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Mediación familiar para el conjunto del Estado español.
José Antonio García Álvaro, director de Arbitraje y Mediación (ARyME).
23/02/09 , Redacción
Ni Gobierno, ni oposición. En España, resultaron ser Izquierda Unida (IU) Iniciativa Verde (ICV), y Esquerra Republicana (ERC), quienes promoviesen en mayo de 2008 una proposición no de ley para regular la mediación familiar a nivel nacional.
En su intervención de 3 de febrero de este año en la Comisión de Justicia del Parlamento de los Diputados, el Diputado por IU, Gaspar Llamazares Trigo, indicó que nada se ha hecho desde el Congreso para acercar la mediación familiar al conjunto de la ciudadanía del país según prevé la disposición final tercera de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, o la Recomendación 98, de 21 de enero, del Comité de Ministros a los Estados Miembro en materia de mediación familiar.
Señorías, la mediación como mecanismo de solución de conflictos se va implantando en nuestra sociedad; sin embargo, carece de regulación jurídica porque el Gobierno no ha cumplido el mandato legal de la Ley 15/2005 y va para 3 años ya de incumplimiento de ese mandato legal.
Señalando que han transcurrido 3 años desde la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, el Señor Llamazares insta al Gobierno a remitir a la Cámara un proyecto de ley de mediación nacional en el plazo de 6 meses.
En representación del Grupo Popular, la Señora Dolors Montserrat propone rebajar el plazo de presentación de un proyecto de ley de mediación familiar de 6 meses a 3 meses, y ello porque a juicio de su Grupo Parlamentario las separaciones y divorcios se han disparado en los últimos años sin que los ciudadanos pueden acudir a la mediación familiar excepto en las comunidades autónomas que han promulgado leyes territoriales de mediación familiar.
En representación del Grupo Parlamentario Socialista, la Señora Helena Castellano Ramón indicó que su Grupo cree en la mediación familiar.
La proposición que hoy debatimos es la elaboración de la ley de mediación familiar, y dicha ley ya es una previsión contenida en la disposición final IIIª de la Ley 15/2005, como ya se ha dicho, y como ya apuntaba el señor Llamazares no es algo nuevo.
Pero lamento tener que contradecir a la señora Montserrat, porque esta ley es algo en lo que nuestro grupo sí cree.
Sí creemos en la mediación familiar, ya que uno de nuestros objetivos es reforzar la protección jurídica de las familias a través de cambios legislativos y programas de colaboración con las comunidades autónomas.
Sin embargo, la diputada plantea una enmienda a la proposición no de ley en relación al plazo dentro del que el Gobierno deba presentar un proyecto de ley a debate en el Congreso.
Efectivamente, y no le falta razón, la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles otorga un plazo más amplio del propuesto por el Grupo Mixto o por el Grupo Popular, un plazo que se extiende más allá de 2009.
Así las cosas, la Diputada propone que el proyecto de ley se presente al Congreso este mismo año.
Sin embargo, hemos de plantear una enmienda a esta proposición, ya que el 24 de mayo de 2008 fue publicada en el diario oficial de la Unión Europea la Directiva 2008/52, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo del mismo año.
El plazo de trasposición de la directiva finaliza el 21 de mayo de 2011, con la excepción de su artículo 10, que deberá estar traspuesto antes del día 21 de noviembre de 2010.
Por tanto, y por concordancia con estos plazos, proponemos la ampliación del plazo de su elaboración a lo largo de todo este año.
Al final, todos los grupos excepto el Grupo Popular se suman a la iniciativa articulada por el Señor Llamazares acordando que se presente un proyecto de ley regulador de la mediación familiar en España antes de finalizar este año.
Insistimos, el Grupo Popular se suma a la proposición no de ley, pero rechaza la enmienda del Grupo Socialista en cuanto al plazo.
Como recordará el lector, la mediación familiar formó parte del programa electoral del Partido Popular.
De hecho, en enero de 2004, el candidato a la presidencia en las legislativas de aquel año, D. Mariano Rajoy Brei, dijo: “se aprobará una ley de mediación familiar que facilite la resolución amistosa de la separación; se agilizarán y se simplificarán los requisitos y trámites de separación”. La oportunidad se le presenta, si bien desde la oposición.
Si estamos a lo dicho en la Comisión de Justicia la pasada semana, habrá una ley nacional de mediación familiar, previsiblemente para mediados de 2010.
En este sentido, sólo nos queda esperar que las ventajas de la mediación familiar no queden vedadas taxativamente y por ley a personas en situación de malos tratos, así como esperamos que no haya referencias que impidan o dificulten la representación letrada en mediación.
Insistimos sobre el asunto de los malos tratos y la mediación familiar: hay más mediadores especializados académica y profesionalmente en esta materia que jueces.
Ojalá se aproveche su experiencia a favor de las personas maltratadas.
Asimismo, es de esperar que la actividad mediadora no se “funcionaliarice”, si bien es más que probable que la ley cree un nuevo tipo de funcionario: el mediador familiar; y que a su alrededor se cree toda una infraestructura cuasi-funcionarial.
Otro término que quizás debiera desaparecer del vocabulario mediador es la referencia a la mediación como un método extrajudicial “amistoso” que produce “soluciones amistosas”.
Basta con que los acuerdos que se alcancen sean mutuamente aceptables y asumibles para que, como resultado, sean duraderos y que es la meta y esencia de la mediación.
Es por este motivo que a la mediación hay que acudir sin intención de extraer un acuerdo “ventajoso” pero efímero, porque si bien los acuerdos “ventajosos” pueden alimentar la vanidad, valen para muy poco más
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