El derecho de las
niñas y niños es uno de los temas que más se pregona en tratados
nacionales e internacionales, sin embargo también es el que más se
vulnera en los juicios de divorcio, custodia y alimento, por la
impreparación del personal de los tribunales y a la irresponsabilidad de
los padres de estos menores que no buscan ponerse de acuerdo para
evitar que sus hijos sufran las anomalías del sistema.
Ejemplos hay muchos, desde el caso de un juez de lo familiar que fue
omiso en darle lectura a un expediente donde se asentaba que el menor
sufría autismo, y al momento de comparecer, el juzgador lo regañó por no
contestar a sus preguntas.
En otra historia que consta en tribunales, una juez ordenó la custodia para la madre sobre su hija de 6 años, a pesar de que la pequeña se orinó de miedo frente a todos, dado el permanente maltrato que sufría a manos de su progenitora que la pellizcaba diciéndole: “toca, cajita musical”.
Las quejas son frecuentes, como la del menor cuya madre lo abandonó junto con sus 2 hermanos y su padre para luego regresar 3 años después a reclamar la custodia de los hijos; este niño tuvo que comparecer varias ocasiones, siendo en la última cuando le rogó al ministerio público, atendieran su deseo de no regresar con la madre.
El abogado Jorge Alberto Galván Garcés, quien lleva 25 años litigando asuntos de lo familiar, opinó que la realidad es que los jueces de lo familiar no siguen el ordenamiento en la materia, que no es otra cosa que el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a niños, Niñas y Adolescentes, el cual fue elaborado y publicado por el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en febrero de 2012 (México).
Este protocolo ordena, entre muchas cosas, que los menores deben estar acompañados de personal calificado, en un área distinta a la que comúnmente acuden con hacinamiento en donde hay adultos declarando dentro de sus procesos que nada tienen que ver con el menor.
Esa misma entrevista del menor, debe ser grabada para evitar numerosos procedimientos de este tipo, sin embargo no se hace porque no se ha destinado recurso para equipamiento.
Si bien los jueces ya establecieron que la madre o el padre deban traer a una persona para que se lleve al menor, y que en los procesos penales esté presente un psicólogo, en lo familiar eso no sucede.
Es así como en el contexto de las comparecencias de menores en los juzgados de lo familiar, muchas veces no acuden los psicólogos cuya presencia es muy importante porque son quienes avalan las preguntas que hará el juez.
Estos psicólogos proceden del Centro de Convivencia Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, que fue creado para atender a los menores que se encuentran involucrados en un proceso de divorcio.
“Este centro fue creado con un buen fin, desgraciadamente su personal tiene un perfil profesional que deja mucho que desear; debe revisarse, rectificarse lo que no está bien para que finalmente cumpla su propósito”, exigió Galván.
Y es que estos empleados deben intervenir para evitar encuentros entre la madre y el padre cuando pasan a esas oficinas a dejar o a recoger a sus hijos, pero bajo el argumento de que no es su problema, nada hacen y sobrevienen las fricciones, muchas veces frente a los menores quienes sufren las consecuencias.
Lo peor es que si uno de los conyugues en proceso de divorcio se queja, el personal le levanta un reporte que es enviado al juzgador que lleva el asunto.
Una de estas fallas, incluso provocó que la juez adelantara el fallo de custodia a favor del padre por el reclamo de la madre al ver que le entregaban a sus hijos dormidos por el desvelo que habían sufrido en casa de su papá a causa de una fiesta que terminó a las 6:00 a.m., según el relato de los menores.
“Le pedí a la psicóloga que tomara nota del caso para que constara en actas, pero fue peor para mí porque me hicieron un reporte de mala conducta y a los 3 días recibí la noticia de que había perdido la custodia de mis hijos por haber reclamado”, contó Soraya Ledesma.
En opinión de la abogada Maty Berrones, lo criticable del CECOFAM es cuando los juzgadores de lo familiar piden algún estudio psicológico o sicológico, porque no lo entregan en tiempo y forma, basta revisar el número de apercibimientos que tienen para corroborar esta queja constante de los abogados, dijo.
“No nos entregan estos estudios en tiempo y forma, tardan hasta 2 meses, tiene uno que reclamar a un juez mediante un escrito, eso es muy frecuente”, señaló.
