miércoles, 1 de junio de 2016

El Divorcio en España: 1981-2016

Y en el principio fue el divorcio...

Hace ahora 35 años que se aprobó la Ley de Divorcio en España. Fue durante el corto gobierno de Calvo Sotelo, gobernando esa derecha que ya por entonces travestía de centrismo sus complejos. Los efectos son demoledores sobre todo para las grandes víctimas: los menores.
Sucedió en junio de 1981. El ministro de Justicia de la Unión de Centro Democrático, Francisco Fernández Ordóñez hacía aprobar, contra viento y marea –contando con el apoyo de los comunistas, socialistas y nacionalistas, y frente a no pocos miembros de su propio partido-, la ley de divorcio que, según aquel gobierno de la UCD, nos homologaba con la Europa de la modernidad.
No debió resultar muy seductor en la derecha el argumento de la modernidad; en el Parlamento, la ley fue aprobada con un relativamente amplio respaldo político (102 votos a favor, 22 en contra…y 117 abstenciones).
El Gobierno y las fuerzas progresistas argumentaban que se produciría 1 millón de divorcios en cuanto este se legalizase, pero lo cierto es que, durante los meses siguientes a la aprobación, estos apenas alcanzaron las 10.000. Aproximadamente el 1% de lo que había estimado el Gobierno.
Para 2010, la cifra se había multiplicado por 10. La pregunta resulta inevitable: ¿solucionó la ley una situación de intolerable opresión para millones de españoles o, por el contrario, contribuyó a crear la realidad que execraba y que, en teoría, era causa de la propia ley?
Crecimiento de las rupturas familiares.
Mediada la década anterior (2006) la tasa de divorcios en España se encontraba cerca de un 0.70, es decir, que se divorciaban más de 2 de cada 3 matrimonios, constituyendo nuestro país, junto a Bélgica, el que mayor tasa de rupturas tenía en el mundo (hace 15 años nos encontrábamos en sólo 1/3 parte de las rupturas de Bélgica). Lo que es lo mismo: se rompe un matrimonio cada 3,7 minutos. 387 matrimonios cada día en toda España.
Los divorcios han crecido especialmente en la Comunidad de Madrid, aunque la 1ª comunidad es la canaria, donde se deshacen la práctica totalidad de los matrimonios que se formalizan. En las comunidades en las que se producen menos rupturas, estas ascienden a 1 de cada 2 matrimonios (es decir, que Extremadura está a la altura de EEUU o Rusia)
Por otra parte, en el conjunto de las rupturas, el divorcio asciende al 93% del total; las separaciones son ya simplemente testimoniales, y las anulaciones apenas alcanzan el 0,1 %.
En el año 2006, los divorcios alcanzaron la cifra de 146.000, aunque 3 años después la cifra descendió de nuevo. En 2014 volvió a remontar hasta los 100.000, aumentando un 5.6% en un solo año, si bien lejos de los números de 8 años atrás.
¿Cuál es la causa? En 1º lugar la crisis, que ha incidido fuertemente, dada la imposibilidad de dividir las ya menguadas nóminas; y, por otro lado, el hecho de que cada vez se celebran menos matrimonios y existen más uniones de hecho. La ruptura de las uniones de hecho no engrosa las estadísticas del divorcio, por lo que la relativa moderación de las cifras no revela una mejora de la salud social.
Hoy no cabe duda de que el divorcio ha contribuido a restarle solidez a la institución matrimonial durante las últimas 3 décadas y media. Es un hecho que el divorcio se ha impuesto como una alternativa sencilla a problemas complejos: en eso, justamente, reside su fuerza. En lugar de solución, disolución. 
El gran fracaso.
Medidos en términos sociales, los efectos del divorcio resultan devastadores.
En 1º lugar, porque es negativo para una comunidad humana la precariedad en cualquiera de sus formas; también la que afecta a las relaciones humanas.
Y en 2º lugar, porque las personas que sufren directamente sus consecuencias son los niños, los adolescentes, los menores
En la España de 2014, el 57.4% de los matrimonios divorciados tiene hijos.
