sábado, 19 de septiembre de 2015

El Divorcio y la crisis "económica"

es.finance.yahoo.com/IDNet Noticias– vie, 18 sep 2015

Siempre se ha dicho que cuando hay crisis hay menos divorcios porque mucha gente que quiere romper con su pareja no tiene posibilidades económicas de separarse. No le salen las cuentas.  El último dato sobre el asunto confirma esta percepción ya que se constata una clara reactivación de las rupturas tras muchos años de retroceso o estancamiento en estos últimos años de estrecheces económicas.
Aunque pueda parecer un análisis descarnado y economicista, lo cierto es que a los costes sentimentales y psicológicos de un divorcio se une también un importante desembolso económico y una duplicación de gastos que no todos los matrimonios estaban en situación de afrontar en época de vacas flacas.
Por eso, desde 2007, cuando la crisis se presentó con virulencia, las cifras de separaciones y divorcios han ido decreciendo a nivel nacional. 
Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE)  se constata ahora que las rupturas y separaciones suben en nº después de un lustro perdiendo fuelle.
El incremento no es muy grande, pero apunta ese cambio de tendencia. Durante 2014 se produjeron 105.893 sentencias de nulidades, separaciones y divorcios, lo que supuso una tasa de 2,3 por cada 1.000 habitantes. Es un 5,4% más que lo que se registró el año anterior.
El nº de divorcios se incrementó un 5,6%, el de separaciones creció un 2,7% y el de nulidades subió un 2,7%. La mayoría de estas rupturas fue de mutuo acuerdo. Y cabe recordar que ahora el Papa Francisco acaba de decidir un abaratamiento sustancial de los trámites de nulidad de los matrimonios católicos, hecho que puede favorecer el incremento de la cifra de nulidades en los próximos años.
El impacto de la crisis sobre la estructura familiar del país no se ciñe solo a los cabeza de familia. Es un factor determinante en la emancipación de los hijos. Así, la tasa meda de emancipación en España se sitúa en el 46,2%, mientras en Europa se eleva hasta el 60,9%. Al margen de motivaciones culturales y sociales, la principal causa que nos colocas por detrás de nuestros socios europeos en este tema es el elevado desempleo, la precariedad laboral y el elevado cose de acceso a la vivienda.

VENEZUELA: las causas más comunes de divorcio




entornointeligente.com/Jueves,17.09.2015
Las parejas, cuando dan el si, no piensan que la relación vaya a tener un final sino que por el contrario, todos se aferran a la tan mentada frase de "vivieron felices para siempre". Lamentablemente esto no siempre es así y muchas veces un matrimonio que se veía feliz termina en divorcio.
¿Por qué sucede esto? ¿Cuáles son las causas más comunes del divorcio? Falta de respeto mutuo. Cuando uno o ambos miembros de la pareja dejan de respetarse entre si, esto produce un desgarro en el matrimonio que es difícil de subsanar y la grieta se agranda cada vez más hasta llegar, lamentablemente, al divorcio.
Falta de identidad como individuos únicos. Estar en una relación co-dependiente no es para nada saludable. Si no tienes tus propios intereses o la oportunidad de expresarte y tu pareja tampoco, es probable que la relación no funcione.
Si no te sientes cómoda haciendo cosas sin tu pareja o no recuerdas lo que te gustaba cuando eras soltera, es probable que te sientas "ahogada" sin saber por qué. Esto puede ocurrir también con tu pareja, lo cual es un mal presagio para un matrimonio feliz.
Excesivo control Una relación de pareja saludable no tiene por qué pasar por momentos de control en exceso. Cada uno de los miembros de la pareja tienen que tener sus actividades y sus amigos sin sentirse culpables o intimidados.Si tu pareja te controla de manera excesiva y quiere saber cada uno de tus pasos o, por el contrario, eres tu la que sufre de este problema de inseguridad, es casi seguro que esto hará que la pareja termine en separación o divorcio.
Desaparece la intimidad. Todas sabemos que debido a la llegada de los hijos, a las obligaciones y a todas las cosas que se hacen al día, el sexo siempre queda relegado para lo último. Esto si no se evita, con el tiempo, termina por ser causa de separación e inclusive de divorcio.
Falta de dinero. Sin lugar a dudas, la falta de dinero o los problemas monetarios llevan a peleas cada vez más frecuentes que inclusive pueden desatar periodos de violencia y son una de las principales causas por las que las parejas terminan por disolver su matrimonio.
La incapacidad de resolver los conflictos. Todas las parejas tienen problemas y discusiones, pero muchas de ellas no le dan un cierre a la situación y no pueden terminar ni la más pequeña charla sin agresiones. 
Además vuelven una y otra vez sobre cosas del pasado lo que termina por ser otra de las causas más comunes de divorcio.

