El turno de Oficio en España: 35.000 abogados

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Obreros de la Ley: Cerca de 35.000 abogados están en el turno de oficio en España.
En comunidades como Madrid, denuncian, se está intentando privatizar el servicio, lo que supondría un recorte en los derechos de los más desfavorecidos.
Por eso, amenazan con renunciar a las guardias a partir de marzo, lo que supondría un colapso.

Interviú. 16/02/08
10 de la mañana en los Juzgados de plaza de Castilla (Madrid). Hora punta.
Consuelo Rojo, 15 años en el turno de oficio, llega apresurada.
Está de guardia –cada turno transcurre desde las 22 horas hasta las 22 horas del día siguiente– y tiene un juicio rápido.

Primera parada: sala de atestados donde informan a la letrada a qué juzgado debe ir.
Primer contratiempo: la mandan a una oficina judicial equivocada donde una funcionaria le espeta que ese juzgado no está de guardia y es imposible que allí se celebre juicio alguno. Consuelo, todo amabilidad, muestra el atestado como si fuera una prueba del delito.
Pero la funcionaria no se ablanda. Alza los hombros y viene a decirle que no es su problema.

“Es lo habitual”, dice la abogada con resignación.
Primer contacto con la realidad de un colectivo de 35.000 abogados que, en las últimas semanas, se han movilizado en diferentes puntos de España reivindicando una mejora de sus condiciones de trabajo (ver recuadro).

En Madrid, los letrados deciden estos días si renuncian a sus guardias a partir de marzo. Denuncian que la Comunidad no les ha pagado los atrasos que les debe por sus guardias de 2008. Si se hace efectiva la medida de presión se darían situaciones como que, al no recibir asistencia letrada, los detenidos que carezcan de recursos económicos quedarían en libertad en un plazo de 72 horas.

Todo un reto.
“Por supuesto que apoyo a mis compañeros. Son muchos los que viven del turno de oficio. Nos sentimos desprotegidos”.
Consuelo prosigue sus carreras por los pasillos de Plaza de Castilla. Toda una maraña judicial.
La letrada, 52 años, se mueve con soltura.
Horas después confesará que la guardia no ha sido de las peores.

No lleva toga porque se trata de un procedimiento abreviado.
En este caso, un delito contra la seguridad vial. Por fin ha dado con el juzgado donde espera su cliente. Es un joven ecuatoriano que dio positivo en un control de alcoholemia.
El chico le explica cómo sucedió todo.
Ella le aconseja lo que debe hacer. Surge un nuevo contratiempo.
La letrada quiere llegar a un acuerdo con su señoría para rebajar la condena.
Pero el sistema informático se ha caído y un funcionario grita que, sin conocer los antecedentes penales, la fiscal no conforma. Conclusión: se aplaza el juicio.

Carlos, así se llama el chico, es uno de los miles de ciudadanos que cada día tienen derecho a la justicia gratuita porque no gana más de 1.200 euros mensuales.
Para que Consuelo cobre por su trabajo, debe rellenar un formulario que le entrega la letrada y después, en un plazo de 20 días, acreditar sus ingresos ante el Colegio de Abogados.
“El 90 % de la justicia que se mueve en España es gratuita. Cada vez hay más delitos y los casos son más complicados. Yo sigo en esto porque me encanta mi profesión y porque lo considero un servicio a la sociedad. Aunque también es una ayuda económica para los que tenemos un despacho de abogados”.

Subsistir del turno.
Mañana tranquila en Juzgados de Fuenlabrada (Madrid). A Marta García de Diego le ha tocado guardia de procedimiento abreviado en pueblos.
Cada guardia se paga a 180 euros (brutos).
En teoría, la abogada tiene 3 casos (cada uno se paga a 300 euros) que, en la práctica, se quedan en 2 porque su último cliente ha requerido un abogado privado.
Eso supone que, en lugar de los 900 euros que esperaba obtener por los casos sólo cobrará 600. “¡Qué se le va a hacer!”, suspira Marta.

Para vivir del turno de oficio está apuntada a más de uno de ellos: extranjería y penal, dentro del cual están los subturnos de menores, procedimiento abreviado, violencia de género…
Además de 3 años como colegiados, para determinados turnos deben de hacer un curso de especialización.

Marta no conduce. Ha llegado al juzgado en el taxi de su marido.
Todos los gastos que genera la guardia corren de su cuenta: el transporte, el móvil, los certificados o los burofax que ha de enviar…
Aun así, compensa: “Si no tienes despacho, es una forma de empezar. También de tener contactos. Quedan pocos románticos que lo hacen sólo por vocación, pero es verdad que esto tiene que gustarte, porque estás con el sector más desfavorecido”.

Entre los turnos más duros, el de violencia de género: “Las guardias son tremendas”, dice Marta.
Y, como muchas otras, colean durante días: “Vas a comisaría, asistes a la señora, al día siguiente vas al juzgado… Son 180 euros por guardia, pero te has tirado tres días…”.

