¿Quien debe quedarse con el piso tras el divorcio ?

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¿Quién debe quedarse el piso tras el divorcio?

R.Velis0.6/09/2009
El juez de Familia Francisco Serrano ha presentado un documento en el que propone una modificación del Código Civil para evitar “injusticias y abusos” a la hora del reparto del patrimonio tras el divorcio, cuya ley se va a revisar en breve por una comisión en el Congreso.

Acabar con la “desigualdad, la injusticia y la fuente de conflictos viscerales y, por desgracia, de episodios de violencia”, que en muchas ocasiones produce la atribución de la vivienda a uno de los cónyuges tras el divorcio, es el objetivo de la reforma propuesta por el magistrado de Familia Francisco Serrano de uno de los artículos del Código Civil.

Serrano, presidente de la Asociación Española Multidisciplinar de Investigación sobre Interferencias Parentales (Asemip), ha elaborado un documento que pretende enviar a la “comisión que en breve se va a constituir en el Congreso de los Diputados para estudiar la reforma de le Ley del Divorcio y de la de Violencia”.

Para ello, va a enviar el informe a diversas asociaciones para que le den su respaldo.
El juez pretende evitar “privilegios” de género y situaciones de “injustificable” discriminación, ya que en su opinión el legislador “se ha guardado mucho de conservar las reglas de juego que garantizaban erróneamente el inmovilismo en aquellos aspectos considerados como patrimonio de las mujeres, llamadas por su condición sexual a ser las custodias de la prole”, lo que acarrea “el seguir usando, disfrutando y utilizando el hogar familiar, con independencia de la situación de indigencia en que pudiera quedar el privado de seguir viviendo en la que era su casa”.

No obstante, el magistrado aseguró que esta propuesta huye “de cualquier atisbo de contaminación de género”, ya que “esta injusticia material también afecta a muchas mujeres y madres”.
Aún así, Serrano dijo estar seguro que esta propuesta “se va a ver atacada por los representantes de sectores sociales que se van a considerar lesionados en la pérdida de estatus del colectivo al que ilegítima y sectariamente dicen representar”.
Una clara referencia a “ese feminismo que apuesta, no por la igualdad, sino por la implantación y perpetuación de una nueva desigualdad basada en el resentimiento y en una falsa ideología de la discriminación de género”.

La reforma propone de forma preferente la “liquidación del domicilio y de los enseres y ajuar existentes”, siempre y cuando se acuerde un régimen de custodia compartida.
Para otros supuestos, en los que o bien uno de los cónyuges se queda con la custodia de los hijos o que no hayan tenido descendencia, el magistrado plantea una ocupación temporal de la vivienda por “2 años”.
Transcurrido este tiempo el que ocupa la vivienda debe buscar otra, lo que incluso podría conllevar un aumento de la pensión, siempre con el fin de garantizar “el derecho a una vivienda digna de los hijos”.
Asimismo, el periodo de disfrute del inmueble familiar podría conllevar una reducción de la pensión como compensación.

El magistrado también deja claro que es el “cónyuge que disfruta de la vivienda el que se hará cargo de los gastos consustanciales a la posesión”, mientras que en los casos que el inmueble tenga una hipoteca, deben ser los dos quienes la afronten “en la proporción equivalente a sus cuotas de participación”.

En aquellos casos en los que el piso sea sólo propiedad de uno de los miembros de la pareja, el magistrado plantea que su posesión “no le podrá ser atribuida al otro”, salvo casos muy excepcionales y de forma temporal.

En su reflexión final, Serrano asegura que esta reforma, además de acabar con “serias situaciones de abuso”, facilitaría la mediación familiar y las situaciones de custodia compartida, ya que afirma que en la actualidad “detrás de las reclamaciones de custodia, se esconde un interés soterrado de quedarse con el uso de la vivienda”, pues los niños “son la llave” para quedarse con la vivienda.

La propuesta de Serrano ya cuenta con el apoyo de la Federación Andaluza para la Defensa de la Igualdad Efectiva (FADIE), que solicita al Gobierno una reforma “urgente” para que el divorcio se gestiones desde una perspectiva “de igualdad” y de “protección del interés superior del menor”.