Partido Popular: Historia del Divorcio y del matrimonio homosexual

Javier Maroto, en la apertura de la escuela de verano del Partido Popular en Lloret de Mar.
Javier Maroto, en la apertura de la escuela de verano del Partido Popular en Lloret de Mar.
© Gtresonline
Javier Maroto y José Manuel Rodríguez ya son marido y marido.
Por Paloma Rando | 18 de septiembre de 2015 /
22 de junio de 1981 
El Congreso de los Diputados aprueba la ley del divorcio. El proyecto de ley fue aprobado meses antes, el 8 de abril, por 102 votos a favor, 22 votos en contra y 117 abstenciones, que fueron fruto de la decisión de algunos miembros de UCD de abstenerse en lugar de seguir presentando enmiendas a un proyecto de ley contra el que finalmente no iban a poder hacer nada.  Por aquel entonces, Alianza Popular se oponía a la aprobación del divorcio. Llevaba manifestando su oposición desde 1978, cuando se opuso a que la Constitución permitiera que se pudiera aprobar en el futuro una ley al respecto.
Fraga, declaró el 12 de febrero de 1981 no es la hora de leyes estridentes, como la del divorcio. Las estridencias, sin embargo, no vinieron en forma de leyes como preconizó el secretario general de AP, sino del intento de golpe de Estado, que tuvo lugar solo 9 días después. Francisco Álvarez Cascos, por entonces concejal del ayuntamiento de Gijón y diputado en Asturias, escribió: "El Estado debe tener un código ético que es defender la familia indivisible, y luego debe arbitrar medidas para resolver esas otras situaciones. Contra lo que estoy es contra la forma de divorcio aprobada en España”.
30 de junio de 2005
El Congreso de los Diputados aprueba el matrimonio homosexual, esto es, aprueba la modificación pertinente del Código Civil para permitir que las parejas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio (y obtuvieran así todos los derechos y deberes que se derivan de este). El resultado de la votación fue el siguiente:  187 votos a favor, 147 votos en contra (del PP, salvo Celia Villalobos que votó a favor, y Unió Democrática de Catalunya) y 4 abstenciones.
9 de abril de 2006
Tiene lugar la 1ª boda de un miembro homosexual del PP. José Araújo, concejal de cultura en Orense, contrajo matrimonio con su novio. Al enlace acudió la plana mayor del PP gallego, con Núñez Feijóo a la cabeza. En la ceremonia sonó un bolero de Moncho Borrajo titulado Cuando dicen que el amor es pecado.
18 de septiembre de 2015
Javier Maroto, vicesecretario sectorial del PP, se casa con su noviodetodalavida José Manuel Rodríguez. El amor en ciertos sectores del PP ya no es pecado. Y eso, más allá de ironías, sarcasmos e incoherencias, es una buena noticia por varios motivos.
