Galicia y la Mediación familiar

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El fiscal superior de Galicia reclama la aprobación de una nueva Ley de Mediación para la resolución de conflictos
El presidente del TSXG subraya la "necesidad inaplazable" de cambios en la Justicia

EUROPA PRESS. 29.10.2010
El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, ha vuelto a reclamar la aprobación en la comunidad autónoma de una nueva Ley de Mediación para la resolución intrajudicial de conflictos.
En el acto oficial de apertura del año judicial, ha advertido también de la "proliferación" de casos violentos en el ámbito familiar por parte de menores.
Mientras, el presidente del TSXG ha incidido en la "necesidad inaplazable" de cambios en la Justicia.

En su intervención, ha insistido en el resultado "positivo" de la experiencia iniciada hace año y medio en Santiago de Compostela para la resolución de conflictos familiares a través de la mediación y ha remarcado que desde agosto está firmado ya el convenio para su aplicación en Ourense "y en fechas próximas esperamos poder hacerlo en A Coruña", ha indicado.

Carlos Varela ha instado a los sectores implicados y, en particular a los letrados, a dejar a un lado sus "reticencias" por la aplicación de este sistema y ha abogado por continuar implantado este programa en el resto de Galicia y por hacer extensivo este sistema "a otras jurisdicciones".
Para ello, al igual que hizo en su discurso del año pasado, ha pedido una nueva Ley de Mediación "que contemple las posibilidades en otros ámbitos de actuación social, así como regular el ejercicio de la profesión del mediador", ha precisado.

Violencia en el ambito familiar
Por otra parte, ha insistido en la "proliferación de sucesos violentos en el ámbito familiar" por parte de menores y, al respecto, ha denunciado la inexistencia de "centros adecuados" para el diagnóstico y tratamiento de estos jóvenes.
Para ello, ha reclamado habilitar centros de este tipo en Galicia y por potenciar los equipos de mediación juvenil.

Para los casos de violencia de género, de los que en 2009 se registraron en Galicia un total de 4 homicidios consumados, ha defendido la creación de un equipo multidisciplinar que entreviste y valore al agresor "desde el 1º momento que la víctima pone la denuncia", ha añadido.

Retos legislativos
En su discurso, Varela ha hecho referencia a algunos de los "retos legislativos" en la comunidad autónoma gallega, entre los que ha citado la actualización de la Ley del Derecho Civil de Galicia en materias como la custodia compartida de los hijos, mientras que ha considerado "inaplazable" la publicación de una nueva Ley de Montes.
También ha reclamado a los poderes públicos que sean "ambiciosos" en la elaboración de la nueva Ley de Patrimonio Cultural para "impedir" el deterioro o el comercio ilegal con estos bienes.

El fiscal superior de Galicia ha defendido, asimismo, la necesidad de mejorar la organización y la gestión en el ámbito de la Administración de Justicia y ha abogado por una reforma judicial orientada a su "modernización" que incluya, entre otros aspectos, que los procesos judiciales pasen a ser tramitados de forma electrónica y que la Policía, Fiscalía y órganos judiciales compartan "una misma base de datos".

Reforma "necesaria"
También en este acto, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, ha incidido en la importancia de la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia para mejorar su funcionamiento y ha subrayado "el cambio social y tecnológico como un motor del cambio legislativo".

Cadenas ha remarcado la importancia de la reforma de la planta judicial y la demarcación, que ha calificado de "necesaria" y ha admitido que el nuevo año judicial "se presenta como tiempo de expectativas e incertidumbres", en alusión a las reformas previstas. No obstante, se ha mostrado esperanzado ante lo que ha calificado como "una necesidad inaplazable de cambios".

El acto ha contado con numerosos representantes del ámbito judicial, entre ellos los vocales del Consejo General del Poder Judicial Manuel Almenar Belenguer y Margarita Uría Etxebarría, así como representantes políticos, entre los que se encontraban el conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda.