miércoles, 24 de mayo de 2017

LGTB contra la actual ley de violencia sobre la Mujer


Por qué una mujer trans no puede ser juzgada por violencia de género.El caso de una mujer transexual acusada de maltratar a su pareja, también mujer, antes de su proceso de transición, evidencia que el sistema jurídico no tiene en cuenta a las personas trans.
La lucha contra la violencia de género en contextos heterosexuales no puede promover los discursos de odio .
Andrea Momoitio, 23.05.2017
Las generalidades nunca han sido buenas aliadas y, sin embargo, las leyes se construyen a partir de ellas. No puede ser de otra manera porque la realidad es poliédrica y cambiante, igual que la ciudadanía para la que se dictan normas jurídicas. El Estado de Derecho, que rara vez hace honor a su nombre, se vuelve del revés ante nuestro mundo, que es tan complejo como quienes lo habitamos.
El periódico más leído de Bizkaia, El Correo, publicaba ayer una noticia, escrita desde la mismísima transfobia, en la que se narraba la encrucijada judicial ante la que se encuentra un abogado: su clienta, una mujer trans, es acusada de haber ejercido violencia contra su expareja, también mujer. Los hechos denunciados se produjeron antes de la transición social de la acusada por lo que la denuncia fue registrada como un caso de violencia de género, que sólo incluye los delitos de violencia ejercidos en el marco de una pareja heterosexual. Esta ley, una de las grandes victorias del movimiento feminista del Estado español, pretendía, por un lado, garantizar medidas punitivas y de protección específicas y, sobre todo, el reconocimiento social de que la violencia que los hombres ejercen contra las mujeres responde a una lógica social, cultural, estructural. Los hombres agreden y asesinan más a sus parejas mujeres porque vivimos en una sociedad que permite y legitima la dominación masculina. Ahora bien, y volviendo al inicio, la realidad nos enfrenta cada día a nuevos retos.
El caso es complejo y abre distintas vías para el debate, pero hay una cuestión ineludible: la acusación de violencia no justifica que se cuestione la identidad de género de la acusada. El respeto a la identidad de género es una cuestión de Derechos Humanos. La noticia de El Correo, firmada por Marta Fdez. Vallejo, evidencia la falta de profesionalidad de muchos periodistas y de medios de comunicación, además de una falta de respeto flagrante a la identidad de género de las personas trans. La autora se refiere en todo momento a la acusada en masculino. Ya en 2013, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España instó a rectificar a 11 medios que nombraron en masculino a una mujer trans víctima de violencia de género.
La ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, recoge requisitos suficientes para que resulte muy poco probable que nadie se enfrente a un proceso de transición como estrategia jurídica. La noticia de El Correo señala que la acusada cumplió con los requisitos para conseguir la rectificación registral de la mención del sexo: haber recibido tratamiento hormonal durante al menos 2 años "para acomodar las características físicas al sexo reclamado" (argumenta la ley), haber sido diagnosticada de disforia de género (un criterio patologizante contra el que lucha el movimiento trans), y no mostrar trastornos de personalidad que puedan influir en su deseo de transición.
Una circular de la Fiscalía del Estado español, publicada en 2011, analiza los criterios a tener en cuenta para la actuación del Ministerio Fiscal en materia de violencia contra las mujeres y reconoce a las mujeres trans como posibles víctimas de violencia de género, incluso cuando no hayan accedido a la rectificación registral, una excepción (admito que para mi sorpresa) que busca proteger a las víctimas extranjeras, excluidas por la Ley de Identidad de Género. Este documento evidencia que la ley de violencia de género obvió la existencia de mujeres trans.
El caso que nos ocupa es distinto y no parece que haya jurisprudencia. Una mujer transexual es acusada de ejercer violencia contra su pareja antes de la transición. ¿Cabe sostener que era hombre en la época en la que ejerció presuntamente violencia psicológica contra su pareja? Las vivencias trans son tan dispares como las personas que las viven: algunas personas sienten que habitaban un cuerpo que no les correspondía y otras no describen esa disociación sino una evolución en su identidad. Algunas necesitan que se garantice su derecho a la invisibilidad después del proceso de tránsito, y otras se visibilizan como activistas trans. La mujer acusada de ejercer violencia contra su pareja, según cuenta su abogado en la noticia que publica El Correo, se reconoce como tal desde el nacimiento. No es la única manera de entenderse trans, pero es la suya y, por tanto, en este caso, la única válida.
Pretender que la acusada sea juzgada como hombre, si ella nunca se ha reconocido así, pone de manifiesto la falta de reconocimiento de su identidad y favorece la preocupante distinción entre las mujeres de verdad y las otras, una categorización claramente tránsfoba y, desgraciadamente, muy presente también entre cierto sector del movimiento feminista. Lo cierto es que lo trans cuestiona muchos de nuestros planteamientos y propuestas, que se han basado tradicionalmente en la búsqueda de políticas públicas y propuestas que tratan de subsanar las desigualdades entre hombres y mujeres cisgénero. La sociedad sigue siendo, al menos en los aspectos formales, binaria y simple; pero la ciudadanía es mucho más cambiante y heterogénea que las leyes. La noticia, si pone algo de manifiesto, es también la lentitud de un sistema judicial que siempre es impuntual.
Por otro lado, descartar que se juzgue a una persona que nunca fue hombre por un delito de violencia de género no implica absolverla. Con el Código Penal en la mano, el art. 153 reconoce como un delito específico cuando la víctima es "su esposa" o una mujer con la que tenga "una análoga relación de afectividad aun sin convivencia. Esta conclusión abre, en todo caso, el debate sobre si la violencia entre parejas del mismo sexo debería tener también un tratamiento específico.
La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada en 2004, ha servido para concienciar a la sociedad de la raíz estructural de las violencias machistas en el ámbito de la pareja heterosexual. A nivel formal, lo logramos, pero el número de asesinadas no cesa. La urgencia por evitar que nos sigan matando, sin embargo, no puede evitar que sigamos avanzando para construir leyes y contextos políticos que reconozcan la diversidad de nuestras sociedades pero, sobre todo, esa urgencia no pueden fomentar los discursos de odio contra las personas trans. El titular de la noticia que ha suscitado este análisis decía que "Un acusado de violencia de género se cambia de sexo durante el proceso judicial". Ese titular sí que es de juzgado. De juzgado de guardia, celebrando la diversidad.

¿A qué edad deberían dejar de mantener los padres a sus hijos?