1º. –una perogrullada– porque cuando se aprobó el matrimonio homosexual fue aplicable al conjunto de los españoles y por tanto con la suficiente generosidad como para que pudieran acogerse a ella incluso aquellos que, no sólo no lucharon por la causa homosexual, sino que intentaron bloquearla y los que los apoyan. Algunos se llevarán las manos a la cabeza: ¿cómo que bloquear? ¡Si solo querían cambiarle el nombre! Volvamos a las palabras de Álvarez Cascos: no es que no esté de acuerdo con el divorcio, es que no estoy de acuerdo con ese divorcio. No es que no estuvieran de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, es que no estaban de acuerdo con ese matrimonio entre personas del mismo sexo. Obviamente nadie iba a decir: No creo que los homosexuales deban poder casarse, así que haré todo lo que esté en mi mano para que no sean tratados iguales.
Fraga, declaró el 12 de febrero de 1981 “no es la hora de leyes estridentes, como la del divorcio”. 
2.- porque el hecho de que un alto dirigente del PP se case con otro hombre y el presidente del gobierno acuda a su boda le da a todo un matiz diferente. Como si de alguna manera se estuvieran retractando, eso sí, por la puerta de atrás. Como si la ceremonia la presidiera un cartel que dijera la frase del rey emérito “Lo siento, nos hemos equivocado, no volverá a ocurrir”
En las invitaciones de boda: “Lo siento, nos hemos equivocado, no volverá a ocurrir”. En los brindis que tendrán lugar en el restaurante el caserón, acompañados de algún ¡Vivan los novios!: “Lo siento, nos hemos equivocado, no volverá a ocurrir”.
3.- porque conviene recordar que a pesar de que aún hay una gran cantidad de dirigentes políticos de nuevas generaciones en el armario, ese no es un lugar agradable para nadie. Vote a quien vote, viva donde viva, crea en lo que crea. Y que cada vez lo tengan más fácil para vivir su sexualidad y afectividad con cotidianidad aquellos que tienen cerca a quienes creen que los homosexuales, por razón de nuestra orientación, somos personas de 2ª es una victoria para todos.
Es ley de vida. Los partidos políticos conservadores tienden a rendirse a la evidencia de las ventajas para todos (ellos incluidos) que supone la igualdad de derechos a hechos consumados: ni el divorcio ha traído una Guerra Mundial Z, ni el matrimonio homosexual ha traído una Guerra Mundial Marica. 
Ojalá dentro de poco lo único que nos preocupe de las bodas de políticos sea que no tengan una lista de invitados como la de la hija de Aznar.
2 de Febrero de 2015
Moncho Borrajo, ya citado arriba, publica una carta en su Facebook criticando a Pablo Iglesias. Como respuesta, la turba furiosa 2.0 empieza a llamarle "fascista" y “maricón”. Cabe sospechar que cuando le llamaban “maricón” no lo usaban como interjección (“Maricón, qué frío hace”), ni como distintivo fuera de connotación negativa, solo como ejemplo inconsciente de que formar parte de una ideología aparentemente progresista no le exime a uno de pecar de homófobo. 
Junio de 2015 
Cuando Javier Maroto deja de ser alcalde de Vitoria es despedido en las calles por sus detractores a gritos de “¡Fascista!” y “¡Maricón!”. Cabe sospechar que tampoco se trataba de una interjección. Ay, maricón*.
*Por supuesto, se trata de una interjección. De desazón.

