magistrada comenta que se ha producido cierta precipitación.
No le ha gustado el punto de partida a la hora de legislar.
La explicación es la siguiente: «Ha existido un abuso de las mujeres a la hora de tener la custodia. Y se ha utilizado como enfrentamiento contra el padre. Pero ahora, de ahí, no se puede pasar a lo que será realidad en unos días. «No se puede legislar partiendo de las injusticias».


El decano de los abogados, Mariano Durán, coincide en la precipitación.
Pero añade un punto de malestar porque no se han tenido en cuenta las recomendaciones del colegio. Trabajo baldío.
De hecho, el martes mantendrá una reunión con otros letrados para mostrar su disconformidad.
Además, tras el mismo encuentro, exigirán una solución al retraso de los informes del gabinete psicosocial.


No a un boom de custodias

Ahora bien, todas las fuentes consultadas, coinciden en que nadie debe esperar un boom de custodias compartidas o lo que la ley denomina régimen de convivencia.
Una cosa son las peticiones y otra bien diferente que finalmente se concedan.
El número, evidentemente aumentará, porque se parte de índices muy bajos.
Pero la decisión final siempre estará en manos del juez.
La autoridad judicial deberá evaluar unos requisitos como la edad, la cercanía de domicilio, la opinión de los mayores de 12 años, la dedicación que se ha tenido a la familia, los citados informes y el arraigo social así como la disponibilidad de cada uno de los progenitores.
Una cuestión a tener en cuenta porque se han dado casos de personas que han tenido que renunciar a algunos de los días de visita porque no podían acudir.


Otra de las posibilidades a las que la nueva ley abre la puerta es a la posibilidad excepcional de que se puede conceder la custodia pese a que exista una denuncia por violencia de género. Y para ello habrá que analizar detenidamente si existe «un riesgo objetivo para el hijo o la hija».

El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ya lo anticipó antes de la aprobación de la ley.
Esta es precisamente una de las demandas que con más vehemencia defendía la plataforma a favor de la custodia compartida.
Un grupo que, sin duda, ha ejercido una fuerte presión para sacar la norma adelante.
Eso y el compromiso electoral del PP han llevado a la aprobación justo antes de las elecciones. Al borde del final de curso. Incluso la conveniencia de la ley llegó a crear desavenencias en el propio seno del grupo popular.


Otra de las principales novedades, más allá de la custodia compartida y que se regule también las relaciones entre abuelos y parientes cercanos , es la nueva disposición que se establece para el uso de la vivienda.
Hasta la fecha, no existían demasiadas dudas, en términos generales, a la hora de tomar una decisión. Madre-hijo-casa era la terna que se repetía de manera casi sistemática en este tipo de asuntos.


Rangel reconoce que este sistema «encoleriza al hombre, a quien condena a pagar una casa». Eso, aparte de que tenga que sufragar también el coste de otra vivienda, en la que residiría él. «Ahora se puede plantear casi cualquier posibilidad» y lo más importante con una limitación temporal», es decir, que no será para toda la vida.
Entre estas posibilidades está incluso la posibilidad de una pensión compensatoria para la persona que deba abandonar el domicilio. Esta cantidad se podría reducir, por ejemplo, de los gastos fijos que deben abonar las partes para el cuidado del menor.


Pese a todo el debate abierto en torno a esta cuestión, no es la custodia compartida la herramienta que garantiza, por sí sola, la estabilidad de los menores.
«Eso depende de la buena relación que exista entre los padres. La voluntad de saber educar a los hijos por separado. Que tengan claro el interés del menor igual que lo hacían cuando estaban juntos como pareja».