Por qué sorprendió en España que un tribunal llamara "vaga" a una joven de 23 años que quería seguir siendo mantenida por sus padres.
James Badcock, Madrid, 23 mayo 2017
¿A qué edad deberían dejar de mantener los padres a sus hijos?
En el norte de España, un tribunal desestimó a mediados de mayo la demanda de una joven de 23 años de Castro Urdiales, comunidad de Cantabria, que les exigía a sus padres el pago de una pensión de alimentos de US$330 mensuales.
En su sentencia, los magistrados consideraron que la muchacha tenía edad suficiente para buscarse la vida por sí misma.
Según el juez, la conducta de la demandante calificaba como vagancia.
La corte confirmó así la decisión de un Juzgado de Primera Instancia de la localidad que ya había desestimado la demanda de la muchacha.
"Ha sido la propia conducta de la recurrente una vez alcanzada la mayoría de edad, conducta jurídicamente calificable como de abandono, vagancia y falta de aprovechamiento, la que la ha colocado en la situación que actualmente ostenta", consideró el magistrado.
Esta no es la primera vez que la justicia española tiene que tomar decisiones sobre ese tipo de casos.
Aunque por lo general la Justicia suele obligar a los padres a mantener a sus vástagos hasta que alcanzan la suficiencia económica, en este caso los jueces consideran que, a pesar de su edad, la joven nunca finalizó los estudios secundarios, empezó varios cursos "sin obtener resultado alguno" y, aunque estuvo trabajando en Londres, no puso interés en aprender inglés.
Los padres de la joven se separaron en 2012 cuando ella ya era mayor de edad. En aquel entonces el juez no fijó pensión alimenticia para la hija.
Precedentes similares
Aunque el caso no es habitual, no es el 1º de este tipo.
En Cataluña hace 1 año un juzgado dio la razón a los padres de un joven de 19 años que, aunque ni trabajaba ni estudiaba, pedía seguir siendo mantenido.
La tasa de paro juvenil en España sigue estancada en el 43%.
En aquella ocasión el magistrado desestimó su demanda al considerar que su familia no tenía por qué apoyar su "estilo de vida caprichoso".
Pero las decisiones de estos 2 jueces contrastan con muchos fallos anteriores en los que los progenitores sí se vieron obligados a seguir proporcionando manutención a unos hijos que, en ocasiones, habían cumplido hace tiempo los 30 años.
La presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), María Dolores Lozano, asegura que cada vez son más los padres que piden asesoramiento legal para lidiar con las demandas de sus hijos.
La crisis económica que sufre España desde hace más de un lustro disparó la tasa de desempleo juvenil: aunque, según la Encuesta de Población Activa, en 2016 la cifra se situó en torno al 43%, durante un tiempo llegó a superar el 50%.
Esta falta de oportunidades laborales ha provocado que muchos jóvenes sigan dependiendo económicamente de sus padres años después de terminar sus estudios.
Y es que de media, los españoles abandonan la casa familiar a los 29 años, según la Oficina Europea de Estadística, Eurostat.
Los que sí ganan
Las sentencias de Cantabria y Cataluña, sin embargo, no podrían ser más diferentes de lo ocurrido en casos como el de Clara, de 33 años, quien tiene una maestría y está en edad de trabajar.
Un tribunal de apelación de la región de Galicia (noroeste del país), sin embargo, decidió que su padre debe pasarle una pensión mensual de US$500 hasta que encuentre un empleo.
"Lo realmente sorprendente de este caso, sin precedentes, es que el juez no estableció un límite", explica Rosario Bello, representante legal de Clara.
Tanto que la manutención podría acabar convirtiéndose en una pensión de por vida.
1 de cada 3 jóvenes españoles de entre 25 y 34 años no completó la educación secundaria.
"No existe un reglamento que determine el tiempo que los padres deben mantener a sus hijos", explica la abogada.
"Normalmente el límite se establecía a finales de los 20, lo que permitía a los hijos cursar estudios superiores o incluso hacer una maestría antes de incorporarse al mundo laboral", dice Bello.
"La crisis, sin embargo, ha hecho que esto cambie".
A pesar de que la economía española lleva 2 años en proceso de recuperación, la tasa de paro juvenil sigue estancada en el 43%.
Un porcentaje muy alto pero que tiene justificación en que muchos jóvenes españoles siguen estudiando hasta casi cumplir 30 años.
La cruda realidad, sin embargo, es que menos del 40% de la gente joven tiene un empleo remunerado, de acuerdo a un estudio publicado en abril por La Obra Social la Caixa.
En el informe titulado 'Paro juvenil y pobreza: ¿un problema estructural?' su autora, Begoña Cueto, de la Universidad de Oviedo, explica que "la relación entre baja formación y desempleo de los jóvenes es un círculo vicioso difícil de romper".
Según el reporte, 1 de cada 3 jóvenes de entre 25 y 34 años no completó la educación secundaria y comenzó a trabajar sin cualificación durante la época del boom de la construcción en España.
En 2008 estalló la crisis y la mayoría de ellos quedó desempleado.
"Uno de los desafíos clave que debe afrontar nuestro sistema educativo es la reducción de la tasa de abandono escolar, independientemente de la situación económica del país", plantea Cueto.
Mientras tanto, muchos jóvenes siguen viviendo de sus padres y se aprovechan de la tradicional solidaridad de las familias españolas.

sábado, 20 de mayo de 2017

IU: La imposición de custodia compartida es nociva e inaceptable

EFE, 19.05.2017
Izquierda Unida considera que la custodia compartida es una buena opción si es consensuada de mutuo acuerdo por los progenitores, pero cree que su imposición es una medida "inaceptable y nociva".
Esta semana en el Congreso de los Diputados, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, indicó que aboga por la inclusión de la figura de custodia compartida en el Código Civil, una modalidad que considera que ha de normalizarse pero no imponerse de manera automática.
Al respecto, Izquierda Unida ha afirmado que nunca apoyará un desarrollo legislativo que contemple la imposición de la custodia compartida, ya que supondría "un retroceso en los avances conquistados por las mujeres".
Si no existe un acuerdo de cooperación entre los padres, los efectos de la custodia compartida "son muy negativos para la autonomía y los derechos de las mujeres, dado que se las obliga a mantener un tipo de relación con el padre que pueden no desear", ha indicado en un comunicado la responsable federal del Área de la Mujer de IU, Maite Mola.
Nota: La legislación sobre el divorcio en España, es un negocio para las mujeres divorciadas, y consecuentemente para los partidos políticos que buscan sus votos.

ESPAÑA: Se producen más de 90.000 divorcios al año

Divorcios, ¿Cómo encontrar al abogado adecuado para un trámite tan personal?
Durante un trámite relevante como el divorcio la figura del especialista que lo gestione toma importancia.
LUIS CIFUENTES, 19/05/2017
Ya sea de mutuo acuerdo, contencioso, con custodia compartida o régimen monoparental, en España se producen cada año más de 90.000 procesos de divorcio en los que se ven involucradas las familias afectadas. Debido a las graves consecuencias que el proceso tendrá para ellas también toman importancia los abogados especialistas que les representan en el proceso.
Durante el 2015 en España se divorciaron más 96.000 parejas, según los datos publicados por el INE a finales de 2016; una tasa del 2,1 por cada 1000 personas, según Eurostat, que se sitúa por encima de la media europea.
En la mayoría de los casos el divorcio no es un mero trámite, con todo lo que está en juego es necesario encontrar al abogado especialista más indicado para llevar el caso. Para facilitar la búsqueda de abogados especializados nacen plataformas como Easyoffer con la que más de 20.000 personas en toda España han encontrado al profesional que necesitaban para su caso.
Internet ofrece una gran puerta de acceso a abogados, pero también se trata de una entrada sin filtro; en ello radica la importancia de esta plataforma que facilita la conexión entre las personas que inician la tramitación de un divorcio y los abogados adecuados para su situación particular; ofrece la posibilidad de ser contactado por 3 profesionales, seleccionados por especialidad y localización, para poder comparar y elegir al candidato idóneo para el caso.
Un especialista para lo que más importa
Más allá del coste económico del divorcio, que de por si resulta preocupante para muchas parejas, existe también el coste que tendrá para las personas afectadas a otros niveles, especialmente en el caso de haber menores implicados.
El divorcio y las modificaciones en los núcleos familiares producen un gran impacto en los menores involucrados. La conflictividad que se genera en la pareja durante y con posterioridad a la separación no sólo tiene efectos en su relación, en el caso de los hijos estas situaciones llegan a afectar incluso a su rendimiento educativo, como muestra el estudio de 2017 conducido por Sandra Escapa. 
La fluidez del proceso y sus resultados son importantes.
En España hay más de 142.000 abogados ejerciendo la profesión según el censo de colegiados, una amplio abanico para elegir en los casos de divorcio que suponen un trámite muy personal y relevante para el que, dentro de los especialistas en la materia, es necesario encontrar al abogado adecuado ya que hay mucho en juego.
Nota: Desde la Asociación Padres y Madres en Acción (PAMAC) Tenemos convenios de Colaboración con prestigiosos despachos de abogados con más de 30 años de experiencia en derecho de familia. Garantizamos la Profesionalidad. El resultado final, la sentencia, depende del Juez que lleve tu caso, pero hay que ponérselo difícil.