Las tasas judiciales reducen un 30% la litigiosidad en Madrid en dos años

Madrid, 18 sep 2015 (EFE).- 
Las tasas judiciales han reducido la litigiosidad en un 30 % en la sección civil de la A.P. de Madrid en los 2 últimos años, aunque se prevé un aumento de los asuntos en 2015 tras la eliminación de las cuantías para las personas físicas.
Este dato figura en la Memoria Judicial de 2014 de la Audiencia Provincial, que esta mañana ha presentado el presidente del tribunal, Eduardo de Porres, y que señala que esta "notable reducción" de la litigiosidad no se volverá a repetir.
En 2012 había 11.591 asuntos en trámite mientras que en 2014 la cifra se había reducido a 8.072 asuntos, es decir, un descenso del 30 % coincidiendo con la vigencia de las tasas judiciales para las personas físicas.
No obstante, la Memoria advierte de que la derogación de las cuantías aprobada por el Gobierno "a buen seguro producirá un nuevo aumento de la litigiosidad" en el orden civil, que en 2014 ha resuelto 16.6231 asuntos con un promedio de 248 por magistrado.
Con todo, la tasa de resolución media se sitúa en 5,82 meses, un período que la Audiencia reconoce "excesivo" y que atribuye a procesos cada vez más "complejos y voluminosos", frente a los 2,27 meses de media en el orden penal.
Esta sección ha resuelto 34.996 asuntos con un promedio de 466 por cada juez, que sitúa al orden penal con un nivel de productividad del 150% sobre las estimaciones del Consejo General del Poder Judicial.
Al igual que sucede en las secciones civiles, el volumen de asuntos pendientes se ha reducido hasta alcanzar cifras similares a las de 2010 coincidiendo con el estallido de la crisis económica.
Al contrario del orden civil, la Audiencia prevé una reducción de la litigiosidad en los asuntos penales para los próximos años tras la entrada en vigor del nuevo Código Penal que suprime las faltas.
En cuanto a la plantilla judicial, el presidente de la Audiencia ha criticado que las nuevas plazas de jueces se crean sin dotación de personal. "Se aumenta la plantilla de cada sección pero no de funcionarios", ha asegurado.
"Una plantilla pensada para atender el trabajo de un juez difícilmente puede con 2", ha apostillado De Porras, que ha lamentado que el Gobierno regional no les haya presentado todavía una solución para atajar la "deficiencia de personal".
Y es que en 2014 se crearon 22 nuevas plazas de jueces -15 penales y 7 civiles-, si bien "la carga de trabajo de cada magistrado sigue siendo muy elevada".
De momento se ha propuesto para este año la dotación de 7 magistrados de refuerzo en comisión de servicios, al tiempo que la Audiencia confía en lograr algunas de las 100 nuevas plazas de jueces previstas por el Ministerio de Justicia para 2015.
Más problemática es la situación de los funcionarios puesto que existen 100 vacantes sin cubrir, de ahí que la Audiencia apele a la nueva situación económica para ocuparlas a "la mayor brevedad posible".
Al respecto, De Porres ha explicado que trasladó este problema al consejero de Presidencia del Gobierno, Ángel Garrido, sobre el que ha dicho que "necesita tomar nota del mundo de la Justicia porque no pertenece a ella".
En su encuentro, el magistrado le pidió un aumento del presupuesto para medios materiales y humanos porque "es muy insuficiente", así como una mejora de los sistemas de comunicación y gestión.
Finalmente De Porres ha avanzado los 3 proyectos del tribunal para el próximo año: la web de la Audiencia Provincial, la Oficina de Mediación Penal y la Oficina de Atención a las Víctimas.

viernes, 18 de septiembre de 2015

El precio de Casarse en Alcobendas (Madrid)

ser madrid norte.com/Alcobendas | 17/09/2015

Las bodas civiles en Alcobendas cuestan un 25% más que en Madrid, según denuncia el PSOE. Para los empadronados en Alcobendas la tasa es de 150 euros, mientras que en Madrid el precio público para contraer matrimonio es de 120 euros. Es lo que aseguran los socialistas, que llevarán una enmienda a las Ordenanzas Fiscales de 2016 para bajar su precio.

Una pareja de alcobendenses que decida casarse por lo civil en el Ayuntamiento de su ciudad debe pagar una tasa municipal de 150 euros. Es un 25% más que lo que debe pagar una pareja que decide contraer matrimonio civil en alguna de las juntas de distrito del Ayuntamiento de Madrid, donde deben pagar 120 euros. Es la denuncia que estos días hacen los socialistas alcobendenses. El PSOE va más allá y asegura que “hacer deporte, aparcar, solicitar una licencia y, sobre todo pagar el IBI, se han convertido en actividades caras para los alcobendenses”. 
Las tasas municipales no deben utilizarse por mero afán de recaudación, apuntan en el PSOE.

