Jueces en el banquillo de los acusados:Somos gente muy mezquina

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Los jueces que se sentaron en el banquillo

25.04.10 - LA VERDAD
Madres lesbianas. Fernando Ferrín Calamita fue inhabilitado por retrasar la adopción de una niña, solicitada por la compañera sentimental de la madre biológica.
Estevill ya estaba en la cárcel cuando recibió el castigo más alto impuesto a un juez en España: 9 años de prisión

En el verano de 1987, llamó a la Policía Local indignado con 2 chicas que tomaban el sol desnudas en Chiclana de la Frontera (Cádiz).
Él paseaba por el arenal y le pareció «inapropiado» que no usaran el bañador en una zona donde jugaban niños «cuando a pocos metros tenían una playa nudista».
Se estrenaba como juez y el asunto acabó con las jóvenes detenidas en comisaría, la amenaza de una querella firmada por una asociación feminista y una bronca tremenda del inspector que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) envió con urgencia al colapsado juzgado del pueblo gaditano.

Había que frenar el escándalo.
El juez regañado es Fernando Ferrín Calamita, castigado 2 décadas después con 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación: retrasó la adopción de una niña, solicitada por la compañera sentimental de la madre biológica.
El temperamental inspector que le conminó a dedicarse a sus asuntos en vez de perseguir a bañistas se ha convertido en el juez más famoso de España.

El caso de Baltasar Garzón ha vuelto a colocar en el centro del ciclón al máximo órgano de los jueces y a una de sus principales funciones, la disciplinaria.
La imputación del magistrado estrella, además de abrir un debate internacional sobre la jurisdicción universal, ha agudizado en España la desconfianza que genera el Poder Judicial, cuestionado por actuaciones que copan los titulares de esta primavera.

Como la reciente sentencia del 'caso Egunkaria', el periódico en euskera clausurado hace 7 años por Juan del Olmo, que también imputó a 5 de sus directivos por presunta vinculación con ETA.

Ahora han sido absueltos en una sentencia que ha puesto seriamente en cuestión su actuación.
La opinión pública tampoco entiende la incapacidad del Tribunal Constitucional para resolver el Estatuto de Cataluña o que el Supremo confirme la sanción de 1.500 euros al magistrado del 'caso Mari Luz', Rafael Tirado, por su retraso al ejecutar una sentencia contra Santiago del Valle, el supuesto asesino de la niña que apareció flotando en un muelle de la ría de Huelva en marzo de 2008.

El caso desató una fuerte polémica y volvió a cuestionar el régimen sancionador de los jueces. Muchos se preguntaron si lo que para unos son cañas para otros son lanzas.
¿Por qué retrasar la adopción a una pareja de lesbianas se castiga con 10 años de inhabilitación y al juez que permite que un hombre esté en libertad pese a estar condenado a 4 años de cárcel por abusar de su hija y de otra menor le sancionan con 1.500 euros?

La vicepresidenta del Gobierno anunció que el Ejecutivo central trabajaría todo lo posible para «hacer justicia».
Para María Teresa Fernández de la Vega la «falta muy grave» de Tirado debería acarrear incluso la expulsión. Pero no va ser así.
El Supremo acaba de fallar que le mantiene en el cargo.

¿Son blandas las leyes españolas con los errores judiciales?
Los 3.600 profesionales en activo -900 plazas se encuentran vacantes-, que ganan entre 3.000 y 6.000 euros fijos al mes y que el año pasado firmaron 475.000 sentencias más que en 2008, se enfrentan a un sistema de responsabilidades «muy severo», coinciden las 4 asociaciones del sector.

Este régimen se sustenta en 3 patas:
a.-la responsabilidad disciplinaria -cuando no cumplen con su trabajo-
b.-la civil -cuando ocasionan un daño a una persona- y
c.-la penal -cuando incurren en un delito-.
A la primera y la tercera se enfrenta Garzón.

El CGPJ se encarga del régimen disciplinario y entre 2002 y 2008 ha castigado a 188 jueces y magistrados.
Tramita una media anual de 1.000 denuncias:
1.- 750 se archivan,
2.- 200 dan lugar a la apertura de diligencias informativas y
3.- 50 de ellas concluyen en expedientes.
4.- Terminan en sanción entre 25 y 30.