viernes, 19 de mayo de 2017

Negocio: Vivienda y violencia de género

Las mujeres víctimas de violencia de género son el sector más perjudicado por los desahucios.
Así lo señala un informe de Amnistía Internacional, que asegura que «la crisis de vivienda en España no ha terminado»
abc.es/05/05/2017
El derecho a la vivienda en España «no está protegido adecuadamente» según denunció este jueves el investigador de Amnistía Internacional (AI) Koldo Casla durante la presentación de un informe en el que también se constata la «poca o nula información y el estigma» que padecen las personas desahuciadas en España.
El documento, llevado a cabo por Casla con el título «La crisis de la vivienda no ha terminado. El derecho a la vivienda y el impacto de los desahucios de viviendas en alquiler sobre las mujeres en España», revela que, 10 años después del inicio de la recesión económica, «la crisis de vivienda en España no ha terminado».
Además, la ONG añade que «las autoridades, en lugar de tomar medidas para proteger a miles de personas afectadas por esta situación, han dado pasos hacia atrás, liberalizando y flexibilizando los contratos de alquiler y el proceso de desalojo como consecuencia de varias reformas en la Ley de Arrendamientos Urbanos y en la Ley de Enjuiciamiento Civil».
«La crisis del derecho de la vivienda no ha terminado en España. No solo no se han adoptado medidas para proteger a más personas, sino que, en ocasiones se les ha llevado a una trampa de vivienda insegura, olvidando que se trata de un derecho humano, y no de un bien de inversión», ha declarado la directora adjunta de Amnistía Internacional España, Eva Suárez-Llanos. «Esto queda reflejado en el hecho de que ni siquiera es un derecho protegido con las máximas garantías en la Constitución», añade.
La organización también lamenta que no existan datos desagregados sobre los 34.193 desahucios por impago de alquiler que se produjeron en 2016, al no distinguir entre locales comerciales y viviendas, por lo que Suárez-Llanos ve «imprescindible conocer la verdadera situación que existe en España sobre el derecho a la vivienda: cuántas personas han perdido sus casas».
Derecho de segunda categoría.
En este punto, Amnistía Internacional lamenta que en la Ley de Enjuiciamiento Civil no exista una obligación para que los jueces analicen la proporcionalidad de un desahucio y estudien caso por caso las circunstancias personales de cada desalojo.
AI explica que, aunque según la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, las mujeres víctimas de violencia de género deberían ser un colectivo prioritario para el acceso a viviendas sociales, en el caso de Madrid se les exige una sentencia condenatoria o una orden de protección lo que supone que, en la práctica, la mayoría de las víctimas no logre el apoyo necesario para que se proteja su derecho a la vivienda.
«La realidad es que el acceso a una vivienda social es una promesa incumplida para las mujeres víctimas de violencia de género en Madrid. De todas aquellas que dieron un paso adelante y denunciaron la violencia ante los tribunales, el 49,2% vio inadmitida o rechazada su solicitud y, por tanto, no obtuvo acceso prioritario a una vivienda social», añade Casla, para quién el acceso a la vivienda «no debería depender de que estas mujeres presentaran cargos, y menos aún de que consiguieran la orden de protección, algo que no está en sus manos».
Madrid y Barcelona, a la cabeza.
El informe de AI indica que, en 2016, se produjeron 34.193 desahucios por impago de alquiler, 144.055 desde 2013. Asimismo, el año pasado, el 11% de las familias no pudieron pagar a tiempo la hipoteca o alquiler, situación que afectó al 17,3% de los hogares monoparentales.
Del total de desahucios que tuvieron lugar en 2016, las provincias de Madrid y Barcelona acumulan el 34% de ellos, con 4.760 y 6.710 desalojos por impago de alquiler respectivamente, según se indica en el informe.
En Madrid, AI hace referencia a la situación de las víctimas de la venta de 4.800 viviendas sociales y otras propiedades a fondos de inversión que tuvo lugar entre 2011 y 2013 por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento.
Tras entrevistarse con 14 de ellas, así como con organizaciones representantes de personas afectadas, denuncia que «los gastos de alquiler subieron y muchas personas han sufrido la denegación de la prórroga de ayudas a la vivienda puesto que ya no son de propiedad pública» por lo que los afectados «siguen sufriendo las consecuencias sin que se les dé una solución».
En Cataluña, Amnistía Internacional indica que, a pesar de que se han dado «pasos positivos» sobre el derecho a la vivienda, los protocolos que existen entre los servicios sociales y las autoridades judiciales para hacer frente a los desalojos «no siempre se cumplen».
Como consecuencia, añade, «no se garantiza una respuesta efectiva y un alojamiento alternativo» a las personas en riesgo de exclusión social cuando existe una demanda de desalojo, especialmente cuando afecta a menores, personas con discapacidad o problemas de salud mental, o personas de avanzada edad.
AI precisa que España destina el 2% del total de viviendas a vivienda social, frente a 32% de Holanda, 20% de Austria, 18% Reino Unido y 17% en Francia. El país también se sitúa a la cola en gasto público en vivienda pues España es uno de los que menos gasto público destina a este servicio, el 0,5%, en comparación con otros como Francia (1,44%) o Eslovaquia (0,61%).
Recomendaciones.
A tenor de los resultados, AI ha formulado una serie de recomendaciones para garantizar el derecho a la vivienda. Así, pide al Gobierno español que garantice que el marco jurídico que regula el procedimiento de desalojo incorpore salvaguardias adecuadas, incluida una prueba de proporcionalidad.
También considera que se debe adoptar un protocolo marco en relación con los desalojos que incluya medidas para garantizar la coordinación entre tribunales y autoridades municipales para proporcionar viviendas alternativas adecuadas a las personas con recursos limitados.
Asimismo, aboga por presentar un proyecto de ley sobre el derecho a la vivienda basado en las normas internacionales de derechos humanos, y trabajar en coordinación con las comunidades autónomas para destinar más recursos a ampliar el parque de vivienda social. Además, cree que se debe modificar la Ley de Violencia de Género para garantizar que se incluya en la misma el daño y abuso económico.
En el caso de comunidades autónomas y ayuntamientos, pide que se destinen más recursos a ampliar el parque de vivienda social y las ayudas a la vivienda y que evalúen el impacto de sus políticas de vivienda, especialmente en las mujeres.
También se reclama a Cataluña que mejore la coordinación de los servicios sociales, de vivienda y de víctimas de violencia de género, y que asegure la efectiva aplicación de los protocolos; mientras que en Madrid subraya que se ha puesto en marcha la campaña «El derecho a la vivienda #NoSeVende», para proteger a los afectados por la venta de viviendas sociales.
En este sentido, solicita a este gobierno autonómico que restablezca las prestaciones sociales para garantizar que los inquilinos pueden hacer frente a todos los pagos y pide a las autoridades locales y autonómicas que deben evitar los desahucios de viviendas sociales si no hay garantía de una vivienda alternativa.

jueves, 18 de mayo de 2017

El Gobierno se compromete a "normalizar" la custodia compartida si no hay maltrato

La ministra de Sanidad insistió en la necesidad de que los jueces puedan analizar cada caso y que, en las ocasiones en que exista acuerdo, dispongan del recurso a la custodia compartida.
S. R., EP, Madrid. 17.05.2017
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha pedido buscar el apoyo de todos los grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo de cara a "normalizar" la custodia compartida en toda España, para que sea un instrumento en el ordenamiento jurídico, aunque nunca si existen conflictos o violencia machista.
"No se trata de imponer la custodia compartida sino de normalizar el recurso a la misma y que este recurso exista en todo el territorio nacional, facilitando el trato cotidiano y frecuente de los niños con sus progenitores y reduciendo el nivel de conflicto de la pareja", ha indicado Montserrat en respuesta a una interpelación urgente de Ciudadanos.
La ministra ha insistido en la necesidad de que los jueces puedan analizar cada caso y que, en las ocasiones en que exista acuerdo, dispongan del recurso a la custodia compartida por si consideran que es la fórmula más adecuada, teniendo en cuenta: que prime el interés superior del menor y evitar la imposición de esta fórmula en caso de conflicto extremo y violencia machista. "En ningún caso en las situaciones de violencia de género, ante estas situaciones solo cabe tolerancia cero", ha precisado.
Asimismo, ha apostado por que cada fórmula de custodia se prevea con la "suficiente flexibilidad para posibilitar la adaptación a posibles cambios a la situación de partida y en aras del interés del menor".
Por su parte, la diputada de C´s Melisa Rodríguez ha recordado que con Alberto Ruíz-Gallardón como ministro de Justicia ya se aprobó por mayoría en la Cámara Baja una moción que instaba al Gobierno a, en un plazo de 6 meses, hacer las modificaciones necesarias para impulsar la guardia y custodia compartida en España poniendo el derecho del menor como prioridad; un punto que también se recoge en el Pacto de investidura firmado entre Ciudadanos y el PP.
"Desidia" del Ejecutivo
"Lamentablemente tengo que hablar de la desidia del Gobierno en esta materia porque si se ha tenido que traer este tema otra vez al Congreso es porque no se ha hecho nada", ha señalado Rodríguez. 