México: El divorcio exprés puede frenar violencia familiar

heraldo.mx/17 / 09 / 2015
La presidenta de la Asociación “Mujeres Jefas de Familia”, Gwendolyn Negrete Sánchez afirmó que la implementación del divorcio incausado, resulta una herramienta que puede evitar la violencia que padecen las mujeres y sus hijos por parte de la expareja.
El divorcio “express” puede generar que las familias se deshagan con más facilidad, pero en aquellos casos donde la solicitante vive una situación de maltrato, es un apoyo fundamental para que la mujer pueda desligarse lo más pronto posible de una vida de violencia que puede terminar de manera trágica.
Manifestó que el divorcio tradicional que debían tramitar las mujeres afectadas era un proceso sumamente largo, y en ese transcurso las mujeres continúan sufriendo abusos por parte del esposo, al grado que se vuelve insoportable la convivencia en el hogar.
Expuso que siendo las mujeres, las interesadas en separarse definitivamente de la pareja, terminan por asumir todos los gastos que genera la defensa jurídica, lo que en ocasiones complica la manutención de los menores.
La insolvencia económica se vuelve elemento perjudicial porque la necesaria separación llega a suspenderse, pues no cuentan con los recursos económicos para continuar con el proceso legal, advirtió Negrete Sánchez.
“Muchas de las mamás viven violencia, y es urgente que se divorcien, los juicios se alargan por años, y más si el hombre no se lo quiere dar, hay que considerar que mientras más dura el juicio, el único beneficiado es el abogado porque pide dinero mes con mes o con cada escrito que deben presentar ante el juzgado”.
Consideró que con la reciente implementación del divorcio “express” no debe dejarse de lado la perspectiva de que lo más importante es procurar que las familias se mantengan juntas, siempre que no haya situaciones extremas como el caso de violencia.

¿Más vale un mal acuerdo que un buen juicio? Va a ser que ¡¡¡ NO ¡¡¡

Buenas, soy Emilio Calatayud. Prácticamente a diario recibo mensajes de padres o madres que están pasando un calvario porque se están separando de sus parejas (o ya lo han hecho) y los hijos se han convertido en un arma arrojadiza, que es algo muy triste. Lo he dicho más veces y lo repito ahora: no puedo analizar casos concretos porque soy un juez en ejercicio, pero si puedo hablar en general.
Mi recomendación fundamental es que más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Y luego siempre recuerdo a los padres y a las madres que han roto su convivencia que los hijos son la prueba de que ellos alguna vez se quisieron.
Haced ese esfuerzo, por favor, los menores serán los mayores beneficiados.
NOTA: La Justicia tiene que funcionar, si no, NO es Justicia. Un Mal acuerdo, mantiene el conflicto en el tiempo.

Continuo fracaso,año tras año, de la ley de violencia sobre la mujer (2014-2015)

La ley contra la violencia machista… provoca más violencia machista: 62 asesinadas por año frente a las 49 del periodo anterior
La ley contra la violencia machista… provoca más violencia machista: 62 asesinadas por año frente a las 49 del periodo anterior.
José Ángel Gutiérrez| joseangel@hispanidad.com
10/09/2015
  • Entre 2005 y 2014 -años de vigencia de la Ley- fueron asesinadas un total de 620 mujeres.
  • Entre 1999 y 2003, sin embargo, la violencia doméstica se cobró 246 víctimas mortales en España.
  • Lógico: se trata de una ley injusta contra el varón.
  • Las denuncias por violencia de género repuntan el 1,5% en 2014 tras 5 años de caídas.
El 29 de diciembre de 2004 se publicó en el BOE la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, una ley aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero
Así que próximamente se cumplen los 11 años de aprobación de esta norma. Buen momento para recoger cifras.
Mujeres Asesinadas por Violencia doméstica
Año
Nº Asesinadas
Año
Nº Asesinadas
2005
57
1999
-
2003
246
2006
69
2007
71
2008
76
2009
59
2010
73
2011
61
2012
52
2013
54
2014
51
Total
620