La Asociación Profesional de la Magistratura, la de Jueces Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente y Jueces para la Democracia dicen que son muchas.
Lo defienden con ejemplos, como el de los secretarios judiciales, vigilados y castigados por el Ministerio de Justicia.
Se les incoa un media anual de 10 expedientes y más de la mitad quedan 'absueltos'.

El ex vocal del CGPJ Agustín Azparren ha comparado su Cuerpo con el de los médicos.
En Asturias, con 3.500 facultativos -cifra similar a la de los jueces en toda España- en 2007 sólo fueron sancionados 7.

Multas de hasta 6.000 euros. El CGPJ puede castigar con:
a.- advertencias,
b.- multas de hasta 6.000 euros,
c.- traslado forzoso,
d.- suspensión de hasta 3 años y
e.- separación de la carrera judicial.

Aunque los 2 últimos supuestos son menos frecuentes que las multas, hay bastantes más de los que trascienden a la opinión pública.
Entre 2004 y 2008, un total de 27 jueces han sido suspendidos hasta 3 años, cesados o separados de la carrera judicial.

El de Adelina Entrena ha sido uno de los casos más graves.
La acusación: se olvidó de poner en libertad a un preso absuelto.
La sentencia: fue expulsada en noviembre de 2007 del Juzgado de lo Penal nº 1 de Motril (Granada).
Desde entonces está en su casa, sumida en una profunda depresión, a la espera de que el Supremo resuelva a su favor.
Niega ser responsable de que José Campoy pasase más de 1 año en la cárcel por el delito del que había sido absuelto, robo con violencia.
Considerado como «un delincuente de la casa», Entrena creyó que cumplía condena por una causa anterior. Llevaba 18 años impartiendo justicia.

Entrena coincide con la joven María Dolores Barragán en las dimensiones y saturación de su abigarrado juzgado.
Esta jueza de Úbeda está suspendida por un perfume. Sí, por un frasco de perfume.
El pasado octubre, fue inhabilitada por abusar de su condición de magistrada.
Al parecer, precintó 2 perfumerías de la misma cadena tras intentar devolver una colonia que no olía bien y podía ser falsa.
El castigo es de 1 año, pero ella confía en que el Supremo «me dé antes la razón. Me han hecho mucho daño por algo que no es verdad. No cometí un abuso de autoridad».

Algunos magistrados admiten en privado las diferencias existentes de carga de trabajo y trato en función del juzgado.
A medida que se acumula experiencia se puede optar a destinos más cómodos, menos saturados y con una 'vigilancia' más relajada.
«El Consejo es voluble, priman las circunstancias del momento. Su actuación no es uniforme y suele cargar contra los jueces de pueblo. A veces se piden explicaciones surrealistas...», apuntan algunos de los sancionados.

En esos pueblos remotos saltan de vez en cuando historias como la del juez de Castropol (Asturias) José Manuel Raposo.
El CGPJ le suspendió 12 meses por una falta muy grave: exigió 18.000 euros al jefe de la ITV que suspendió a su 'Fiat 130' de 1975 en la revisión. Recurrió y ganó.
El Supremo anuló la sanción por un defecto de forma.
El expediente se había prolongado 1 año, cuando desde 2006 los procesos contra jueces y magistrados tienen una caducidad de 6 meses.
Ahora, Raposo reclama una indemnización de 60.000 euros al considerar que la actuación del máximo órgano de gobierno de los jueces le ha supuesto una «merma en la honorabilidad personal y profesional».

