Redacción NJ | 16/06/2015
Las Jornadas fueron organizadas por EMIN (Confederación para el mejor Interés de la Infancia), organización interdisciplinar, de iniciativa social, presidida por Gerardo Rodriguez-Acosta, que lleva 10 años trabajando a favor de la Infancia y la Adolescencia y fomentando el diálogo con aquellas instituciones que luchan por tratar de favorecer a los más pequeños.
Con la colaboración de Wolters Kluwer, y su revista LA LEY Derecho de familia, y Obra Social la Caixa, las Jornadas reunieron, ante más de 300 personas, a representantes de la Administración, magistrados, abogados, psicólogos, pediatras y asistentes sociales que, desde diferentes perspectivas, analizaron la problemática a la que miles de niños y niñas se ven sometidas en las crisis familiares.
El objetivo de la Jornada: fomentar el debate y favorecer el diálogo entre todas las instituciones y sectores que luchan por mejorar las condiciones de los menores, y ayudar así a definir el verdadero interés superior de la infancia en cada situación.
Los Proyectos de Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia: una reforma imperativa
En el acto de inauguración de la Jornada, Regina Mañueco del Hoyo, Subdirectora General de Infancia del Ministerio de Sanidad, destacó la importancia que para la protección de los menores supondrán los Proyectos de Ley y Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia. Una reforma impuesta, no solo por los casi 20 años transcurridos desde la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, los cambios sociales, o las observaciones formuladas por diversos organismo nacionales e internacionales, sino, como señaló Regina Mañueco, por la cruda realidad de la situación en la que se encuentran muchos de nuestros menores, amenazados por nuevas formas de violencia.
En este sentido, destacó la Subdirectora de Infancia, cómo estos Proyectos de Ley intentan incidir en la protección de los menores más vulnerables: los sometidos a violencia de género o cualquier otro tipo de violencia, los menores discapacitados, los menores extranjeros o los jóvenes extutelados de la Administración.
Los Proyectos de ley se encuentran en este momento en trámite de presentación de enmiendas en el Senado, y tienen prevista su publicación, en julio o a la vuelta del verano.
El talón de aquiles de la Guarda y custodia compartida
Un repaso por la actual situación de la guarda y custodia compartida, abrió el debate de la 1ª mesa redonda de la Jornada.
El Magistrado de la Sala Primera del TS, Agustín Pardillo Hernández, comenzó constatando la importancia que el Derecho de familia está adquiriendo en los últimos tiempos por los rapidísimos cambios a los que se está sometiendo en los último tiempos y que está liderando la ruptura de la tradicional concepción estática e inamovible del Derecho Civil.
Centró su ponencia un repaso a la rapidísima evolución que el reconocimiento de la guarda y custodia compartida ha tenido en la jurisprudencia del TS, pasando de ser una opción excepcional (tal y como la reconoce el actual art. 92 CC), a ser una medida que habrá de “considerarse normal e incluso deseable”, según establece la Jurisprudencia del Alto Tribunal.
Aunque Jueces y Tribunales son más proclives a su implantación, en la práctica no se ha producido un incremento significativo de las resoluciones acordando esta modalidad de guarda y custodia: en 2013, la custodia de los hijos menores fue otorgada a la madre en el 76,2% de los casos; en el 5,5% de los procesos la custodia la obtuvo el padre, y en el 17,9% de los supuestos de separación del pasado año la custodia fue compartida.
Tanto ponentes como asistentes a la Jornada coincidieron en que la guarda y custodia compartida no será una opción real hasta que no se modifique el art. 96.1 CC que vincula el uso de la vivienda familiar a la atribución de la custodia de los hijos menores.
Y en este sentido se lanzó una clara petición a los magistrados del TS: que del mismo modo que han interpretado de un modo flexible la excepcionalidad que el CC predica de la guarda y custodia compartida, hasta el punto de llevarla al extremo opuesto, empleen esa misma flexibilidad en la interpretación del párrafo primero del art. 96.1 del CC, desvinculando el uso de la vivienda familiar de la atribución de la guarda y custodia.
Intervención del menor en los procesos de familia
Recientemente, el pasado mes de mayo, la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE emitió un Informe sobre la situación de los menores de edad en los procedimientos judiciales que recomendaba a los Estados parte, entre ellos España, la implantación de mecanismos objetivos para determinar la madurez de los niños y adolescentes en los juzgados.
El informe sostiene que la justicia debe estar "más adaptada a la infancia" pues centenares de miles de niños pasan por los juzgados cada año en la UE. Sólo en 2010 y sólo en 11 Estados miembros, cerca de 74.000 niños fueron víctimas de delitos y 495.000 se vieron afectados por el divorcio de sus padres. El Informe pide que se proporcionen formación, normas y directrices sobre el modo de tomar declaración a los niños a todos los profesionales que intervienen, porque "no podemos permitir que los niños se sientan desconcertados o estresados cuando participan en procedimientos judiciales. La UE y sus Estados miembros tienen la obligación de garantizar que los derechos de los niños se respetan y se cumplen", señalaba el director interino de la FRA, Constantinos Manolopoulos.
En la Jornada del pasado viernes, ésta fue una cuestión analizada por psicólogos forenses privados, psicólogos del equipo psicosocial de los Juzgados de Familia de Madrid y pediatras, que insistieron en la necesidad de la formación en habilidades en comunicación al tratar al menor.
Juan Pablo González del Pozo, Magistrado Juez de Familia, analizó el entorno en que ha de realizarse la prueba de audiencia al menor e insistió en la importancia de una mediación previa al procedimiento judicial (....)
En el acto de clausura, Carlos Martínez-Almeida, Presidente de la Plataforma de Organizaciones de Infancia, llamó la atención de los asistentes sobre el riesgo de exclusión social en que se encuentra un altísimo porcentaje de la población infantil española, y la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert manifestó el compromiso del Colegio de Abogados con la Infancia y el Derecho de familia.
Fue una Jornada dirigida, no solo a los profesionales que día a día trabajan en el campo de los conflictos familiares y los problemas que éstos conllevan para el menor, sino también a toda la ciudadanía, con el objetivo de trasladar a la sociedad la importancia que está tomado la revolución en este campo.
En el aire, unas ideas comunes:
– La constatación de que la infancia, y más en el actual contexto de crisis, es invisible en muchos ámbitos de la política y la legislación en España.
– La necesidad de una intervención coordinada y multidisciplinar que incluya a todos los sectores y ámbitos profesionales que trabajan con menores.
– La importancia de la formación especializada en todos aquellos profesionales que tengan algún contacto con menores.
– Y el deseo de que “el interés del menor” que preside todo el derecho de familia sea, no solo un concepto jurídico indeterminado, sino el fin real de todas las decisiones y actuaciones que tengan que ver con los menores, alejándolas de otros intereses económicos o de cualquier otro tipo.
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