Según un gráfico de la SER, en 2005 -1º año de vigencia de la Ley- fueron asesinadas 57 mujeres. En 2006, 69. En 2007, 71. En 2008, 76. En 2009, 56. En 2010, 73. En 2011, 61. En 2012, 52. En 2013, 54. Y en 2014, 51.  
En esos 10 años fueron asesinadas un total de 620 mujeres, que dan una cifra de 56,36 cada año.
Sin embargo, entre 1999 y 2003, la violencia doméstica se cobró 246 víctimas mortales en España, según datos del Instituto de la Mujer que recogió El Mundo. Es decir, en 5 años, la media de mujeres asesinadas al año llegó a 49,2, antes de la aprobación de la Ley de Violencia de género.
En cuanto al nº de denuncias, El País recoge que tras 5 años de caídas, en 2014 ha llegado el 1º repunte. Un total de 126.742 mujeres presentaron una denuncia por maltrato el año pasado, un aumento del 1,5% respecto a 2013.
A la vista de estos datos cabe plantearse la eficacia de la norma socialista…

jueves, 17 de septiembre de 2015

Feministas politizadas contra la Guarda y Custodia compartida

Marisa Soleto/ 17.09.2015
Dicen los datos del Instituto Nacional de Estadística que en el año 2014 nos hemos divorciado más. Y en muchos casos, estos datos se han difundido en los medios de comunicación apelando a la recuperación económica como una de las causas de ese 5,4 % de incremento en el nº de rupturas matrimoniales que se produjo en el año 2014 respecto del año anterior.
A veces se nos olvida que el matrimonio y en general la convivencia en pareja son también una comunidad de bienes que, por lo tanto, reacciona ante los ciclos económicos igual que otras instituciones y organizaciones. El coste de separarse no sólo es el precio que hay que pagar por el procedimiento judicial sino, también, la ruptura de las economías de escala que supone dejar de compartir gastos entre 2 personas adultas y duplicar las necesidades logísticas básicas.
Pero más allá del nº de divorcios ayer también conocimos los datos referidos a la forma en que se asumen las responsabilidades familiares y el cuidado de los hijos e hijas tras una ruptura matrimonial.
Desde la nota de prensa del INE se ha puesto en valor el incremento de lo que conocemos como custodia compartida. En 1 de cada 5 casos de divorcio, algo más del 20%, en los que se tiene que decidir sobre las condiciones del cuidado de los hijos o hijas tras la ruptura, se establece una custodia ejercida por ambos progenitores.
Es un incremento considerable respecto de años anteriores que merece un análisis más pormenorizado. Este porcentaje incluye tanto los divorcios que se celebran de mutuo acuerdo como aquellos por procedimiento contencioso que puede no contar con el acuerdo del padre y la madre sobre las condiciones de las relaciones post ruptura matrimonial, incluyendo la forma de compartir las responsabilidades familiares.
En los casos de mutuo acuerdo el porcentaje general que ha difundido el INE se eleva hasta casi 1 de cada 4 casos, más del 24%. En los divorcios contenciosos esta cifra es lógicamente menor, pero se eleva hasta 1 de cada 8 divorcios contenciosos, más del 12%, establecen esta modalidad de custodia compartida.
Que los padres y las madres se ocupen y colaboren en las responsabilidades y tareas de cuidado tras una ruptura matrimonial y este indicador crezca, puede parecer un buen indicador de partida, pero visto desde el bienestar de los menores, cabe preguntarse si el crecimiento de los casos de custodia compartida entre ambos progenitores en los divorcios que se resuelven en una situación de conflicto entre ambos cónyuges y sin acuerdo en las condiciones de la ruptura, no aboca a los niños y las niñas a vivir en una situación de falta de acuerdo que puede perjudicar su desarrollo.
