Consuelo Abril (AEAFA) contra la Custodia compartida

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El Senado crea una comisión para estudiar la tutela de las hijas e hijos en los divorcios

17/09/10.AMECO PRESS-
El Senado aprobó por unanimidad la creación de una Ponencia de estudio en el seno de la Comisión de Justicia para e para analizar la aplicación de las reformas que se introdujeron en 2005 en la ley que regula los divorcios y separaciones.
El debate sobre la custodia de los y las menores en caso de divorcio se instala de este modo en el seno de los mecanismos y procedimientos de ámbito estatal.

La moción inicial que proponía la creación de esta ponencia fue presentada por el PSOE, aunque finalmente todos los grupos parlamentarios en la Cámara Alta han pactado y suscrito una modificación del texto.
Esa ponencia elaborará unas conclusiones para seguir mejorando la tutela de las personas menores de edad, y por evaluar el equilibrio del derecho de éstas con los intereses de los padres y las madres.
La ponencia, de acuerdo con el texto de la moción aprobada, hará hincapié en todo lo relativo a la guarda y a la custodia compartida de los hijos.
Los trabajos de la comisión aprobada ayer durarán un máximo de 4 meses y concluirán con un dictamen.

El acuerdo se produce después de que el PP y diversos grupos del Senado instaran al Gobierno el pasado 21 de julio a modificar el Código Civil y establecer la preferencia por la custodia compartida.
También después de meses de debate en los que la custodia compartida se empieza a extender por algunas autonomías.

Leyes autonómicas
Ahora, los Parlamentos de la Comunidad Valenciana y de Navarra están tramitando leyes propias que establecen la prioridad de la custodia compartida de las hijas y los hijos en caso de separación o divorcio cuando no exista acuerdo entre progenitores.
Son textos similares a la ley pionera de Aragón, que ha entrado en vigor hace unos días, y que podrían aprobarse este otoño.
La última reforma del Código Civil de 2005 fue la que introdujo por primera vez el término "custodia compartida", que se puede establecer cuando los padres están de acuerdo y, si no lo están, es el juez el que tiene que decidirlo, siempre y cuando tenga un informe favorable del ministerio fiscal.

Con la Ley aprobada en Aragón, se modifica de esta manera en la región lo establecido en junio de 2005 en la reforma de la Ley del Divorcio, en la que en casos de separación sin mutuo acuerdo la custodia compartida se limitaba a situaciones "excepcionales" y sólo tras un informe favorable del fiscal.

El ejemplo de Aragón fue seguido en otras regiones.
Comunidades pueden legislar sobre la materia porque tienen derecho civil propio.
Cataluña, que aprobó su ley, sin establecer la preferencia por la custodia compartida.
Baleares, cuyo Parlamento está tramitando otro proyecto donde tampoco se establece esta prioridad. Y ahora, Valencia y Navarra.

Opiniones de las personas expertas
Veremos si los resultados del trabajo de la comisión creada ayer por unanimidad en el Senado arroja luz sobre el fenómeno y refuerza la defensa de los derechos e intereses de niños, niñas y adolescentes.
Las organizaciones de mujeres y juristas especializadas en este tipo de procedimientos, insisten en que es necesario abordar el tema con delicadeza, reflexión y conocimiento de los intereses que la defensa de custodia compartida esconde.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas, Altamira Gonzalo, expone para AmecoPress, que “detrás de la reivindicación de la custodia compartida está el dejar de pagar la pensión de alimentos y el quedarse con el domicilio familiar”.
Altamira Gonzalo argumenta que además, las leyes autonómicas aprobadas “atacan los derechos de las mujeres y no responden a la realidad social”.
“Si las relaciones entre hombres y mujeres fueran de igualdad, lo normal es que la custodia compartida se estableciera por mutuo acuerdo”, opina Altamira, quien piensa que la ley aragonesa recoge las reivindicaciones de un pequeño sector de padres divorciados.
“Responde al discurso de los neomachistas, que utilizan la igualdad, porque está de moda”, concluye.

Del mismo modo, Consuelo Abril, perteneciente a la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) considera que las “nuevas leyes no son válidas para este momento, sino que su idoneidad responde a una situación idílica que esperemos pueda existir en el futuro”.