Aquí también los jueces tienen culpa por lo blando de dichos apercibimientos que son multas de 5 días de salario mínimo, mientras que a otras personas les fincan hasta 30 días de multa.
“Dicen que tienen mucha carga de trabajo pero para eso les pagan, los procedimientos no pueden estar supeditados a su beneplácito, deben ser en los tiempos establecidos”, esgrimió.
La abogada señaló que otra queja reportada al juez que pasó inadvertida, fue el tipo de revisión que realiza el CECOFAM a los menores al quitarles la ropa con la asistencia de una enfermera cuando alguno de los padres los regresa después de la convivencia en su casa, y aunque el procedimiento es en privado no deja de violar los derechos humanos de los pequeños.
“Esta revisión de ninguna manera se justifica porque existe convivencia entre los menores y sus padres, en este caso concreto el divorcio de esta pareja ni siquiera fue a consecuencia de lesiones inferidas a alguno de los conyugues o de los hijos, es totalmente inadmisible que desnuden a los niños”, remarcó.
El presidente de la Confederación Nacional de Abogados, Alfredo Moreno Castillo, refirió que muchas veces las personas que están encargadas de los centros de recepción y entrega de menores, les hace falta prepararse más con cursos acordes al manejo de los menores de edad.
“No olvidemos que existe el interés superior del menor; son una serie de derechos que el estado tiene la obligación de proteger y debe velar por lo que mejor le favorezca al niño”, remarcó.
Dijo también que en el tema de salvaguarda de la integridad de los menores, la sociedad entera es responsable, especialmente quienes intervienen en estos procesos, desde psicólogos, jueces, el personal de los centros de convivencia familiar y los padres de familia, y quien tenga conocimientos de anomalías y no lo haga público, es una irresponsabilidad grave para con la niñez.
Dijo que dentro de las comparecencias, muchas veces los jueces pretextan mucha carga de trabajo, o por apatía no investigan a fondo cuales son las mejores circunstancias donde deberá convivir el menor.
Señaló que los jueces deben ordenar inspecciones, exámenes psicológicos o visitas domiciliarias; desgraciadamente, por lo general esperan a que las partes promuevan y si no lo hacen, estos jueces se quedan cortos por exceso de trabajo, apatía o cansancio.
“En estas condiciones tan deplorables, los derechos de los menores quedan al final de la lista de prioridades, creo que es una gran falla en contra de nuestros niños y niñas, empezando por los papás que no tienen la sensibilidad de ponerse de acuerdo”, dijo.
En otra historia que consta en tribunales, una juez ordenó la custodia para la madre sobre su hija de 6 años, a pesar de que la pequeña se orinó de miedo frente a todos, dado el permanente maltrato que sufría a manos de su progenitora que la pellizcaba diciéndole: “toca, cajita musical”.
Las quejas son frecuentes, como la del menor cuya madre lo abandonó junto con sus 2 hermanos y su padre para luego regresar 3 años después a reclamar la custodia de los hijos; este niño tuvo que comparecer varias ocasiones, siendo en la última cuando le rogó al ministerio público, atendieran su deseo de no regresar con la madre.
El abogado Jorge Alberto Galván Garcés, quien lleva 25 años litigando asuntos de lo familiar, opinó que la realidad es que los jueces de lo familiar no siguen el ordenamiento en la materia, que no es otra cosa que el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a niños, Niñas y Adolescentes, el cual fue elaborado y publicado por el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en febrero de 2012 (México).
Este protocolo ordena, entre muchas cosas, que los menores deben estar acompañados de personal calificado, en un área distinta a la que comúnmente acuden con hacinamiento en donde hay adultos declarando dentro de sus procesos que nada tienen que ver con el menor.
Esa misma entrevista del menor, debe ser grabada para evitar numerosos procedimientos de este tipo, sin embargo no se hace porque no se ha destinado recurso para equipamiento.
Si bien los jueces ya establecieron que la madre o el padre deban traer a una persona para que se lleve al menor, y que en los procesos penales esté presente un psicólogo, en lo familiar eso no sucede.
Es así como en el contexto de las comparecencias de menores en los juzgados de lo familiar, muchas veces no acuden los psicólogos cuya presencia es muy importante porque son quienes avalan las preguntas que hará el juez.
Estos psicólogos proceden del Centro de Convivencia Familiar del Supremo Tribunal de Justicia, que fue creado para atender a los menores que se encuentran involucrados en un proceso de divorcio.