Y esto por no entrar en el hecho de que estos datos tienen un sesgo importante de partida. Divorciarse con acuerdo suele ser más barato y sabemos que aún queda en España un buen número de mujeres víctimas de violencia de género que no denuncian y que intentan poner fin a la convivencia y al maltrato a través de la ruptura matrimonial, con el acuerdo o no de sus agresores. También sabemos que en muchos casos las negociaciones sobre la modalidad de custodia se utilizan como moneda de cambio para negociar otros aspectos de las relaciones económicas post ruptura matrimonial. Pensiones de alimentos, el uso de la vivienda familiar, por ejemplo, son elementos que se negocian y dependen de cuál sea la modalidad de custodia. Deberíamos por tanto prestar algo más de atención a este tipo de incrementos y empezar a cuestionar si realmente la custodia compartida es en todos los casos un indicador positivo y garantiza el bienestar de los niños y las niñas.
Ojalá las encuestas de usos del tiempo y de participación de los hombres en las tareas y responsabilidades domésticas y de cuidado de las personas dependientes, niños, niñas y personas mayores y enfermas, nos indicaran que estos datos sobre custodia compartida en los casos de ruptura matrimonial se corresponde con un auténtico cambio social y una mayor colaboración entre progenitores también en las parejas que conviven. Pero no tenemos indicadores de convivencia o sobre disfrute de permisos parentales que nos den pistas en este sentido. Si las responsabilidades y sobre todo las tareas familiares y domésticas siguen siendo desempeñadas de forma principal por las mujeres, resulta complicado pensar que esta situación se pueda equilibrar, milagrosamente, cuando una pareja pone fin a su relación.
A pesar de esta realidad social, quien en estas líneas lea una defensa de la atribución de las custodias de forma preferente a las madres, se equivoca, pero no creo que la solución para cambiar esa situación sea la imposición judicial.
No se puede compartir lo que no se quiere compartir y esto requiere voluntad de colaboración, responsabilidad, respeto e incluso complicidad cuando de la crianza de los hijos y las hijas se trata. Lo que no se quiere compartir sólo se puede repartir, y quizá las legislaciones autonómicas que tan alegremente se han lanzado a cantar las bondades de una custodia compartida impuesta desde los tribunales sin el acuerdo de las parte implicadas, que ha sido abrazada con entusiasmo desde algunas instancias judiciales, deberían hacer una reflexión al respecto desde la necesidad de garantizar un entorno de desarrollo para los menores libre de conflictos.
Afortunadamente no será esta legislatura en la que produzca la modificación en el Código Civil sobre este asunto, ya que el anteproyecto que el Gobierno estaba preparando para regular la imposición de la custodia compartida judicialmente, incluso en algunos casos de violencia de género no ha seguido adelante en su tramitación. La evidencia de que el acuerdo de las partes es la mejor manera de conseguir esta forma de ocuparse de las necesidades de los menores que muestran los datos del INE, tal vez nos libre de tener que una legislación que considera irresponsables a las personas que se divorcian, incapaz de sentarse a negociar y establecer la forma de relacionarse cuando ya no quieren seguir siendo pareja. Mientras tanto hay que seguir insistiendo; quienes quieran compartir las responsabilidades cotidianas del cuidado de sus hijos e hijas después del divorcio lo tienen fácil: negocien y lleguen a un acuerdo. Para esto no necesitan ni un juez ni una Ley. Y si no pueden, seguramente sus hijos o hijas no se merecen esa situación, ni en 1 de cada 8 casos, ni en ninguno.
Nota: Desde la regulación del divorcio en España, los datos son similares, el 60-70 % se divorcian de Mutuo Acuerdo y entre un 30-40 % son procesos contenciosos. La pregunta es como solucionar el conflicto en los procesos contenciosos y porque en los de Mutuo Acuerdo, no se producen un 100 % de Custodias Compartidas. Que el Divorcio y sus efectos no sean una herramienta política, para ganar votos. Pero esto no se hara realidad. Hay muchos intereses por medio: Subvenciones, negocios de abogados, psicólogos, asociaciones de afectad@s,....