También ha hablado de desidia para referirse a la ausencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en este debate, ya que a él iba dirigida la interpelación inicialmente.
Para Montserrat, la custodia compartida "no puede ser impulsada únicamente con el apoyo del PP y Ciudadanos" ya que suponen la mitad de la representación en el Congreso y, por tanto, "la mitad de la sociedad". En este sentido, ha considerado "imprescindible el apoyo de otros grupos" para obtener "un apoyo mayoritario" ante un tema que supone una gran preocupación para la sociedad.
En este sentido ha señalado que "lo importante será la moción" consecuencia de esta interpelación urgente que se debatirá en el Pleno con la que, a su juicio, se podrá ver qué grupos defienden el interés del menor y apoyen "la introducción de este modelo en el Derecho Civil".
Distinción por regiones
Rodríguez también ha puesto de manifiesto la desigualdad que existe entre las comunidades autónomas pues mientras en Cataluña el porcentaje de sentencias en las que se concede la custodia compartida aumentan hasta el 40%, en otras como Extremadura solo alcanzan el 8%. "No puede haber distinciones cuando se trata del interés superior del menor", ha defendido.
En este sentido, Montserrat ha reconocido que "no puede ser que haya unas comunidades autónomas que tengan este derecho reconocido en su propio Derecho Civil y otras no" y por ello ha indicado que es algo que hay que "modificar".
Finalmente, tanto la ministra como la diputada de Ciudadanos han coincidido en la obligación de ambos progenitores para ejercer la corresponsabilidad tanto si están juntos como separados.
"La familia es nuestra razón de ser y es compromiso de este Gobierno avanzar hacia la corresponsabilidad y la conciliación introduciendo el modelo de guardia y custodia compartida en el Derecho Civil, y ahí nos vamos a encontrar para trabajar y llegar al consenso", ha concluido Montserrat.

En Otros Medios: La Vanguardia,
Nota: Más de lo mismo, de lo que ya esta regulado, y solo crea conflictos.

C´s solicita al Gobierno regular la custodia compartida en España

La portavoz del GPCs, Melisa Rodríguez, exige al PP que cumpla el punto 38 de las exigencias de Ciudadanos
Fuente: Ciudadanos (C’s) - 17.05.2017
La portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs), Melisa Rodríguez, ha pedido al Gobierno que “se pongan en marchar de forma urgente las medidas necesarias para regular la custodia compartida en España” y que se tenga en cuenta que “siempre tiene que primar el interés y bienestar del menor”.
En este sentido, Rodríguez ha criticado que “debido a esta falta de regulación a nivel nacional, se ha creado un mapa de perversión sobre la custodia compartida ya que, dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivan los progenitores, la normativa varía”.
“Ciudadanos no va a hacer oídos sordos porque eso sería ahondar en la desigualdad de género, ahondar en que no prime el interés del menor”, ha manifestado la portavoz de la formación liberal.
Por todo ello, Rodríguez ha exigido al Ejecutivo que “cumpla con el punto 68 de las exigencias de Ciudadanos” que dice que hay que impulsar las reformas legales necesarias para incorporar en nuestro Código Civil la custodia compartida como modalidad más deseable en caso de separación o divorcio, haciendo prevalecer siempre el interés del menor y siguiendo las directrices de la convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de los niños.
“A ver si, de una vez por todas, desbloqueamos este asunto”, ha sentenciado Rodríguez que ha concluido su intervención plenaria dejando claro que “Ciudadanos va a seguir dando la lata para defender la igualdad y los derechos de los ciudadanos y los niños de este país y para que todos los cambios que la sociedad ya ha asumido, pero el Gobierno no, lleguen y sean una realidad”.

Nota: C´s no tiene pensado modificar la actual ley del divorcio, y por lo tanto tampoco la Guarda y Custodia. Piden, como siempre, la Custodia Compartida de Mutuo Acuerdo, no en los procesos contenciosos. Y que nos digan que entienden por "Interés Superior del menor".

Divorcio: Diferencias entre Custodia Monoparental y Compartida


¿Tienes dudas sobre cómo se resuelve la custodia compartida?
La abogada Estrella Toribio nos cuenta en ‘El bufete de la radio’ las diferencias entre la custodia monoparental y compartida, los requisitos para que se otorgue y la legislación que se aplica para conseguirla en Albacete.
Cadena SER, Albacete, 17/05/2017
Este miércoles en 'El bufete de la radio', la abogada Estrella Toribio, especialista en Derecho Civil y Penal, y en Derecho de Familia, nos habla de la custodia compartida y la patria potestad, resolviendo todas las dudas que pueden surgir al respecto, tanto si estamos en un proceso de separación con hijos de por medio, como si estamos intentando conseguir la custodia.
¿QUÉ ES LA CUSTODIA COMPARTIDA?
La corresponsabilidad parental en cuanto al reparto equitativo de derechos y deberos frente a sus hijos.
¿QUÉ ES LA CUSTODIA INDIVIDUAL O MONOPARENTAL?
El menor se queda bajo el cuidado de uno de los progenitores, quien se ocupará de cubrir todas sus necesidades, y el progenitor no custodio debe contribuir económicamente a cubrir esas necesidades.
¿QUÉ REQUISITOS HAY QUE REUNIR PARA TENER LA CUSTODIA COMPARTIDA?
El principal requisito es el interés del menor, además de tener en cuenta las condiciones de habitabilidad, compatibilidad de horarios escolares con los laborales, la proximidad de los domicilios al colegio, etc.
¿PUEDE MODIFICARSE LA CUSTODIA MONOPARENTAL A LA CUSTODIA COMPARTIDA?
Sí, por acuerdo de las partes, o por incumplimiento de uno de los progenitores.
¿QUÉ ES LA PATRIA POTESTAD?
Una obligación de los progenitores frente a los menores, y un derecho de los menores frente a los padres.
¿A PARTIR DE QUÉ EDAD UN MENOR PUEDE DECIR CON QUÉ PADRE ESTAR?
Desde los 12 años, o menos si tiene suficiente juicio.
¿ES FÁCIL CONSEGUIR LA CUSTODIA COMPARTIDA?
En Albacete se aplica la legislación común, es decir, el Código Civil. Sin embargo, en otras Comunidades Autónomas tienen una legislación más específica, donde es más fácil.

¿CUÁNTO TENDRÉ QUE PAGAR DE PENSIÓN DE ALIMENTOS?


Iuris Bilbao Abogados
En España, en 2016, se produjeron casi 7 rupturas por cada 10 matrimonios. En muchos casos la situación, aparte de lágrimas y enfados de por vida, no entraña excesiva complejidad. ¿Pero qué ocurre en aquellos supuestos en los que hay hijos en común? Es evidente que las relaciones terminan pero los hijos siguen ahí. Y una vez producido el correspondiente divorcio o separación, ¿quién se ocupa de todos los gastos que generan (colegio, ropa, la extraescolar de inglés, etc.)?
La pensión alimenticia: mucho más que el simple alimento
Es necesario destacar desde el 1º momento que, cuando se habla de “alimentos” en jerga jurídica, no se hace referencia exclusivamente a la comida física, sino que el término se extiende a todo lo necesario para la manutención de una persona: vestido, gastos de asistencia sanitaria, un techo donde dormir, entre otros.
Como es natural, ambos progenitores tienen el deber de contribuir a los alimentos de los hijos, persista el vínculo sentimental o no. De esta manera, se denomina “pensión de alimentos” a aquella cantidad que el progenitor que no ostenta la custodia de los hijos debe abonar mensualmente al otro, en concepto de manutención.
Mi ex se ha quedado con la custodia de los niños. ¿Cuánto tengo que pasarle al mes?
Evidentemente no hay 2 casos iguales. La regla general es que la cuantía de la pensión variará en función de las circunstancias, de forma que, como es lógico, habrá que pagar más cuando las necesidades de los hijos sean mayores y cuando la economía del obligado a prestarlos así lo permita.
A modo orientativo, el Consejo General del Poder Judicial ha elaborado unas tablas atendiendo a las particularidades de cada familia. Sin embargo, es necesario precisar que los importes contenidos en las mismas no son vinculantes, sino meramente orientativos. Veámoslo con un ejemplo:
Me he divorciado, quedándose mi ex cónyuge con la custodia de nuestro hijo de 8 años. Él/ella no trabaja y yo cobro mil euros (1.000 €) al mes. ¿A cuánto asciende la pensión?
Cabe destacar que el importe exacto de la pensión varía en función de la Comunidad Autónoma (e incluso entre municipios). En el caso de una pareja de Bilbao, con los datos propuestos, la mensualidad debería rondar los doscientos ochenta y cuatro euros (284€), si bien no hay que olvidar que esta pensión de alimentos se va actualizando periódicamente conforme al incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC). Cada año la vida cuesta más y esta pensión de alimentos no iba a ser la excepción.
¿Y si mi ex cobrara 1000 euros al mes?
Como es natural, si el cónyuge custodio dispone también de ingresos, es lógico que el importe de la pensión de alimentos se reduzca. En el caso planteado, el importe orientativo según las tablas oficiales descendería a doscientos ocho euros (208 €) aproximadamente.
¿Y si el sueldo mensual de mi ex es de tres mil euros (3.000 €)?
En este caso, aunque haya un desequilibrio tan evidente entre rentas, cabe destacar que la pensión alimenticia no se puede suprimir porque evidentemente, los hijos siguen siendo de los 2. La cuantía se reduciría notablemente, eso sí: aproximadamente ciento treinta y seis euros (136 €).
Y para terminar, desmintamos un falso mito…
Son muchos los progenitores que creen que sus responsabilidades económicas se terminan cuando los hijos cumplen 18 años. No obstante, si bien es cierto que con la mayoría de edad se extingue patria potestad, persiste la obligación de prestar la citada pensión alimenticia, siempre y cuando los hijos, salvo excepciones, todavía vivan en el domicilio familiar y carezcan de recursos económicos propios y suficientes.

