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La custodia compartida primará, aun con "malas relaciones" de los padres.
La ley crea tensión en el PP y enfrenta a Compromís con socialistas y Esquerra Unida.
ADOLF BELTRAN - Valencia - 25/03/2011
Las Cortes Valencianas aprobaron ayer una ley que da la vuelta como un calcetín al régimen de custodia de los hijos que recoge de manera preferente el Código Civil.
La Ley de Relaciones Familiares de los Hijos cuyos Progenitores no Conviven, más conocida como Ley de Custodia Compartida, establece que la autoridad judicial "como regla general, atribuirá a ambos progenitores, de manera compartida, el régimen de convivencia con los hijos y con las hijas menores de edad, sin que sea obstáculo para ello la oposición de uno de los progenitores o las malas relaciones entre ellos".
Imponer la custodia compartida agravará los conflictos, según el PSPV y EU.
La atribución a la madre da veto a una de las partes, dice Compromís.
La norma, aprobada ayer en el denominado pleno escoba de la legislatura, cuya celebración descartó inicialmente el PP, ha causado tensiones en las filas populares -ayer no estuvo en la votación el vicepresidente Juan Cotino, cabeza visible del sector más conservador, aunque sí el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que promovió el proyecto-, y ha enfrentado a Compromís con los otros grupos de la oposición.
Mientras Marga Sanz, de Esquerra Unida, calificó de "inmenso error" que se dé prevalencia a la custodia compartida y criticó con dureza que, además, el PP haya rechazado introducir en la ley mecanismos de mediación, Mònica Oltra, de Compromís, hizo una ardiente defensa de la propuesta para evitar que, con la preferencia de la custodia por la madre, se otorgue "derecho de veto a una de las partes".
Lola Huesca, del PSPV-PSOE, coincidió con Sanz en la defensa de un sistema que no dé prevalencia a ninguna de las modalidades y puso de ejemplo la ley promovida en Navarra por socialistas y populares en ese sentido.
Huesca advirtió que imponer la custodia compartida "solo puede empeorar la convivencia" y perjudicar el interés del menor, que debe ser el objetivo último, y aventuró que la ley será recurrida al Tribunal Constitucional por la Administración central dado que la Comunidad Valenciana, aunque haya introducido en el Estatut d'Autonomia de 2006 una referencia al derecho foral, no tiene competencias para legislar ex novo.
La popular Marisol Llinares dijo que la ley pretende "devolver a la familia su debilitado papel", en alusión al denominado "pacto de convivencia familiar" que establecerá las condiciones de la convivencia entre los separados o divorciados e incluso entre los abuelos de los menores.
Llinares acusó a los socialistas de no aceptar para los valencianos lo que han aceptado en Aragón o Cataluña y recordó a Esquerra Unida que incluyó en su programa la preferencia de la custodia compartida.
La diputada aseguró, para salir al paso de las divisiones en su grupo:
"Esta ley ha tenido unanimidad del Ejecutivo al legislativo".
Sanz acentuó su rechazo a la custodia compartida "impuesta" y dijo que el programa de Esquerra Unida aclarará esa postura.
Añadió que "los derechos de las personas deberían estar regulados por el Estado" y no diferir en unas comunidades autónomas y otras.
Oltra la criticó por "cargarse" 2 viejas reivindicaciones de Esquerra Unida, la custodia compartida y el derecho foral.
La diputada de Compromís también acusó a los socialistas de inconsecuencia con el Estatut d'Autonomia que aprobaron junto al PP y que recogía el derecho civil valenciano.
La socialista Huesca advirtió que el PP lo que busca es un nuevo enfrentamiento con el Gobierno central.
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