Feminismo Por la Custodia Compartida

Feminismo contra feminismo
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Voces opuestas del feminismo debaten sobre violencia de género, custodia compartida, igualdad y prostitución.
Silvia Gamo
24/04/06

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero muestra un claro interés por la mujer.
En 2 años de legislatura ha elaborado 8 leyes que las afectan muy directamente, como la Ley Integral contra la Violencia de Género o el anteproyecto de Ley de Igualdad.

Sin embargo, la labor del Ejecutivo ha levantado las críticas de Las Otras Feministas, un colectivo de 200 mujeres que se ha desmarcado del aplauso al Gobierno.
En este grupo se encuentran, entre otras, la feminista histórica Empar Pineda o la jueza decana de Barcelona María Sanahuja.

Sus críticas y opiniones son contestadas por otras defensoras de la mujer, como son la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Montserrat Comas, y la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo.

Violencia doméstica.
Desde que entró en vigor la Ley contra la Violencia de Género, 83 mujeres han muerto a manos de sus parejas (62 en 2005 y 21 en lo que va de año, según datos del Consejo General del Poder Judicial).
La norma contempla medidas como la creación de juzgados para este delito, la orden de alejamiento o el aumento de las penas para el agresor.

Pero éstas no son para Las Otras Feministas una solución, según explica la juez María Sanahuja: “Abrir diecisiete juzgados de violencia de género para toda España no es apostar por otro modelo. En las ciudades medianas ha sido un desastre.
Un papelito, como es el de la orden de alejamiento, no protege a nadie. En los últimos meses se dictan por miles y la policía no da abasto. Nos hemos dedicado a hacer juicios rápidos con pocas pruebas, presionados por la situación social. Eso es muy peligroso”, afirma Sanahuja.

Cuenta además esta juez que el feminismo no debe justificar una actitud de revancha porque se parte de la culpabilidad del hombre:
“Si un hombre da un empujón a su compañera, eso es delito, mientras que si es al contrario, sólo es una falta”, explica.

Empar Pineda hace hincapié en la judicialización de los conflictos interpersonales y aboga por la mediación y por el desarrollo de las medidas educativas recogidas en la ley:
“Hay que darle importancia a equipos psicosociales, como los que hay en los juzgados. El Código Penal no está hecho para resolver conflictos. La denuncia no puede ser la única vía de acceso a los recursos públicos o para tener seguridad”, afirma.

Pone como ejemplo a la Xunta de Galicia, que da 600 euros a las mujeres maltratadas sólo con el informe del psicólogo.
Estos argumentos los rechazan tanto Soledad Murillo como Montserrat Comas.

Murillo asegura que “es una constante que, en todo lo que se refiere a la mujer, la solución se deje siempre a la educación, al cambio de mentalidades. No ocurre con otro tipo de delitos, ni con otro tipo de víctimas. La víctima de esta violencia se siente culpable y perdona, ninguna otra lo hace. Hasta la entrada en vigor de la ley integral la jurisprudencia trataba con benevolencia este delito. De hecho robar un objeto de 400 euros estaba más castigado que pegar a su mujer”.

Montserrat Comas muestra su respeto al nuevo colectivo feminista, pero defiende esta ley porque cree que “se dan una suma de soluciones desde ámbitos muy distintos.
Ha ayudado a elevar la conciencia social y se ha acabado con la dispersión judicial.

Además, los patrones culturales machistas de dominio son el elemento más importante para la violencia de género y eso es muy distinto a los conflictos familiares, que son los que mencionan Las Otras Feministas.
En la pareja son las mujeres quienes sufren la violencia y los hombres quienes la ejercen.
Ellas parten de una situación idílica de igualdad”.

Custodia compartida.
¿Los niños están mejor con ambos padres o con la madre cuando sus progenitores están separa- dos? Aquí también disienten ambas corrientes feministas.

Para Montserrat Comas,“ la custodia compartida impuesta por un juez es inviable si los padres no están de acuerdo. Debe prevalecer el interés del menor.Y judicialmente se ha otorgado la custodia a favor de las madres en interés del menor porque es la madre la que tradicionalmente se ha ocupado del hijo. Si se demostrase que es el padre quien tradicionalmente se ha ocupado del menor, entonces se le otorgaría a él.

Para Las Otras Feministas que la custodia siempre recaiga sobre la madre imposibilita que la mujer se desarrolle profesionalmente. La Ley de Divorcio se estropeó en la votación final del Congreso cuando “por presión de los grupos feministas la guardia y custodia compartida se hizo casi imposible y salió con unos elementos de inconstitucionalidad clarísimos. Por ejemplo, se nos exige el informe favorable del Ministerio Fiscal”, argumenta María Sanahuja.

Empar Pineda destaca la necesidad de un fondo de garantía de pensiones: “Es fundamental para el desarrollo de la mujer que no sigan dependiendo de sus maridos. El Gobierno tiene que mojarse de verdad e implicar recursos”.

Igualdad.
El anteproyecto de Ley de Igualdad del Ejecutivo tampoco ha generado consenso.
Para Sanahuja las cuotas no son efectivas,“lo que garantizaría la presencia de la mujer en muchos más ámbitos es que el Estado asumiera el cuidado de enfermos, ancianos y niños. Por ejemplo, enseñanza gratuita de 0 a 3 años”.

Pineda incide en el mismo argumento: “O hay un cambio radical en la organización de las empresas o no habrá igualdad ni conciliación. Las mujeres no somos unas superwomen”.

Para Soledad Murillo el anteproyecto es bueno porque recoge la representación de la mujer: “Cuando se dice que las cuotas son discriminatorias hay que responder: ¿Por qué si las mujeres somos el 51% de la población no estamos representadas en semejante proporcionalidad? Llevamos treinta años de preparación”.

La necesidad de una ley que promocione la igualdad es necesaria en España, según Montserrat Comas: “En España las mujeres cobran un 40% menos de salario que los hombres dentro de la misma empresa. No se ha conseguido la igualdad real y por eso son necesarias medidas de acción positiva hacia las mujeres”.

Prostitución.
El Gobierno no tiene intención de regular la prostitución, sino que va a centrar sus medios en luchar contra la trata de blancas y en ayudas para las que decidan abandonar la calle.
La Generalitat estudia la regulación de espacios para ejercer la prostitución de libre decisión. Medidas semejantes no serían mal vistas por Las Otras Feministas.

Pineda afirma que en este debate hay que darle la voz a ellas: “Las iniciativas de represión sólo consiguen que las prostitutas tengan que realizar su trabajo en peores condiciones, siempre que hablemos de una prostitución por decisión. Por ejemplo, perjudica a las mujeres inmigrantes pues no se les da un permiso de trabajo”.

Sanahuja va más allá: “La esclavitud me parece horrible, sea vendiendo sexo o bajo los plásticos en Almería. Pero quien libremente quiera, ¿por qué no?”.

La visión gubernamental es otra.
Para Murillo,“la demanda es masculina, mientras que la oferta es femenina. La experiencia de la regularización en países como Holanda no ha llevado más que a un incremento del tráfico de niñas”.

Montserrat Comas insiste en la definición de prostitución como un ejercicio de “violencia hacia las mujeres. Incluso el sector más minoritario de las que lo ejercen con libertad, si tuvieran la posibilidad de un trabajo digno, seguro que lo preferirían.”