Sobre la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid

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Una Iª piedra demasiado cara

11/06/2010@ YOLANDA VILLAVICENCIO
En 1996, con Alberto Ruiz Galardón de presidente en la Comunidad de Madrid, se anunció uno de sus proyectos faraónicos: la construcción futura de la ciudad Judicial de Madrid.
El fin que se afirmó perseguir entonces era mejorar las infraestructuras para agilizar el trabajo, y que la justicia llegara a tiempo...

NUEVATRIBUNA.ES - 10.6.2010
...14 años han pasado y solamente se ha construido un edificio – que hoy está cerrado -.
Eso sí, la colocación de la primera piedra de Esperanza Aguirre, como parte de su campaña electoral en 2007, les costó a los madrileños 1,3 millones de euros.

El Campus de la Justicia de Madrid (CJM) se pensó como un complejo urbanístico que en 2011 agruparía a todos los órganos judiciales de la Comunidad menos el Tribunal Constitucional, el Supremo y la Audiencia Nacional.
Un lugar emblemático y con diseños acordes a las necesidades de sostenibilidad del medio ambiente, cuya construcción se proyectaba hacia la zona llamada Parque de Valdebebas, a 5 minutos de Plaza de Castilla, bien conectada por carretera, cerca del recinto ferial de Ifema y la terminal 4 del aeropuerto.
Con una buena comunicación tanto de cercanías, como de la red de metro y autobuses.

Todo para agilizar la justicia.
El gobierno regional de Esperanza Aguirre ha vendido este Campus de la Justicia de Madrid como uno de los proyectos arquitectónicos e institucionales de mayor singularidad de los que se están desarrollando en España.
Según Aguirre, allí se albergarán las sedes judiciales de servicio público de la Administración de justicia de la región.
Y para tan magno proyecto se montó dentro del gobierno regional la sociedad pública Campus de la Justicia de Madrid, S.A. Empresa adscrita a la Vicepresidencia IIª y a la Consejería de Justicia y Administraciones públicas.

Se realizó un concurso internacional para su diseño en enero de 2005 siendo ganadores los arquitectos del estudio madrileño Frechilla & López Peláez.
Un total de 347 estudios de arquitectura de 37 países de los 5 continentes participó en el concurso de ideas.
El ganador se llevó 420.000 euros; el IIº premio estuvo dotado con 240.000 euros, y el IIIº, con 120.000. Cada uno de los 3 'accésit' recibió 60.000 euros.

El objetivo era construir 14 edificios con un coste 500 millones de euros, con una superficie de 202.369 m2.
La construcción de la futura Ciudad de la Justicia, se financiaría con la venta de 6 edificios que son propiedad de la Comunidad de Madrid y albergan sedes judiciales dispersas, situados en la Plaza de Castilla, en la Gran Vía y en las calles de Capitán Haya, Pradillo, Orense y Fernández de la Hoz.

Más de 10 años después sólo hay un edificio - ahora cerrado – y el recuerdo de una inauguración millonaria que se llevó a cabo el 31 de enero de 2007, año de elecciones.
Un escándalo que evidencia el despilfarro del dinero de los madrileños por el gobierno de Esperanza Aguirre en este megaproyecto y su incapacidad para llevarlo adelante.

Los Grupos Parlamentarios de PSOE e IU en la Asamblea de Madrid han pedido que la presidenta comparezca en sede parlamentaria.
Esperanza Aguirre ha respondido que sí se presentará en el hemiciclo, lo que se agradece, aunque como es previsible acabe saliendo con las ocurrencias que la caracterizan y caricaturice aún más lo impresentable del asunto.

El PP echa balones fuera para responsabilizar a Alfredo Prada, entonces vicepresidente IIº y consejero de justicia, (uno de los cargos espiados por el ‘aparato’ de Francisco Granados), como si eso quitara responsabilidad a la presidenta que no tuvo reparo en acudir solícita a la inauguración.
David Pérez el actual portavoz del Partido Popular, dice que no le consta que esa cantidad de más de 1 millón "esté registrada en algún sitio".
Para conocer el coste de la inauguración, que le pregunten a Prada.
Esto sólo da una idea de la coordinación que existe en el gobierno regional y de la “transparente contabilidad”.

