viernes, 15 de julio de 2016

La Proposición de Ley sobre Muerte Digna pasa el trámite de la Asamblea de Madrid

APROBADA POR UNANIMIDAD POR EL PLENO DE LA ASAMBLEA DE MADRID
El Pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad (los 128 diputados asistentes dijeron sí) la admisión a trámite de la Proposicion de Ley sobre muerte digna, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista; de pasar los siguientes trámites parlamentarios, sería la 8ª ley autonómica que, a falta de una norma estatal, aborda los derechos y garantías de las personas en el proceso final de la vida.
En su sesión de este jueves, 14 de julio, el Pleno de la Asamblea de Madrid sometió a toma en consideración la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) sobre derechos y garantías de las personas en el proceso final de la vida, o de muerte digna. Y contó con el voto favorable del resto de los Grupos Parlamentarios (Popular, Ciudadanos y Podemos), aunque el portavoz del Grupo Popular, Diego Sanjuanbenito,  no ocultó sus reticencias a determinados contenidos del texto. La aprobación de la toma en consideración por la Asamblea comporta que, a partir de ahora, deberá ser debatida en Comisión para finalmente volver al Pleno y ser votada definitivamente.
Uno de los aspectos que llamó la atención en el desarrollo del Pleno fue que el ponente de la norma, el portavoz de Sanidad del PSOE, José Manuel Freire, no fue el 1º en intervenir para presentar la proposición y su objetivo, sino que, por un extraño imperativo parlamentario, fueron interviniendo los portavoces de los distintos grupos, de menor a mayor, por lo que el 1º que lo hizo fue Daniel Álvarez, de Ciudadanos, seguido de Carmen Sanjosé, de Podemos, y, a continuación, José Manuel Freire. 
Interés manifiesto
Al inicio de su intervención, el portavoz socialista, además de agradecer los apoyos recibidos para la elaboración del texto, llamó la atención sobre el interés suscitado por el mismo, puesto de relieve en los invitados que asistían a la sesión, entre los que citó a Carlos Barra, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, a cuyo presidente, Luis Montes, también se refirió y advirtió que iba a seguir la sesión por internet; entre los asistentes se enontraban Javier Sánchez Caro, experto en Derecho Sanitario; el vicepresidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, así como el secretario del Colegio de Médicos de Madrid, José Morán, y representantes de la Orden de San Juan de Dios, así como a Mar Noguerol, de AFEM.
Desde un punto de vista político, para Freire consideró positiva una actuación política que aportaba algo útil a la mejora de vida haciéndola más humana. Y subrayó algo que repetiría en algún otro momento, que la proposición sólo trataba de la buenas prácticas médicas al final de la vida. Asimismo, dijo que trataba de una ley de todas las personas de buena voluntad que carecía de fronteras ideológicas. También insistió que no se pretendía que quedara sólo en palabras. 
Objetivos de la ley
Según expuso el portavoz socialista, los objetivos de esta ley son, básicamente, 6:
- En 1º lugar, explicitar, proteger y regular, si se quiere mejor porque en gran parte está regulado, el derecho de los pacientes a recibir una buena atención sanitaria en el proceso del fin de la vida.
- En 2º lugar, dar cobertura también al rechazo de los tratamientos inútiles o desproporcionados y a la limitación del esfuerzo terapéutico, cuando así sea decidido.
- En 3º lugar, facilitar a aquellas personas en situación terminal que libremente lo deseen la posibilidad de entrar en la fase final de su vida sin sufrimiento.
- En 4º lugar, proteger y facilitar el derecho de las personas a redactar el documento de voluntades previas.
- En 5º lugar, definir los servicios y las garantías de las instituciones sanitarias para hacer realidad ese derecho.
- Y, por último, 6º lugar, regular los deberes, regular, si se quiere mejor, si se quiere más explícitamente, los deberes de los profesionales sanitarios para darles seguridad jurídica, para animarles a practicar la buena Medicina, porque esta Ley no hace otra cosa que codificar, en voluntad colectiva, la buena práctica médica en el momento crucial por el que todos hemos de pasar.  
Definiciones y seguridad jurídica.
Uno de los aspectos de la proposición en los que insistió su ponente, además de referirse al equipo técnico con el que se había trabajado y a lo aprendido de las demás leyes existentes sobre el particular (la 1ª la de Andalucía y la última, de hacía pocos días, la del País Vasco), fue en el apartado de las definiciones, a fin de todo el mundo entienda de qué se habla y, de ese modo, generar seguridad jurídica.
En relación con las instrucciones previas, uno de los instrumentos existentes en este terreno, Freire aseguró que quedaba mucho por hacer en Madrid y puso como ejemplo la diferencia existente en el nº de instrucciones en Madrid en comparación con las realizadas en Cataluña. Y afirmó la voluntad política de llevar a término los contenidos de la ley, para lo que se exigirá la realización de memorias anuales y la elaboración de un informe anual de cómo evaluciona en Madrid el cumplimiento.
Apoyo de la oposición.
Daniel Álvarez, portavoz de Sanidad del Grupo Ciudadanos, lamentó la ausencia de una ley estatal en este asunto y agradeció la iniciativa del Grupo Socialista. Y puso especial énfasis en el tema de los cuidados paliativos, en donde queda mucho por hacer, para lo que se sirvió de los informes de la SECPAL. Y es que, según dijo, faltan recursos humanos y formación.
Por el Grupo Podemos, Carmen Sanjosé, que se refirió a la normativa existente en este campo (en concreto citó la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente), afirmó que faltaba voluntad política para realizarlo. Para Sanjosé, el papel de los Centros de Salud es fundamental para potenciar la realización de las instrucciones previas, al tiempo que éstas deberían incluirse en las historias clínicas de los pacientes y los profesionales tener acceso a las mismas.
Además, la portavoz de Podemos señaló un 2º inconveniente para el desarrollo de una norma sobre la muerte digna y es el art. 143 del Código Penal, que tipifica como delito cualquier colaboración en la muerte de otra persona. Un artículo cuya derogación solicitó, pues su aplicación por los fiscales dista mucho del pensar y el sentir de los ciudadanos.
Finalmente, Diego Sanjuanbenito anunció el voto de confianza del Grupo Popular a la proposición que enmarcó en el proyecto de humanización en del que habla la Consejería de Sanidad, y no ocultó que se trata de un texto mejorable, con especial referencia al derecho de los profesionales a que no se les obligue a actuar en contra de su conciencia. Y es que, para el portavoz popular, se trata de un debate necesario.