El Poder Judicial investiga a la jueza denunciada por revelar secretos

El CGPJ le abre un expediente disciplinario y lo comunica al presidente del Tribunal Superior de Balears.
J.F. Mestre Palma 17.05.2017 
El Consejo General del Poder Judicial ha abierto un expediente disciplinario contra la jueza de primera instancia de Palma que ha sido denunciada por un presunto delito de revelación de secretos y otro de injurias. Precisamente ayer la magistrada prestó declaración en el Tribunal Superior de Justicia de Balears y lo hizo en calidad de investigada. Declaró asistida por sus 2 abogados y fue interrogada por la magistrada Felisa Vidal, instructora de dicha querella. Se le acusa de haber enviado información a su expareja sobre un caso de divorcio en el que había intervenido como magistrada. Escritos en los que desacredita y ataca con dureza a la mujer que presentó la demanda de divorcio y lo hizo porque esta mujer iniciaba una relación sentimental con la expareja de la jueza.
Con respecto al expediente disciplinario, el CGPJ ha comunicado al presidente del Tribunal Superior de Balears, Antoni Terrasa la decisión que se ha adoptado. A pesar del inicio de dicho expediente, el Consejo no ha adoptado ninguna medida provisional. La jueza sigue presidiendo un juzgado de primera instancia de Palma, aunque este expediente interno podría afectar a su carrera profesional.
Sobre la declaración que realizó ayer como investigada, la magistrada reconoció la autoría de los mensajes electrónicos que envió a su expareja. Escritos que envió a distintas horas y en diferentes días. En estas cartas intenta convencer a su expareja de que no inicie una relación sentimental con la mujer a la que había conocido, dada la mala impresión que tenía de ella como consecuencia de la vista de medidas provisionales en la que ella había intervenido. Una impresión que se hizo la magistrada sin ni siquiera haber escuchado la declaración de la mujer que se estaba divorciando, ya que no habló durante dicha vista.
Desacreditar a su expareja
La magistrada sostuvo ayer que lo que pretendía al escribir estas cartas era avisar a su expareja de la mala impresión que le había causado la mujer divorciada. También intentó desacreditar a dicha expareja, que en su momento aportó los correos que le había enviado y que ya declaró como testigo en esta investigación.
En estos escritos electrónicos la jueza incluye detalles del proceso de divorcio en el que ella había intervenido como magistrada. Se trataba de una vista para adoptar medidas provisionales en esta demanda de divorcio. La jueza se posicionó a favor del marido y rechazó la pretensión económica que pedía la esposa. En estos relatos escritos la denunciada dedica varios insultos a la divorciada.

Los claroscuros de las denuncias falsas por violencia de género

Por Mercedes Patón, de Patón&Asociados, 18 Mayo 2017
Las denuncias falsas contra hombres en casos de violencia de género existen. Este es un hecho objetivo conocido por jueces y abogados que se dediquen al Derecho de familia.
Lo que ya no están tan claro, por falta de consenso y cifras concluyentes, es el porcentaje de denuncias falsas frente a las que no lo son. Según un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2016 se presentaron en España 142.293 denuncia por violencia de género. De estas, más del 45% derivaron en sobreseimiento libre o provisional; casi el 12% terminaron en sentencia condenatoria y menos del 3% en condena absolutoria.
Si atendemos a otro informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, también del CGPJ, sólo el 0,4% de las denuncias por violencia machista serían falsas. Y es que de las 500 sentencias estudiadas por el propio Consejo General entre los años 2012 y 2014, sólo en 2 ocasiones se abrió un proceso por falso testimonio contra 2 mujeres.
Por otro lado, la Fiscalía especializada en Violencia sobre la Mujer reflejaba en su memoria anual de 2016 que únicamente el 0,0079% de las denuncias presentadas entre 2009 y 2015 serían falsas.
Sin embargo, existen contradicciones llamativas. 
Como que según datos del mismo CGPJ, entre los años 2004 y 2015, más de 1 millón de denuncias interpuestas por violencia de género fueron archivadas, no estaban probadas o incluso son consideradas simulaciones de delito. Este gran número de denuncias que no llegaron a recibir sentencia reflejan que esta práctica es más habitual de lo que pueda parecer.
Además, es fácil encontrar multitud de informes independientes, elaborados por asociaciones y colectivos que incluso sostienen la correlación entre los fondos europeos canalizados para las políticas de género y el incremento de las denuncias falsas.
Sea como fuere, este tipo de denuncias son una realidad que, en mayor o menor porcentaje, afectan de manera habitual a los hombres en procesos de divorcio. Además son también una forma de violencia, una violencia que se produce sin necesidad de golpes o insultos y que deja también una huella difícil de borrar.
El principal motivo por el que las mujeres suelen interponer este tipo de denuncias es para quedarse con la custodia de los hijos, aunque otras mujeres denuncian a sus parejas por motivos económicos o simplemente por despecho.
Las consecuencias inmediatas que tienen las denuncias falsas por violencia de género para el hombre es pasar hasta un máximo de 72 horas en prisión preventiva. También se le expulsa del hogar familiar, no puede solicitar la custodia compartida de sus hijos y tampoco podrá solicitar ningún tipo de prestación pública.
En cambio, la mujer al interponer una denuncia falsa por malos tratos, tiene ciertos derechos como son la asistencia jurídica gratuita, ventajas laborales e incluso recibir una prestación social en caso de necesitarla. Además, las penas que puede recibir si se descubre que esa denuncia es falsa son mínimas.
Los hombres que son víctimas de esta lacra tienen que enfrentarse a un doble juicio. Por una parte, deben acudir a los tribunales, junto con un abogado especialista en denuncias falsas, donde se enfrentan a la justicia.
El 2º juicio al que se enfrentan los hombres víctimas de denuncias falsas por malos tratos es el social, ya que aunque sean inocentes, muchas de sus amistades, familiares o incluso compañeros de trabajo, pueden estigmatizar a la víctima al pensar que son culpables.