Esa misma mañana Marta ha asistido a la declaración de una mujer joven, imputada por un delito de quebrantamiento de condena:
“Su pareja tenía una orden de alejamiento, pero a los 10 minutos se habían reconciliado. Por tanto, ella también incumple. La gente no entiende que la justicia no está a nuestra disposición. Que una denuncia inicia todo un mecanismo policial, judicial, también de sentimiento de las víctimas… Y no es ahora la pongo, ahora la quito”.

“Hay mucha gente que cree que la justicia gratuita está a su disposición. Incluso quien tiene mucho dinero y pide justicia gratuita. Y eso me indigna. Nosotros no somos investigadores para conocer los ingresos del cliente. En general, los clientes son muy desagradecidos, Por eso es cierto que, con el tiempo, te vas endureciendo”.

Mujer, 41 años y una experiencia profesional media de 14 años.
Es el perfil de los abogados de oficio al que responde Amparo García González.
Como otras mujeres de su generación, Amparo está apuntada a más de un turno.
En su caso, últimamente es el laboral el que le da más trabajo.
La crisis, dicen desde algunos Colegios, ha disparado la demanda de abogados de oficio.
“Es verdad que me están llamando más para laboral. Y eso que sólo pagan 180 euros por procedimiento. Pero no sé si es por la crisis o porque pagan tan poco, los compañeros prefieren otros turnos”.

En Fuenlabrada, Marta lleva una mañana tranquila. Porque nunca se sabe cuándo te pueden llamar del Colegio.
Es posible que, camino de Madrid, donde vive, tenga que darse la vuelta y acudir a otro pueblo. “Es el pan nuestro de cada día –dice Consuelo–. A veces creen que tenemos el don de la ubicuidad”.

Las condiciones de su trabajo, las trabas burocráticas y, sobre todo, la hostilidad que muchas veces les muestran los jueces, los funcionarios judiciales o la policía son algunas de las quejas en las que coinciden los letrados.
“Puede que a las administraciones les parezca que se gasta mucho en justicia gratuita. Pero nosotros no tenemos la culpa de que partidas como extranjería se hayan disparado. No somos ratas que vamos viendo dónde pleitear para sacar 100 euros. Somos los últimos monos del juzgado y se nos discrimina. Se nota la diferencia de trato si un cliente lleva abogado privado o de oficio”, se lamenta Marta.

“En el fondo de todo esto subyace eso de: ¡Pobrecillo, es un abogado de oficio!”, declara Amparo. “Es normal –apunta su colega Isidro Moreno, de la Asociación de Letrados por Un Turno de Oficio Digno (Altodo)–. Somos las moscas cojoneras de los juzgados. Nuestra función es incordiar. Estamos enfrente del fiscal, del juez, del funcionario, del policía… y les hacemos trabajar”.

En Plaza de Castilla, Consuelo apenas ha acabado con su cliente, cuando el Colegio le dice que debe asistir a 3 declaraciones. Esta vez corre mejor suerte.
El funcionario, muy amable, le entrega unas anotaciones en las que se explican someramente los hechos.
Sus clientes están imputados en una presunta estafa. Han intentado reclutar a inmigrantes y venderles la tarjeta de residencia y el permiso de trabajo de forma fraudulenta.

Consuelo entra y sale del despacho del juez.
Lo que empiezan siendo 3 declaraciones se convierten en 5.
A la hora de cobrar, seguirán siendo 300 euros porque se trata de un único procedimiento.
“Mi obligación es defenderlos a ultranza, aunque haga el ridículo porque apenas he leído el atestado”.
La letrada reparte su tiempo entre un hombre polaco –al que asiste una traductora–, una mujer sudamericana y un africano. Puro caos.
La traductora del polaco –que mira con cara de póquer– dice que éste no sabe por qué está imputado.
La del africano advierte a Consuelo que tiene que irse. La letrada trata de hacerse entender. Reparte tarjetas de su despacho por si el cliente necesitara algo más.
“El problema es cómo me voy a entender”, le dice a la traductora del polaco.
“No se preocupe, dice que tiene un hermano que habla algo de castellano…”.

Nueva guardia para Consuelo. Esta vez de extranjería.
Asiste en la comisaría de la Estación Sur de Autobuses a 2 chicos dominicanos a los que la policía ha detenido porque se encuentran en situación irregular en España y a los que abre un expediente de expulsión.
Consuelo tiene un plazo de 48 horas para presentar alegaciones.
Le quedan más de 10 horas de guardia. Todavía habrá de asistir a otros 4 detenidos –el tope está en 6– en otra comisaría madrileña.
Lo toma con buen humor y no deja escapar la ocasión para presumir de su trabajo:
“Somos el mejor turno de oficio de Europa”.