El mito de las denuncias falsas

El «mito» de las denuncias falsas frente al «terrorismo de género» y el «lobby feminista»

Expertas en violencia de género y padres por la custodia compartida opinan sobre las palabras del juez Sánchez Gasca

10.12.09 LORENA CÁDIZ JAÉN.
La reflexión hecha por el juez titular del juzgado de violencia de género, Miguel Sánchez Gasca, en un auto sobre la custodia de los hijos en un proceso de divorcio, que publicaba ayer IDEAL y en la que el magistrado hablaba sobre «radicalismo de género» en este tipo de casos, ha suscitado debate.

La polémica ha saltado y hay opiniones para todos los gustos.
Entre ellas la de la responsable de la Unidad Contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, Pilar Fernández Pantoja.
Fernández Pantoja, también profesora de Derecho y responsable del Título de Experto en Igualdad de Oportunidades y Conciliación de la UJA, cree que este tipo de manifestaciones son muestra de una actitud crítica hacia los recursos puestos en marcha en torno a la violencia de género. «Es algo parecido al tópico de la denuncia falsa».

La profesora defiende que no es cierto que exista un nº alto de denuncias falsas por violencia de género, sino que «existen las mismas o menos que en cualquier otro delito».
Sobre el caso concreto que ha despertado el pronunciamiento del juez Sánchez Gasca, la experta afirma que habría que estudiar el caso en profundidad y determinar si de verdad es cierto que no existen indicios de agresión.
Y si esto fuera así, «la justicia debería de actuar y abrir diligencias».

Tono despectivo
Fernández Pantoja recuerda que se trata de las palabras de un juez de violencia de género y cree que cuando habla de «radicalismo de género» no se está utilizando un tono despectivo.
Además hace hincapié en un dato y es que «existe un porcentaje altísimo de casos de violencia de género que se producen durante procesos de separación y divorcio.

En un plano intermedio está la opinión de la profesora de Psicología de la UJA, María del Carmen Cano Lozano, que ayer participaba en una mesa redonda en la Universidad sobre 'Estudios en el marco de la violencia de género'. Cano cree que la critica hecha por el juez no es acertada. Reconoce que existen casos en los que las mujeres pueden utilizar argucias legales como las denuncias por violencia de género para evitar la custodia compartida de los hijos, pero también asegura que no representan ni mucho menos la mayoría.
«Aunque no representa a la generalidad, sí es cierto que ocurre, pero esto no es motivo para utilizar términos como radicalismo de género, simplemente se puede hablar de procedimientos inadecuados».

Además, según la profesora de Psicología, la utilización de estos procedimientos inadecuados no está asociado al género femenino, sino que «ocurren tanto en el hombre como en la mujer».
«Las falsas denuncias son criticables, pero no tienen nada que ver con un género o con el otro».

En un sentido totalmente opuesto habla el presidente de la asociación provincial de madres y padres por la custodia compartida, Pedro Ángel Latorre.
Para él, «estamos asistiendo a un terrorismo de género».
Desde la asociación suscriben las declaraciones del juez y aseguran que actualmente los conflictos matrimoniales están basados en referentes anacrónicos.
«La Ley del Divorcio se hizo en los años 80 y la situación de entonces era totalmente distinta. En aquella época se entendía que la custodia de los hijos debía ser para la madre porque muchas no trabajaban fuera de casa y eran los hombres los que pasaban todo el día fuera.

Eso ahora no tiene ningún sentido», dice Latorre que asegura que a pesar del paso de los años, «en el 97 % de los casos la custodia es para la madre debido a que no se ha reformado la ley porque existe un 'lobby' feminista».

Anticonstitucional
El presidente de la asociación defiende además que la custodia monoparental genera un sentimiento de conflicto y de pérdida en los niños y se pronuncia sobre la Ley de Violencia de Género.
«Es anticonstitucional desde el momento en el que atenta contra la presunción de inocencia».

Latorre asegura que en la asociación cuentan con numerosos casos de padres afectados por denuncias falsas y hace referencia a uno de sus socios que «estuvo 2 años desterrado del pueblo por una sentencia de maltrato, con lo que perdió su empleo y no pudo ver a sus hijos y después de muchas sentencias el Supremo le ha dado la razón pero de poco le sirve porque la Fiscalía no actúa de oficio contra denuncias falsas».