Para éstos, la ruptura de la unidad familiar se convierte en un acontecimiento traumático. Para el niño y el adolescente los padres no constituyen tanto una pareja de individualidades con entidad propia, sino esencialmente una sola entidad inextricablemente unida. Michael Mcmanus, presidente de Marriage Savers, señala que los niños no sólo tienen el derecho a ser amados, sino también el de ver a sus padres amarse.
Las más de las veces, además, la ruptura de la unidad familiar conlleva una pérdida del sentido de la autoridad y, en un gran nº de casos, la dejación de las responsabilidades de los adultos sobre los menores. La necesidad de compensar a los hijos por la pérdida de esa unidad familiar que se le debe, conduce numerosas veces a desarrollar una sobreprotección profundamente perjudicial, y a convertirlos en sujetos de derechos exentos de obligaciones.
Numerosos fracasos escolares y sociales viene prologados por el divorcio de los padres.   Las consecuencias expresadas en cifras son elocuentes. Los estudios efectuados a mediados de la década pasada en Suecia, Estados Unidos y el Reino Unido muestran cómo el divorcio de los padres acorta la vida escolar de los hijos en 1 año. Los hijos de familias trabajadoras que se divorcian abandonan la enseñanza en el bachillerato, mientras que las clases acomodadas lo hacen en la universidad. En Francia, los nacidos entre 1974 y 1978 han visto divorciarse a sus padres antes de que ellos cumpliesen los 18 años en un 24% de casos.
En Francia, el fracaso escolar se dispara hasta en un 20% en las familias divorciadas. Entre los hijos de profesionales de buena posición social se duplica en la enseñanza superior; el 45% de los hijos de familias unidas obtiene un título universitario de 2º ciclo, mientras sólo el 25% de hijos de divorciados lo consigue. 
El adolescente, sin la protección de la familia, resulta terriblemente vulnerable.
Refiriéndose a los Estados Unidos, el propio Barack Obama, poco sospechoso a estos efectos, ha afirmado refiriéndose a las familias monoparentales –9 de cada 10 veces a cargo de la madre- y divorciadas que “los hijos que crecen sin un padre tienen 5 veces más probabilidades de vivir en la pobreza y cometer un delito, 9 veces más probabilidades de abandonar la escuela y 20 veces más probabilidades de terminar en la cárcel.”
Por otro lado, el divorcio también está relacionado con los suicidios de varones en edades adultas intermedias –y, posiblemente, con suicidios entre menores-. En cuanto a los 1º, los procesos de divorcio -en el contexto de una legislación que margina fuertemente a los varones- multiplican hasta por 6 las tasas de suicidio, pasando del 6 por 100.000 hasta el 38, mientras que las mujeres sólo ven incrementadas sus tasas de suicidio en poco más del doble. El divorcio podría ser causa de aproximadamente el 15% de los suicidios.
35 años después, el divorcio se ha convertido en una inagotable fuente de problemas. La masiva disolución de familias producida en estas 3 décadas ha sido condición necesaria para aplicar la ingeniería social que sufrimos en estos días.
En los últimos años, a una sociedad ya debilitada se le ha administrado el tratamiento de choque que significa el divorcio express –que ha colocado la disolución matrimonial a la altura de la de un contrato de arrendamiento- y, sobre él, el “matrimonio” homosexual que, a fuerza de inflacionar el término, busca desproveerlo de valor.
El objetivo no es otro sino el de debilitar a la familia, aspecto clave en la revolución antropológica progresista, pues es en su seno donde se incuba la infección religiosa y se proyecta la ideología patriarcal.
El divorcio, aquella ley aprobada ahora hace 35 años por la derecha, fue sólo un 1º paso, sí, pero un 1º paso imprescindible. Sin él, qué duda cabe, no estaríamos donde estamos.    
Nota: ¿podemos deducir que la eliminación del concepto de familia comienza por la derecha española?   
En la Ley del 2005, el PP se abtuvo, y a Rajoy no le interesa este tema.