“Este centro fue creado con un buen fin, desgraciadamente su personal tiene un perfil profesional que deja mucho que desear; debe revisarse, rectificarse lo que no está bien para que finalmente cumpla su propósito”, exigió Galván.
Y es que estos empleados deben intervenir para evitar encuentros entre la madre y el padre cuando pasan a esas oficinas a dejar o a recoger a sus hijos, pero bajo el argumento de que no es su problema, nada hacen y sobrevienen las fricciones, muchas veces frente a los menores quienes sufren las consecuencias.
Lo peor es que si uno de los conyugues en proceso de divorcio se queja, el personal le levanta un reporte que es enviado al juzgador que lleva el asunto.
Una de estas fallas, incluso provocó que la juez adelantara el fallo de custodia a favor del padre por el reclamo de la madre al ver que le entregaban a sus hijos dormidos por el desvelo que habían sufrido en casa de su papá a causa de una fiesta que terminó a las 6:00 a.m., según el relato de los menores.
“Le pedí a la psicóloga que tomara nota del caso para que constara en actas, pero fue peor para mí porque me hicieron un reporte de mala conducta y a los 3 días recibí la noticia de que había perdido la custodia de mis hijos por haber reclamado”, contó Soraya Ledesma.
En opinión de la abogada Maty Berrones, lo criticable del CECOFAM es cuando los juzgadores de lo familiar piden algún estudio psicológico o sicológico, porque no lo entregan en tiempo y forma, basta revisar el número de apercibimientos que tienen para corroborar esta queja constante de los abogados, dijo.
“No nos entregan estos estudios en tiempo y forma, tardan hasta 2 meses, tiene uno que reclamar a un juez mediante un escrito, eso es muy frecuente”, señaló.
Aquí también los jueces tienen culpa por lo blando de dichos apercibimientos que son multas de 5 días de salario mínimo, mientras que a otras personas les fincan hasta 30 días de multa.
“Dicen que tienen mucha carga de trabajo pero para eso les pagan, los procedimientos no pueden estar supeditados a su beneplácito, deben ser en los tiempos establecidos”, esgrimió.
La abogada señaló que otra queja reportada al juez que pasó inadvertida, fue el tipo de revisión que realiza el CECOFAM a los menores al quitarles la ropa con la asistencia de una enfermera cuando alguno de los padres los regresa después de la convivencia en su casa, y aunque el procedimiento es en privado no deja de violar los derechos humanos de los pequeños.
“Esta revisión de ninguna manera se justifica porque existe convivencia entre los menores y sus padres, en este caso concreto el divorcio de esta pareja ni siquiera fue a consecuencia de lesiones inferidas a alguno de los conyugues o de los hijos, es totalmente inadmisible que desnuden a los niños”, remarcó.
El presidente de la Confederación Nacional de Abogados, Alfredo Moreno Castillo, refirió que muchas veces las personas que están encargadas de los centros de recepción y entrega de menores, les hace falta prepararse más con cursos acordes al manejo de los menores de edad.
“No olvidemos que existe el interés superior del menor; son una serie de derechos que el estado tiene la obligación de proteger y debe velar por lo que mejor le favorezca al niño”, remarcó.
Dijo también que en el tema de salvaguarda de la integridad de los menores, la sociedad entera es responsable, especialmente quienes intervienen en estos procesos, desde psicólogos, jueces, el personal de los centros de convivencia familiar y los padres de familia, y quien tenga conocimientos de anomalías y no lo haga público, es una irresponsabilidad grave para con la niñez.
Dijo que dentro de las comparecencias, muchas veces los jueces pretextan mucha carga de trabajo, o por apatía no investigan a fondo cuales son las mejores circunstancias donde deberá convivir el menor.
Señaló que los jueces deben ordenar inspecciones, exámenes psicológicos o visitas domiciliarias; desgraciadamente, por lo general esperan a que las partes promuevan y si no lo hacen, estos jueces se quedan cortos por exceso de trabajo, apatía o cansancio.
“En estas condiciones tan deplorables, los derechos de los menores quedan al final de la lista de prioridades, creo que es una gran falla en contra de nuestros niños y niñas, empezando por los papás que no tienen la sensibilidad de ponerse de acuerdo”, dijo.
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