jueves, 26 de noviembre de 2015

¿ La Violencia de género: un problema de Estado ? No, cambiar la ley actual

La desigualdad como germen y la educación como arma para luchar contra el maltrato son las piezas clave de una lacra que los principales partidos políticos coinciden en abordar con el consenso de un gran pacto que sobreviva a los cambios de gobierno.
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AinhoaMartínez.  Madrid. 25 de noviembre de 2015
Más de 50 mujeres asesinadas en lo que va de año. La violencia de género ha adquirido una envergadura que la sitúa como una forma de terrorismo, una lacra ante la que los partidos políticos no han querido permanecer ajenos y en vísperas de la contienda electoral del 20 de diciembre centran sus esfuerzos para articular una oferta programática que impulse la erradicación de esta problemática como un asunto de Estado.
El Gobierno de Mariano Rajoy exhibe su gestión en este aspecto y presume de haber puesto en marcha el 80% de la «Estrategia para la erradicación de la violencia contra la mujer» que comenzó a funcionar en 2013 y que tendrá vigencia hasta 2016. Un total de 250 medidas con una dotación económica de más de 1.500 millones de euros, que han permitido aumentar en un 5,12% las mujeres que consiguen superar esta situación de riesgo, un 77,6%. Las iniciativas aplicadas por el Ejecutivo han ido encaminadas a romper el silencio de las víctimas, mejorar la respuesta institucional de los poderes públicos a través de planes personalizados, la atención a los menores y mujeres en situación de especial vulnerabilidad o la visibilización de otras formas de violencia contra la mujer.
Además de estas medidas el Gobierno ha impulsado una serie de avances normativos como la incorporación de la justicia gratuita y el asesoramiento legal previo para todas las víctimas, los nuevos delitos introducidos en el Código Penal o el reconocimiento de los menores como víctimas. No obstante, desde el Ejecutivo reconocen que aún queda mucho por hacer, en el corto plazo prevén la introducción de cambios en la Ley de Violencia de Género, incluyendo otras formas de violencia como la trata de seres humanos, la mutilación femenina o las agresiones sexuales, como requisito para cumplir con lo exigido en el Convenio de Estambul. Una hipotética modificación que se asumirá en la próxima legislatura y que debe contar con el consenso de todas las fuerzas políticas.
El PSOE, por su parte, dedica un apartado de su programa electoral a «erradicar la violencia de género». En el punto de mira de los socialistas está avanzar hacia un «gran pacto de Estado» que implique a todas las Administraciones públicas para dar respuestas efectivas y de carácter integral a todas las mujeres y menores víctimas de esta lacra y «reponer las dotaciones económicas que se han ido recortando en estos años». En este sentido, el PSOE también atiende a las exigencias del Convenio de Estambul y considera necesario «el reconocimiento legal como víctimas de los menores que viven situaciones de violencia en su hogar».
El partido de Pedro Sánchez considera que para erradicar la violencia de género se debe poner en marcha un paquete de medidas incardinadas en 3 ejes: formación, prevención y legislación. Dentro del ámbito formativo, los socialistas abogan por que se incorpore al currículo la formación específica en igualdad, educación afectivo-sexual y prevención y que los profesionales que presten sus funciones en los juzgados de violencia de género tengan la especialización en esta materia. Dentro del ámbito preventivo, el PSOE defiende que se publique «la lista de maltratadores con sentencia firme». Una iniciativa que consideran «ajustada a Derecho» y con una finalidad «disuasiva y proactiva» que ayudará a prevenir el maltrato. También prevén la creación de planes de detección precoz y la puesta en marcha –dentro de los juzgados especializados en violencia de género– de la figura del Acompañamiento Judicial Personalizado para asesorar a las mujeres sobre el recorrido judicial de su denuncia.
Dentro del apartado orientado a erradicar la violencia de género los socialistas también abogan por una reforma de la legislación en materia de familia y menores para «garantizar la obligatoria suspensión del régimen de visitas de menores por parte de progenitores o tutores legales que estén cumpliendo condena» por este tipo de delitos y recogen que se «rechace la custodia compartida impuesta» en supuestos de violencia de género para garantizar la protección del menor.
Desde Ciudadanos consideran esencial el fomento de medidas que promuevan cambios a nivel educativo, social, económico, político y familiar, que se traduzcan en una igualdad efectiva entre hombres y mujeres, pues entienden que esta desigualdad es el germen de la violencia de género y de cualquier tipo de violencia o discriminación. Por ello, abogan por que la educación sea el vehículo, desde una edad muy temprana, para combatir esta lacra.
Conscientes de que la violencia de género y la intrafamiliar no se pueden erradicar a través de actuaciones individuales, sino que se debe contar con una combinación de acciones jurídicas, judiciales, policiales, culturales, educativas, sociales, sanitarias y de otros servicios, en Ciudadanos proponen que se eleve a la «categoría de política de Estado» la lucha contra esta problemática y se comprometen a buscar el consenso necesario con el resto de formaciones políticas para establecer una estrategia conjunta en la que se desarrollen planes integrales de acción contra la violencia de género, así como la aprobación de una mayor dotación de los recursos necesarios para lograr su efectiva desaparición.
Desde la formación de Albert Rivera también abogan por poner el acento en la concienciación a través de campañas divulgativas y de sensibilización, en las que los medios de comunicación adopten un papel proactivo y responsable en la difusión de los mensajes y en el control de los contenidos dirigidos a los espectadores más jóvenes. También se comprometen a elaborar un Plan de Lucha contra la violencia de género y, al igual que el PSOE, prevén incluir en el currículo escolar las medidas de prevención y fomento de la igualdad.
Ciudadanos también propone ampliar la oferta de plazas en centros de acogida y aumentar el número de policías destinados a los casos de malos tratos, dotando a los agentes y a los jueces de una formación adecuada para que tengan en cuenta las características específicas de los casos que investiguen. En el ámbito administrativo, aumentarán los programas de atención y tratamiento a las familias víctimas de violencia de género y aligerarán los trámites, dando respuestas personalizadas y ganando en calidad y eficiencia en la gestión.
Por su parte la formación de Pablo Iglesias también propone un tratamiento consensuado de esta problemática y exige que se adopte un «gran Pacto de País» en el que se involucren todas las fuerzas políticas, así como la sociedad civil. Dentro de esa alianza de Estado, Podemos propone abordar con carácter urgente 4 grandes retos. 
En 1º lugar, blindar en los Presupuestos Generales del Estado una dotación mínima garantizada que asegure los medios para hacer frente a la violencia de género, una cantidad «que no sea inferior a las cantidades anteriores a la reforma del art. 135 de la Constitución». En 2º lugar, Podemos exige el mantenimiento de las competencias de los ayuntamientos en esta materia como atribución esencial para prestar un servicio vital a las víctimas. En 3º lugar, la formación de Pablo Iglesias aboga por ofrecer una garantía habitacional inmediata a las mujeres maltratadas y que ésta no esté supeditada a la orden de protección judicial. Por último, y en orden a cumplir el Convenio de Estambul, prevén la incorporación de la protección a los menores y no restringir el concepto de violencia de género al ámbito exclusivo de la pareja y la ex pareja, y se amplie a todas las formas de violencia contra las mujeres.