miércoles, 16 de septiembre de 2015

Mujeres lesbianas y solteras, sin derecho a la reproducción asistida y otros colectivos sociales

Diversas organizaciones denuncian la “discriminación” que supone la orden ministerial de 2014 que exige “relación vaginal con coito” para poder someterse a estas técnicas por la vía pública.
ANGEL ESPÍNOLA | Madrid - 16-09-2015 |
Un 15% de las mujeres españolas no pueden someterse a un tratamiento de reproducción asistida en la sanidad pública porque no tienen una pareja masculina. Son datos de un informe de la Asociación Pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales (Adeces) a raíz de la Orden Ministerial de 31 de octubre de 2014 que excluía a mujeres solteras o lesbianas de estas técnicas reproductivas.
Hasta 2014, la Ley de reproducción asistida no distinguía estado civil ni orientación sexual
Aunque la orden, aprobada por la anterior ministra de Sanidad, Ana Mato, no especifica exactamente la exclusión de este colectivo, sí que establece como requisitos para los tratamientos de reproducción humana asistida (RHA) la necesidad de mostrar un “trastorno documentado de la capacidad reproductiva, constatado tras el correspondiente protocolo diagnóstico y no susceptible de tratamiento médico o tras la evidente ineficacia del mismo” así como la “ausencia de consecución de embarazo tras un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos”. Este último apartado, especialmente, impide a mujeres sin pareja varón acudir, por la vía pública, a dichos tratamientos. Para organizaciones de defensa de derechos de las mujeres, como Women’s Worldwide, “el Estado tiene la obligación de respetar las decisiones reproductivas de las mujeres y de garantizar el acceso en condiciones de igualdad a los servicios de salud incluidos en su cartera de servicios que les permitan llevarlas adelante”. Por ello, como comentan fuentes de la organización, “es inadmisible que el acceso a los tratamientos de reproducción asistida dependa de la orientación sexual de la mujer o de si se tiene pareja o no, o de la comunidad autónoma donde resida porque no en todas las comunidades se está aplicando esta orden ministerial”. En este sentido, aunque la norma es de aplicación estatal, existen comunidades autónomas como Cataluña o Extremadura que han aprobado leyes contra la homofobia que permiten la financiación pública de estas técnicas de reproducción asistida. Unas técnicas cuya solicitud por parte de mujeres lesbianas, según el estudio de Adeces, ha crecido en un 112% desde 2010. Desde la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) consideran que la nueva
normativa responde a "un problema presupuestario". Como asegura a este periódico su presidente, Agustín Ballesteros: "En una época en la que hay recortes, acaban pagándolo personas injustamente. Desde el punto de vista de los profesionales, todo aquello que coarte la libertad de las personas, y de las mujeres en este caso, no nos parece lo más razonable". SITUACIÓN HASTA 2014
Comunidades como Cataluña o Extremadura permiten la financiación pública de estas técnicas.
Esta situación, sin embargo, era distinta antes de la aprobación de la norma de 2014, ya que hasta entonces, la Ley de 2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida indicaba que las mujeres podía someterse a estos tratamientos “con independencia de su estado civil y orientación sexual”.
El cambio de norma ha desembocado en la aparición de casos en los que algunos hospitales han interrumpido el tratamiento de mujeres solteras u homosexuales una vez iniciado. Uno de ellos, el conocido con los pseudónimos de Tania y Verónica, ha sido llevado a los juzgados por sus protagonistas, como consecuencia de los efectos causados por la interrupción.
Como explica a Consalud.es la abogada de este caso, Carmen de Miguel, “antes de la orden ministerial no estaba habiendo ningún problema, no solía haber discriminación alguna. Pero desde entonces ha habido bastante parejas que se han visto perjudicadas por ello”. Según De Miguel, muchas de estas mujeres han acabado acudiendo a la sanidad privada, “donde los tratamientos pueden llegar a costar entre 2.000 y 8.000 euros”.