sábado, 13 de mayo de 2017

Flema inglesa: Un divorcio de 1.292 millones de euros


Un juez de Londres zanja una separación de una pareja eslava con una división salomónica.
EL PAÍS, Londres / Madrid 12 MAY 2017 
Londres se ha convertido en la capital de las demandas de divorcio contra cónyuges supermillonarios. Sobre todo si estos son rusos. 
El juez Charles Anthony Haddon-Cave ha decidido dividir casi por la mitad la fortuna de un empresario infiel del Cáucaso, cuya pareja recibirá 536 millones de euros, lo que equivale el 41,5% de los bienes del matrimonio como compensación a su contribución al bienestar familiar. "Me parece que esta cifra está justificada", ha dicho el juez, que no ha dado la identidad de los afectados. El caudal a repartir superaba los 1.292 millones de euros.
Él tiene 61 años y amasó su fortuna con el gas y el petróleo. Ella tiene 44 años y es originaria de un país de Europa oriental. Se conocieron en Moscú en 1989, cuando él estaba de salida de un 1º matrimonio y ella aún estudiaba. Desde 1993 viven en Londres. Tienen 2 hijos, mansiones por medio mundo, empresas en el otro medio, yate, avión, helicóptero...
A pesar de las infidelidades (sobre todo de él), vivían juntos. Eran "un matrimonio subsistente", según el juez, a pesar de que él había tenido una larga relación con otra mujer de la que nació un hijo en 2013. Y esta fue la gota que colmó el vaso de la separación.
La esposa del millonario presentó una demanda de divorcio en la que reclamaba, entre otras cuestiones, 46 millones de euros para comprar una casa en Londres donde mudarse tras la separación, otros 33 millones para adquirir otra en otro lugar del mundo, así como 6,3 millones de euros anuales para gastos. Y el marido no quiso.
Fue entonces cuando ambas partes expusieron en el tribunal sus argumentos y sus millones. El juez Haddon-Cave se enteró entonces de que habían comprado obras de arte por 132 millones; que habían adquirido un yate por 260 millones, al que le hicieron una reforma que costó otros 42; que familia y amigos celebraron el 50 cumpleaños de él en Maldivas; que tenían un Aston Martin de 413.000 euros, o que en 2013 él se había gastado 400.000 euros en joyas... De hecho, ahora estaban remodelando "la casa de vacaciones en Francia" y planificando "la casa de sus sueños en el Cáucaso".
Por lo tanto, eran "un matrimonio subsistente" que, según el juez, "dormía en la misma cama cuando estaban juntos, tenían relaciones sexuales, salían de vacaciones regularmente junto con los niños y compartían una cuenta bancaria conjunta".
La mujer había reclamado originalmente 413 millones de euros. Él dijo no. Ella pidió otros 110 millones. Así que sir Justice Haddon-Cave sentenció: "El valor de su reclamación es de 453.576.152 libras [536.822.568,81 euros al cambio oficial de hoy]. Esto representa el 41,5% del total de los activos matrimoniales. Me parece que esta cifra esta justificada en todas las circunstancias". Este reparto tiene un motivo: "La riqueza se acumuló durante la vida del matrimonio gracias a las contribuciones iguales al bienestar de la familia y por tanto debería estar sujeta al principio de compartir".
Pues compartida: 536 millones para ella, 756 para él. Ninguno pobre.

Divorcio, violencia doméstica y régimen de visitas.

El juez reconoce el deseo de una niña de no ver a su padre maltratador.
Tanto la menor como su madre fueron víctimas del maltrato psicológico ejercido por el hombre.
Efe/Murcia 12.05.2017 |
La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por un hombre contra la sentencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer que no estableció un régimen de visitas de su hija, menor de edad, porque ésta manifestó su deseo de no verle tras haber sido condenado por maltrato psicológico.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que el apelante fue condenado en sentencia firme como autor de un delito de maltrato psicológico continuado en el ámbito familiar, de los que fueron víctimas tanto la niña como su madre.
Igualmente señala que la pequeña fue testigo de cómo en una ocasión el recurrente dio un empujón a la madre, lo que ha afectado a su estado emocional, como está acreditado por los especialistas que han intervenido en la causa.
La Audiencia, que tiene como ponente al magistrado Juan Martínez, señala también que está igualmente acreditado que el apelante presenta conductas adictivas que están ligadas al abuso en el consumo de alcohol, como la ludopatía.
La sala dice, además, que la niña, que ya es mayor de 12 años, ha manifestado en varias ocasiones su deseo de no ver a su padre "y tiene muy claro que no desea relacionarse con él, ya que por la situación desagradable que ha sufrido afirma que le produce temor el mero hecho de mencionar la posibilidad de restablecer los contactos con su progenitor".
La sentencia rechaza así la petición del recurrente, que solicitó que se acordara un régimen de visitas progresivas de la niña a favor de aquél.
El tribunal ha rechazado una 2ª solicitud, por la cual el padre pedía que se anulara la pensión de alimentos que paga a un hijo mayor de edad, que se eleva a 150 euros mensuales, y que la que abona a la niña, por igual cuantía, se redujera a 100 euros, debido a su situación económica.
Por otra parte, la Audiencia de Murcia ha rechazado la impugnación planteada por la madre, que solicitó que se elevara la citada pensión.
Afirma la sentencia que no es posible acceder a lo reclamado porque no existe prueba directa ni indiciaria de que su exmarido tenga capacidad económica suficiente para hacer efectiva una pensión de alimentos por importe superior al que fijó el Juzgado.
Nota: Síndrome de Alienación Parental, condena  y pensión de alimentos vitalicia, sin poder ejercer de padre,..... los problemas de Judicializar la vida familiar.

como bajar vídeos desde Facebook

Veo que algunos no saben como bajar vídeos desde Facebook así que les voy a dejar un procedimiento sencillo para hacerlo sin necesidad de ningún programa especial.
Para bajar los vídeos de Facebook hay que hacer lo siguiente con el ordenador (con el teléfono inteligente creo que es lo mismo pero no lo he probado aún):
· Clic en el vídeo de Facebook que se quiere bajar para iniciar la reproducción.
· Clic con el botón derecho del ratón sobre el vídeo que se está reproduciendo. Se abrirá un desplegable con 3 filas
· Clic en "mostrar la URL del vídeo". Aparece otro cuadro de una sola fila que tiene la dirección donde está alojado el vídeo
· Clic con el botón derecho encima de esa dirección y se abre un nuevo desplegable
· Clic en copiar
· Abrir una nueva pestaña en el explorador y pegar el enlace en la barra de direcciones. En nuestro caso el enlace es: https://www.facebook.com/samux.casla/videos/1496154607093556/
· Borrar la triple "w" y poner en su lugar una "m". El enlace corregido nos va a quedar así: https://m.facebook.com/samux.casla/videos/1496154607093556/
· Ahora le damos a "intro" y el vídeo empezará a reproducirse
Recién ahora podremos bajarlo:
· Clic en "Play" para iniciar la reproducción
· Clic con el botón derecho del ratón sobre el vídeo que se está reproduciendo. Se abrirá un desplegable
· Clic en "guardar vídeo como...". Se abrirá un cuadro de diálogo que permitirá guardarlo en el ordenador y cambiar el título, porque en el original suele ser un número largo que no dice nada de su contenido
Espero haberles aportado algo.
Un saludo
Jorge Skibinsky

