martes, 29 de marzo de 2016

Andalucia: No se protege a la mujer maltratada.

14 mujeres asesinadas.

José Manuel Sánchez Fornet| 12.03.2016
Hoy 11 de marzo de 2016 ha sido asesinada por su pareja, un joven de 23 años, una mujer de 19. Es la nº 14 en los 71 días que van del año, lo que supone 1 crimen machista cada 5 días y unos minutos. Siguiendo a este ritmo, este año podría haber 73 mujeres asesinadas por machismo y eso no parece preocupar a los responsables políticos, que han encontrado un argumento con la ley de violencia de género para que no les “salpique”, para que no les exijan responsabilidades y no se vean forzados a buscar soluciones eficaces.
De cada millón de denuncias que se presentan en España por maltrato, aproximadamente 750.000 son archivadas sin responsabilidad del denunciado. Razonamiento lógico: hay 750.000 denuncias falsas o 750.000 maltratadores que quedan impunes. Este dato no lo verán ustedes en ninguna fuente oficial, sea del Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado o Consejo General del Poder Judicial porque su mero conocimiento dejaría en evidencia que el sistema legal existente para combatir la violencia de género no funciona, bien por ser una mala ley o por su mala aplicación por la Policía y los jueces, pero es un dato empírico aunque ocultado sistemáticamente. Solo ¼ parte de las denuncias presentadas acaban en un juicio, mientras ¾ partes de ellas son archivadas sin que se conozca si la denuncia era falsa o si el maltratador ha sido capaz de sortear la aplicación de la ley y quedar impune. Y un dato más a introducir en lo que debería ser la revisión obligatoria de la ley y la aplicación de la misma es en cuántos casos de esas 750.000 denuncias archivadas, una persona que según el archivo judicial posterior es inocente ha sido detenida.
De cada millón de denuncias que se presentan en España por maltrato, aproximadamente 750.000 son archivadas sin responsabilidad del denunciado. Razonamiento lógico: hay 750.000 denuncias falsas o 750.000 maltratadores que quedan impunes.
La verdad oficial, lo políticamente correcto, el mensaje que trasladan organismos oficiales, partidos políticos, medios de comunicación y tertulianos es que un mínimo porcentaje de denuncias de maltrato se acreditan falsas, pero ese % se refiere solo a esa ¼ parte de las denuncias presentadas que avanzan en la instrucción judicial, sin computarse las ¾ partes del total de denuncias presentadas, esas 750.000 archivadas con sobreseimiento y archivo, circunstancia en la que el acusado no puede iniciar acciones legales contra la denunciante al no existir sentencia de inocencia, sentencia que rara vez se produce porque ningún juez/a quiere arriesgarse a declarar inocente a un acusado, equivocarse y que luego agreda o mate a su víctima. La ley de violencia de género es necesaria para combatir el machismo terrorista que en su expresión más extrema mata, pero debe hacerse pensando en su eficacia, impidiendo su uso torticero en procesos de separación con falsas denuncias instigadas por malos profesionales del derecho, y también que los dirigentes políticos la usen como paraguas de su desinterés por este problema.
La casuística sería muy prolija pero como ejemplo, se dan casos como el de una señora a la que se ordena custodia por la autoridad judicial, se fija un servicio de coche policial en su puerta pero para forzarla a que solicite la retirada del servicio le dicen a la mujer víctima y en riesgo que no puede salir de casa, y cuando lo intenta, la dotación avisa al mando policial quien dice que le digan a la señora escoltada que se dirija al juez pidiendo permiso y que mientras tanto no sale de casa.
Ese abuso de convertir una escolta en una detención ilegal sale gratis, como tantas otras actuaciones arbitrarias que nadie corrige ni en la Policía ni en la Guardia Civil y el resultado es que la señora va al juez y renuncia a su protección. Esto que acabo de exponer es un hecho real acontecido hace pocas fechas, como también ocurrió que un mando de una comisaría exige a policía de UPAP que baje la calificación del riesgo para impedir que el juez pueda decretar la custodia de la víctima, y con ello la “distracción” de un coche de patrulla de realizar su “trabajo” de identificaciones indiscriminadas y masivas (vulneran derechos civiles de la ciudadanía), pero con las que se suben estadísticas y se incrementa el dinero en productividad que se cobra en la comisaría. Alguna víctima se habría evitado una brutal paliza si el juez y el mando policial se hubiesen tomado en serio el riesgo y no hubiesen estado actuando como si de un hecho sin importancia se tratara. Lo que hay que descartar es que esos errores sirvan para analizarlos y corregir las pautas de actuación policiales, porque lo único que se hace es distorsionar la verdad para impedir que se conozca la negligencia del mando policial.