Hace 5 meses, el Alto Tribunal, acusado por muchos abogados y políticos de tratar benevolentemente a los jueces, anuló también por los plazos la multa de 600 euros impuesta a Esteban Campelo Iglesias, magistrado de la Audiencia de Cantabria.
Había recomendado a un matrimonio separado acudir a la Iglesia católica para reconciliarse. Atribuyó su ruptura a la «existencia del Maligno, que se rebeló contra Dios y que se constituye en el principal enemigo del hombre».
Decoró su falló con varias citas del Génesis. Hoy se ratifica en lo escrito en noviembre de 2005. «Lo dije y lo mantengo porque creo que es lo mejor para ellos, aunque quizás no fue el cauce adecuado...».
Como la inmensa mayoría de sus compañeros, rechaza cualquier corporativismo en su colectivo. «Nosotros estamos más expuestos que cualquier otro profesional. Y en el ambiente que vivimos ahora en España, más».

Pero todo no han sido anulaciones en el Supremo.
La Iª vez que juzgó a alguno de sus magistrados fue en 1986.
Entonces absolvió a Jaime Rodríguez Hermida y a Ricardo Varón Cobos del delito de prevaricación por la puesta en libertad provisional del jefe de la Camorra napolitana Antonio Bardellino, 'Tonino'.
Días más tarde, el CGPJ acordó por unanimidad expulsarles de la carrera judicial.
2 años y varios recursos después, el Alto Tribunal permitía a Varón Cobos volver a la Audiencia Nacional, pero separaba definitivamente a Rodríguez Hermida.
Ahora tiene 83 años y vive «tranquilo» en Madrid. Habla con cierta torpeza -«problemas de salud, ya sabe»- y no quiere «remover estos temas. Se me han quitado las ganas de discutir. Fueron momentos difíciles, de la Transición, momentos en los que se quería dar ejemplo».

El suyo fue un caso sin precedentes en la historia de la justicia española, como el de Lluis Pasqual Estevill, suspendido por el CGPJ (del que fue vocal) y condenado en enero de 2005 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a 9 años y 4 meses de cárcel, el castigo penal más alto impuesto a un juez en España.
Al menos desde 1975. Le atribuyeron los delitos de prevaricación, cohecho, detención ilegal y alzamiento de bienes por haber extorsionado a empresarios, junto al abogado Joan Piqué, en la década de los 90. Cumplía ya una condena de 7 años por delito fiscal y 6 de inhabilitación como juez por prevaricar.

«Somo cainitas»
A falta de que el CGPJ apruebe de forma definitiva los datos de 2009, todo apunta a que su actividad sancionadora ha crecido un 33% respecto a 2008, cuando suspendió a 2 jueces por desatender o retrasar de forma injustificada procesos y causas.
A otros 24 les multó.
La sanción más alta fue de 5.000 euros por abusar de su autoridad.
«Se nos exige y sanciona mucho, y a veces no se tiene en cuenta las condiciones de trabajo», reitera el portavoz del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, que augura una subida del 100% en los expedientes disciplinarios para este año.

Marcelino Sexmero, de la asociación Jueces Francisco de Vitoria, le da la razón y recuerda que es muy difícil que a un magistrado italiano o francés se le castigue por retrasarse en dictar sentencias.
Además, «España es de los pocos países donde se permiten las demandas de responsabilidad civil directa contra nosotros».

Antonio García, la voz de la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria y de corte conservador, le pone calificativos a la falta de corporativismo.
«En contra de lo que pueda parecer, tenemos mucho más de cainitas que de corporativos. Somos gente muy mezquina. En una carrera como la nuestra, ese punto un tanto intransigente, atrevido, osado, está muy, pero que muy extendido».

Ignacio Espinosa, de Jueces para la Democracia lo ve parecido.

Hasta Fernando Ferrín Calamita está en esto de acuerdo con ellos.
En su casa de Murcia, «y en una soledad absoluta», ha terminado por perder la confianza en la independencia judicial, mientras espera que los tribunales resuelvan sus recursos.
«Llevo suspendido de empleo y sueldo desde la admisión a trámite de la querella. Nunca se había hecho eso».

A Garzón, el inspector que le abroncó en 1987 en Chiclana, «se le permite hacer alegaciones y sigue en activo pese a que tiene 3 querellas».
Habla de presiones. «Me dijeron que desistiera, luego que me asociara para protegerme y buscarme un puesto alejado de los focos. Me llegaron a ofrecer dinero para quitar la querella. Chantaje. Pero yo era un juez vocacional, no tenía dudas».