viernes, 12 de mayo de 2017

Divorcio, custodia y violencia doméstica

Feijóo, por cambiar la ley: "Un maltratador no puede tener la custodia de sus hijos".
Decretan prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por la muerte de su hijo. 
Se ha acogido a su derecho a no declarar y ha sido examinado por forenses.
A CORUÑA/SANTIAGO. E.P. | 11.05.2017
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha ratificado este jueves que avala "cambiar y adecuar" la legislación vigente, de forma que se endurezca el control sobre la relación con sus hijos de los maltratadores. "Una persona condenada por maltratador machista no puede mantener la custodia de sus hijos", ha sentenciado.
En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, el presidente ha recordado el doble parricidio de Moraña (Pontevedra) y también el caso del niño hallado en Oza-Cesuras (A Coruña), por cuya muerte ha sido detenido su padre.
Feijóo trasladado el "pésame y el afecto" de todos los gallegos a su madre, pero ha reconocido que "nada sirve" para la madre no se podrá "reparar su vida".
Ahora, ha apelado a esperar a que se "complete" la investigación y ha pedido que "todo el peso de la ley caiga sobre el autor", ya que la "sentencia" es "la única" que puede concretar lo ocurrido "judicial y probatoriamente".
Al tiempo, ha recordado que la Conferencia de Presidentes decidió "hilvanar" un nuevo Pacto de Estado sobre la violencia machista y ha recalcado que hay "una postura común" entre los grupos al respecto en el Parlamento, que también trasladará la Xunta.
LAS MADRES, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA
Dicho esto, ha reconocido que "hay que cambiar y adecuar la legislación" a la situación "real" que "lamentablemente se vive en el mundo".
"Pensamos que se deben considerar víctimas de violencia machista a las madres de los niños asesinados por los padres; sin duda", ha recalcado el presidente.
PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD
También ha respaldado que se prive de la patria potestad en los casos de asesinato machista. "Pensamos que hay que suspender el régimen de visitas para los padres maltratadores y que hay que prohibir la atribución al agresor condenado por violencia machista de la guardia y custodia compartida o exclusiva de sus hijos", ha recalcado.
"Una persona que maltrata a la madre no puede tener la patria potestad de los hijos. Nos parece que, cuando una persona por sentencia, está condenada por maltratador machista, no puede mantener la custodia de sus hijos. Eso es lo que pensamos", ha zanjado.
El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido en A Coruña por la muerte de su hijo de 11 años de edad, cuyo cadáver fue localizado en Oza-Cesuras.
Según han informado fuentes judiciales, el hombre ha pasado a disposición judicial en la mañana de este jueves y se ha acogido a su derecho a no declarar. Además, ha sido examinado por forenses.
El Juzgado de Instrucción nº 7 de A Coruña, que estaba de guardia el domingo cuando la exmujer del detenido y madre del menor presentó la denuncia por la desaparición de su hijo, se inhibió en favor del de violencia de género.
Tras aceptar el juez de Violencia sobre la Mujer la inhibición, el detenido fue trasladado a 1ª hora a este juzgado desde la Comisaría de Lonzas, en la que permanecía desde su detención el lunes.
Tras acogerse a su derecho a no declarar y ser visto por los forenses, el juez decretó prisión provisional comunicada y sin fianza. El hombre está siendo investigado por un posible delito de homicidio o asesinato, así como por un delito contra la integridad física y moral contra la madre del menor fallecido.
HECHOS
La muerte del menor, cuyo cuerpo fue localizado el martes en un monte en el municipio de Oza-Cesuras, se produjo supuestamente el domingo como consecuencia de un golpe, después de haber pasado el día con su padre en cumplimiento del régimen de visitas estipulado tras la separación.
Aunque contra el padre del menor no existían denuncias en los últimos 4 años, sí hubo con anterioridad 2. Una en 2008 por un delito de coacciones que formuló su exmujer contra él y que supuso una orden de alejamiento durante 4 años. La 2ª fue en 2013 por un delito de amenazas a través de las redes sociales.
En este caso, fue sobreseída al no ser posible acreditar quién fue el autor de los hechos denunciados. El detenido, que presenta problemas psiquiátricos, no tenía en estos momentos ninguna orden de alejamiento.
Nota: El Padre no tenia la Custodia del hijo, cumplía el régimen de visitas, por lo que se confunde con la Custodia Compartida. ¿Por que lo hace? Otro paso más contra la Custodia compartida.

Divorcio a la Italiana: Pensión de Alimentos

El Supremo italiano revoluciona las pensiones de los divorcios.
La Corte sentencia que el excónyuge debe asegurar la autosuficiencia económica y no el nivel de vida anterior.
ROSSEND DOMÈNECH / ROMA/  11.05.2017
La pensión que con frecuencia hay que pagar a la expareja en el momento de divorciarse ya no deberá permitir que pueda mantener el mismo "nivel de vida" que durante el matrimonio, sino solo asegurar su "autosuficiencia económica". Lo estableció este miércoles el Supremo italiano en una sentencia que los abogados matrimonialistas consideran “revolucionaria”.
La sentencia afectaba a un caso concreto dirimido por la suprema Corte, pero los especialistas consideran que constituirá una indicación para todos los tribunales del país, que hasta ayer no tomaban en consideración la situación económica personal de la pareja que “sufría” el divorcio, sino el nivel de vida que llevaba durante el matrimonio.
TUTELA ECONÓMICA DE LOS HIJOS
La nueva normativa del Supremo afectará mayormente a las parejas ricas que divorcien y que no hayan establecido ningún pacto prematrimonial previo a la unión. “Los divorcios de parejas con rentas medio bajas no quedarán afectadas, porque si ambos cónyugues trabajan ya actualmente la expareja no recibía la manutención”, ha explicado el abogado Gian Ettore Gassani, presidente de los letrados matrimonialistas del país. La sentencia no afecta a la tutela económica de los hijos, que seguirá en pie, tanto por lo que se refiere al uso de la vivienda como los gastos de su educación, para que puedan mantener, esos sí, “el mismo nivel de vida”.
Para determinar la “autosuficiencia económica” de la pareja el Supremo ha utilizado algunos criterios, como la disponibilidad de rentas, la capacidad o posibilidad de que la pareja pueda trabajar y la “estable” disponibilidad de una vivienda.
El Supremo dirimía el caso de un exministro de Economía, Vittorio Grilli, cuya exmujer es la empresaria Lisa Lowenstein. El tribunal ha considerado como “no debido el cheque del divorcio, porque la contraparte no ha demostrado la insuficiencia de las propias rentas de cara a mantener el nivel de vida matrimonial”. En la sentencia se hace referencia a los cambios de las costumbres durante los 40 años que existe una ley sobre el divorcio, cambios por lo que el matrimonio ya no es considerado como “una situación de vida definitiva”.
CAMBIOS DE CRITERIOS
Desde que se introdujo el divorcio los tribunales italianos ya habían ido modificando los criterios usados al principio. En los años 80, por ejemplo, la pensión generalmente establecida era equivalente al 80% de los ingresos, mientras que en el 2016 ya había descendido al 19%.
Las asociaciones familiares italianas comentan negativamente la sentencia del Supremo, aduciendo que en los casos de “familias de la media y pequeña burguesía, el conyuge más débil, por ejemplo una mujer que haya dedicado su vida a la familia, puede encontrarse en una situación de pobreza”. En el caso dirimido por el Supremo, el abogado que defendía al exministro argumenta que “la sentencia pone fin a una situación de indebido enrriquecimiento a espaldas del exconyuge”.
La expareja más famosa que ahora podría presentar recurso contra la sentencia emitida en su día es el exprimer ministro Silvio Berlusconi, condenado a ingresar 3 millones mensuales a la exesposa, Veronica Lario, rebajados en apelación a 1,4 millones.

jueves, 11 de mayo de 2017

Análisis de las causas de ruptura de la convivencia

Buenos días,
Estoy realizando el doctorado sobre el "Análisis de las causas de ruptura de la convivencia y su relación con el bienestar psicológico de las personas separadas" en la Universidad del País Vasco.
Necesito gente divorciada o separada que le apetezca participar.
Si podéis colgar el link en algún sitio para que los que estén interesados en participar en la investigación puedan rellenar el cuestionario:
Se puede enviar también vía wassap.
Si me facilitáis un numero os puedo enviar el mensaje con el link.
Si teneis alguna duda o problema no dudeis en escribirme.
investigaciondivorcioupv@gmail.com
Muchas gracias de antemano
Un cordial saludo 

Ana Collantes.