Hace falta pues que la ley de violencia de género se aplique con los medios y herramientas necesarias, investigando cada denuncia, para que ese nº de 750.000 archivadas de cada millón presentado se  reduzca a la mínima expresión, para que queden el mayor nº de maltratadores impunes y sin castigo y tampoco resulte impune realizar una denuncia falsa en un proceso de separación, siendo utilizada la ley de violencia de género en supuestos para el que no fue creada.
Para que la ley de violencia de género pase de ser una coartada de los políticos a una herramienta efectiva hay que dedicar más personal para investigación y concederle una prioridad en el servicio policial del que hoy carece.
No es políticamente correcto escribir esto pero son muchos los compañeros que trabajan en UPAP (Unidad de Protección, Ayuda y Prevención) y ODAC (Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano), que detienen a personas en aplicación de la ley completamente convencidos de su inocencia. Una Comisaría General de Violencia de Genero que centralizara e investigara todas las denuncias haría que la ley se aplicara con justicia y no como se hace ahora, que sirve para poco más que ayudar a mantener la ficción que deja en buen lugar a los políticos, lo único que parece importarles, pero con graves deficiencias en su eficacia. Si cada denuncia se investigara en vez de limitarse a una tramitación ordinaria de toma de declaración de la denunciante y remisión al juzgado, que meses o años después decretará el sobreseimiento y archivo por falta de pruebas en el 75% de los casos, muchas de ellas podrían desenmascarar a un maltratador (tomando declaraciones a vecinos, familiares, compañero/as de trabajo…) y también a quienes presentan falsas denuncias.
Para que la ley de violencia de género pase de ser una coartada de los políticos a una herramienta efectiva hay que dedicar más personal para investigación y concederle una prioridad en el servicio policial del que hoy carece, pues cualquier mando, por la presión estadística con la que trabaja, prefiere un coche policial haciendo “filtros” (figura ilegal de identificación indiscriminada y masiva de ciudadanos muy habitual desde hace años) que protegiendo a una mujer cuya vida está en peligro. Lo 1º sube las estadísticas y lo 2º no puntúa nada, es trabajo policial nulo desde el punto de vista de la contabilidad.
Los criterios operativos y de productividad que se aplican en la Policía no contribuyen a mejorar la situación. Se da el caso de hechos que son delitos que se rebajan a faltas porque así la estadística de criminalidad que importa a esos efectos sube menos y se cobra más productividad a final de año; se niega recibir una denuncia por robo de batería del coche porque la víctima no ha llevado el coche con una grúa a la comisaría a tomar las huellas, provocando que la denunciante desista, o un policía en ODAC se niega a recibir una denuncia porque la denunciante no conoce el nº del DNI de la persona a la que denuncia, y además de no llevar nº de identificación se niega a facilitarlo alegando que él no está obligado a llevarlo (estos 2 casos en la misma comisaría local de Sevilla); y mientras un detenido por violencia de género compute como un detenido, por lo tanto como eficacia policial aunque sea un inocente y en realidad no mejore la seguridad ciudadana, seguiremos ofreciendo una eficacia falsa que no sirve para proteger de verdad a las mujeres maltratadas. A todas estas prácticas despreciables de mal servicio y de desprecio a la ciudadanía por mandos que no han corregido sus prácticas heredadas de tiempos no democráticos dedicaremos el espacio que se merece en próximos escritos.
Nota: ¿Autocrítica dentro de la Policia? Sevilla es otra cosa ........