Un juez lleva al Constitucional la normativa sobre desahucios

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Iniciativa inédita sobre ejecuciones hipotecarias: Un juez lleva al Constitucional por injusta la normativa sobre desahucios.
Considera que la ley de enjuiciamiento civil deja sin margen al ciudadano para recurrir


Martes, 22 de febrero del 2011.FIDEL MASREAL / Barcelona

El juez de primera instancia de Sabadell Guillem Soler ha elevado al Tribunal Constitucional la normativa actual sobre desahucios y ejecución de las hipotecas.
Soler considera que la ley actual vulnera principios constitucionales en perjuicio de los ciudadanos embargados: Principios como la tutela judicial efectiva y el derecho a la vivienda.
Soler ha presentado un extenso alegato jurídico de 23 páginas en el que considera que los ciudadanos perjudicados por una ejecución de desahucio tienen un margen prácticamente inexistente para plantear alegaciones que puedan paralizar el desahucio.

Es el caso de una anciana de Sabadell, pensionista, que planteó ante el juzgado de Soler un recurso ante la ejecución del desahucio de su piso debido al impago de un crédito por valor de 157.000 euros. Un crédito que contenía una cláusula por la que debía ser devuelto íntegramente en solo 1 año.
El juez entiende que el caso de esta mujer tiene base para poder alegar la existencia de cláusulas abusivas.
Sin embargo, en su escrito Soler se declara atado de pies y manos por la ley de enjuiciamiento civil, que solo permite presentar recurso contra un desahucio si se demuestra haber pagado la hipoteca o bien la entidad financiera ha cometido un error de cálculo.


Entrega de la vivienda hipotecada en pago

La decisión de llevar la ley ante el Constitucional es inédita y constituye una iniciativa más del ámbito judicial en relación al creciente problema de las ejecuciones hipotecarias. Recientemente la Audiencia Provincial de Navarra avaló la dación en pago, el hecho de que un ciudadano liquide su hipoteca si devuelve al banco o caja el inmueble hipotecado.



El juez Soler cree que la legislación debe adaptarse a las especiales condiciones socioeconómicas actuales porque los crecientes desahucios "generan exclusión social" y apuesta también por modificaciones legales para facilitar la dación en pago o elevar el valor de la vivienda que finalmente se quedan las entidades financieras, dado que actualmente, tras la subasta, bancos y cajas adquieren el inmueble por el 50% de su valor inicial, lo cual obliga a los ciudadanos desahuciados a seguir endeudados para cubrir la diferencia entre el valor de la vivienda y el importe total de la hipoteca que firmaron.