El aumento de divorcios en España, signo de nuestro tiempo

libertaddigital.com/10.05.2017
El inconformismo de nuestro modo de vida hace que ciertas reglas sociales y de comportamiento, que hace apenas unas décadas teníamos arraigadas en nuestra cultura, hayan cambiado sustancialmente con la llegada de nuevos aires de libertad y de educación. El acceso a internet ha dado la puntilla definitiva y el miedo o temor a un divorcio y sus consecuencias se han transformado en alegría y seguridad para realizarlo sin temor alguno.
Y es que las cifras hablan por sí solas: en los últimos 15 años, los divorcios se han triplicado (de 37.586 en 2001 a 114.019 en 2016) y las separaciones han caído un 91% (de 65.555 a 5.840), según un informe del Poder Judicial, que destaca que se ha estabilizado desde 2009 el nº de disoluciones matrimoniales en torno a 120.000 demandas anuales.
Es apreciable una "reducción drástica" en las separaciones y el "notable incremento" de los divorcios a partir de 2005, cuando cambió la legislación, que permitió la disolución por divorcio directamente, sin la fase previa de separación. Así, las estadísticas dan un vuelco de tal forma que, si el año anterior al cambio de la ley había un 39% de divorcios y un 61% de separaciones, en 2006, pasan a 91% frente a un 8,8% y en 2015, un 94,9% y 5% respectivamente.
Por nº de demandas presentadas, Canarias, encabeza el mayor nº de habitantes que piden divorcio. Afortunadamente, las parejas que quieren el divorcio en Tenerife tienen a un abogado de divorcios en Tenerife muy bien valorado y con una tasa de satisfacción entre sus clientes de las más altas de nuestro país. Este abogado posee la fórmula perfecta para conseguir un divorcio barato y rápido, evitando situaciones incómodas, inevitables en los procesos demasiado largos.
Con la llegada del divorcio exprés, regulado con la reforma de 2005 (Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio), reforma que continúa vigente en la actualidad, cualquier matrimonio puede divorciarse directamente, sin tener que previamente separarse judicialmente (como ocurría antes) y sin que sea necesario que se justifique la causa por la cual se solicita el divorcio.
El divorcio exprés, mejor con un abogado presencial
Hay que aclarar previamente que este tipo de divorcios se realizan de mutuo acuerdo entre los cónyuges, el tiempo de tramitación del divorcio, por tanto, se reduce considerablemente, pudiendo alcanzar un promedio de 1 ó 2 meses, según la carga de trabajo del Juzgado.
Los requisitos para tramitar este tipo de divorcio exprés son 2: que hayan transcurrido 3 meses o más desde la celebración del matrimonio y que ambos cónyuges estén de acuerdo en los términos del divorcio o separación. Aunque hay gente que opta por un divorcio gestionado online, no es lo más recomendable.
Con los abogados presenciales se controlarán de 1ª mano los documentos y se conocerá y se podrá evaluar, desde el principio, que la persona a la que se paga es válida para el trabajo. Del mismo modo, no ofrecen un convenio regulador estándar para el cliente, sino que elaborarán uno específicamente para el caso tratado, con las especificaciones que el cliente crea conveniente. Con los abogados de divorcios (...), se obtendrá el divorcio exprés deseado por ambos cónyuges, con la confianza que da conocer a un profesional cara a cara y no solo a través de un número de teléfono o una página web.
Aunque no es obligatorio justificar la causa por la que se solicita el divorcio, con un abogado presencial, todo se tornará más íntimo y, por lo tanto, comprensible para el abogado, que dará las pautas a seguir para que el divorcio sea lo más agradable y pacífico posible. Un abogado presencial creará un ambiente propicio para que todo el procedimiento sea mucho más ágil y, por supuesto, menos traumático, no solo para los cónyuges, sino también para los hijos que puedan existir dentro del matrimonio.
El abogado, llegado a un punto de acuerdo y normalidad entre los miembros de la futura expareja , solo tendrá que plasmar un convenio regulador en que figuren temas tan importantes como la pensión de alimentos, la guarda y custodia de los hijos, la pensión compensatoria, el uso del domicilio familiar, el reparto de bienes comunes, etc.
Nota: En la Asociación Padres y Madres en Acción (PAMAC) colaboramos con despachos de especialistas en Derecho de Familia, con más de 30 años de experiencia. Te garantizamos la máxima profesionalidad y eficacia en el procedimiento de divorcio.

miércoles, 10 de mayo de 2017

Así no se soluciona el problema de la violencia doméstica

Magro plantea en el Senado una veintena de medidas contra la violencia de género.
Una de las propuestas es reformar la ley pare evitar el problema de las víctimas que se niegan a declarar.
P. Cerrada 08.05.2017
El magistrado Vicente Magro intervino ayer tarde en la Comisión de Igualdad del Senado para plantear una veintena de medidas dirigidas a mejorar la lucha contra la violencia de género. El Congreso y el Senado están elaborando un documento de reforma en materia de violencia de género y el expresidente de la Audiencia de Alicante fue invitado para participar como especialista y miembro asesor del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.
Una de las medidas planteadas por Magro se refiere al problema que se produce actualmente con muchas víctimas de violencia de género que se niegan a declarar contra sus agresores. En este sentido, el magistrado alicantino propuso en el Senado un cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para que no se amparen en este derecho a no declarar si la mujer ha sido la denunciante.
Victimización
La victimización secundaria de las maltratadas ante la Administración de Justicia y la necesidad de que tengan asistencia profesional en las dependencias judiciales fue otra de las propuestas abordadas por Magro en el Senado.
El asesor del Observatorio de Violencia Doméstica también abogó por excluir de los juicios rápidos el maltrato habitual porque han detectado una baja cifra de condenas al ser difícil de acreditar en la tramitación de este tipo de vistas. Magro también planteó en la Comisión de Igualdad del Senado que se incluya en la reforma la posibilidad de que los progenitores de víctimas mayores de 18 años puedan ejercer la acusación particular y que las indemnizaciones a las víctimas estén tasadas conforme al baremo de circulación y sean incrementadas en un 20%.
Otra línea de actuación para mejorar la lucha contra la violencia doméstica pasa por la colaboración de las comunidades de propietarios, según el expresidente de la Audiencia, quien considera que los vecinos de las comunidades son un testigo de cargo clave en los casos de maltrato.
Entre la batería de medidas incluye también la tipificación de la violencia de género informática y la privación de la patria potestad en los casos de homicidio o asesinato, lesiones graves y violencia habitual.
Las víctimas de malos tratos en muchos casos no están en condiciones de pedir ayuda y Magro propuso ayer en el Senado la creación de un canal de denuncias anónimas para casos de violencia de género notorios y continuados que conozcan los ciudadanos.

Nota: La solución viene por aplicar medidas educativas y no penales, que no solucionan nada. Y sobre todo, reformar la actual normativa ó aplicarla, en todas sus vertientes no solo en materia penal.

Política: El negocio de la violencia doméstica


Experto aboga por luchar contra el machismo y no solo contra violencia género.
(EFE), Madrid, 9 may 2017- 

Si el Pacto de Estado que se debate en la Comisión de Igualdad solo busca respuestas contra la violencia de género, sus efectos empezarán tarde y se quedarán cortos; para solucionar el problema real, que está en la sociedad, éste debe ser un pacto contra el machismo y la desigualdad existente.
Así lo ha manifestado en declaraciones a Efe el médico forense y exdelegado para la Violencia de Género Miguel Lorente, durante la jornada "Abogacía en Igualdad", organizada hoy por el Consejo General de la Abogacía Española.
Este experto ha asegurado que la violencia de género es una "violencia estructural", cuyos crímenes no se evitan solo con soluciones legales, pues el agresor es un "maltratador moral" que actúa para defender su posición como hombre y la mayoría reconoce el asesinato.
No obstante, Lorente sí ha asegurado que hay elementos de las leyes que se pueden mejorar, tanto en su redacción como en su aplicación, sobre todo en la dotación de instrumentos para hacerlas eficaces.
Por ello, ha solicitado una mayor asignación presupuestaria en esta materia, actualmente "insuficiente", para facilitar la especialización de los profesionales ante los casos más graves de violencia de género.
En su ponencia durante el acto, el experto ha apuntado que no matan las personas, sino que "mata el machismo", que en España se cobra de media la vida de 60 mujeres al año (el 20 % de los homicidios totales) y provoca alrededor de 700.000 maltratadas.
"Todo el mundo habla del problema del yihadismo, no de los yihadistas; en cambio no se habla de machismo, sino de machistas", ha lamentado Lorente.
Y es que, según ha explicado, aunque la sensación general es que vivimos en una situación de normalidad con pequeños ámbitos de discriminación, lo cierto es que hay un "machismo de base": nuestra sociedad está construida históricamente en la desigualdad entre el hombre y la mujer.
Los asesinatos machistas, por tanto, no serían expresiones extremas de la desigualdad, sino que están basados en esa "construcción interesada de poder" que no se ha corregido y ante la que "no hay un rechazo absoluto" (según la encuesta del CIS de enero, solo un 1,8 % de la población considera la violencia de género como un problema grave).
Esto provoca que el maltratador tenga una "sensación de impunidad", piensa que no le va a pasar absolutamente nada, como demuestra que el nº de condenados (poco más de 30.000) apenas representa el 5 % respecto al nº total de casos de violencia machista.
Para evitarlo, el exdelegado para la Violencia de Género ha incidido en la importancia de la prevención y la educación, por lo que ha demandado que seamos "menos permisivos con la apología del machismo" que aparece en las redes sociales y los medios de comunicación.
"Aquí te pueden mandar a la cárcel por hacer un chiste de Carrero, pero incitas al odio todos los días y no te pasa nada cuando es violencia de género", ha criticado Lorente. 
Nota: Ahora piensa que la solución viene a través de medidas educativas y no penales. ¿Que hizo cuando fue el responsable sobre esta materia? Por ultimo, cuestionarnos por que se le llama "Experto" con el nº de fallecidas mientras estuvo como Delegado del Gobierno en este ámbito.