Según la Cadena SER, la mayor inversión se realizó durante el año 2007, en el que se gastó 2.766.000 euros.

En 2005 los gastos de publicidad realizados y pagados fueron de 141.000 euros, partidas destinadas a presentar unas maquetas en Duque de Pastrana.
Ya en 2007, una sola empresa de publicidad cobraba poco más de 936.000 euros por insertar anuncios en prensa y en circuitos urbanos.
Dicha empresa vuelve a repetir suerte en 2008 al facturar (siempre según el listado que consta en poder de la Cadena SER) 732.000 euros más.

En 2007, el campus gasta otros 676.000 euros en la realización de unos audiovisuales y unos DVD's sobre una exposición en la Plaza de Castilla.
Sumados todos los conceptos, la cantidad total de los años 2005; 2006, 2007 y la mitad de 2008 asciende a los 5.594.542 euros.

La Comunidad de Madrid dio su visto bueno al pago de las facturas, por un importe total de 902.049 euros, a la empresa de servicios audiovisuales que organizó la ceremonia de colocación de la primera piedra del Campus de la Justicia. Una primera piedra demasiado cara.

Un verdadero despilfarro, con crisis y sin crisis.
Más cuando Cáritas, ONG católica como la presidenta, ha afirmado que en Madrid desde 2007 se ha duplicado el número de personas que le solicitan ayudas. 110.000 personas, de las que 7 de cada 10 son mujeres, y muy a menudo cargan con los hijos.
Y todavía más cuando decidía no pagar a los abogados del turno de oficio, un servicio público que garantiza que quienes tienen menores recursos puedan acceder al fundamental derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos legítimos sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión, según reza en la constitución española.

Mientras todo esto sucede en Madrid la comunidad dilapida los recursos públicos.
Sin cultura de responsabilidad se maltrata a las instituciones, se pervierte todo, hasta la Justicia. Este despilfarro demuestra una indiscutible ineptitud y un claro despotismo.
Abusan quienes ven en estos proyectos la oportunidad de corrupción y clientelismo para fines electoreros, cuestión deleznable porque a quienes esquilman es a los ciudadanos.

Repito lo que dije cuando en noviembre de 2009 denunciamos las intenciones de la presidenta de suprimir el turno de oficio a los inmigrantes: ella está decidida a privatizarlo todo y la justicia gratuita no puede ser la excepción. Centenares de españoles de origen han visto en los 3 últimos años como la Comisión de Justicia Gratuita de la Comunidad de Madrid les negaba el derecho a litigar como pobres, a pesar de reunir los requisitos de orden legal.

Mientras tanto, desde el propio gobierno regional se dilapidaban recursos que bien hubieran servido para garantizar el cumplimiento de derechos básicos.
Aguirre y su equipo han convertido en papel mojado el artículo 119 de la CE, que dice que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, para quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, eliminando de esa manera la discriminación que la falta de recursos ocasiona.
Esta concreción del concepto de justicia con equidad no puede ser entendida por aquellos que sólo quieren privilegios y que anhelan hacer de la justicia también un privilegio de élite, sólo accesible a quienes la puedan pagar.

El PP, entiende “la cosa pública” como un negocio privado.
Dado que sería contra natura que la administración obtuviera beneficios con los servicios que se prestan a los ciudadanos, los sueltan en manos de empresas privadas para que se lucren.
Esa es la suerte que ha corrido la Justicia en Madrid, entendida como un servicio de consumo.
Lo mismo han hecho con los tanatorios, con el canal de Isabel II…y ya se habla de privatizar o externalizar servicios de gestión de Caja de Madrid.
La Educación y la Sanidad pública fueron sólo el principio.

Yolanda Villavicencio M. Es licenciada en Económicas y Ciencias Empresariales, especialista en Cooperación Internacional al Desarrollo, especialista en Mujer y Desarrollo, máster en Migraciones y Relaciones Intracomunitarias y en los últimos 8 años ha dirigido la entidad AESCO, especializada en migraciones, cooperación al desarrollo y codesarrollo.