El Parlamento
Europeo acaba de hacer público un informe sobre el impacto negativo de la crisis económica en los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. Una
de sus conclusiones es que en España se ha producido un evidente retroceso en
materia de derechos fundamentales.
El
informe LIBE constata que la crisis económica en España se produjo por la
excesiva exposición financiera del sector inmobiliario, que ha venido
produciendo caídas del PIB desde 2009.
Tras la
aprobación de la ayuda, el Eurogrupo estableció un programa de 18 meses para
que España adoptara reformas en varios ámbitos, entre
ellos la Justicia.
El
estudio incluye una referencia expresa al acceso a la justicia y constata que las tasas judiciales han supuesto una seria barrera
para ejercer el derecho a la tutela judicial
efectiva por parte de muchos ciudadanos, al ser desproporcionadas y
desiguales.
Así, se
menciona de forma expresa al Consejo General de la Abogacía y sus repetidas
denuncias contra la violación del derecho fundamental de acceso a la Justicia,
así como su papel en la creación de la Plataforma Justicia para Todos. El
Informe señala que, a pesar de su revisión tras la petición formal del Defensor
del Pueblo, después de recibir a la Abogacía y a la citada Plataforma, las
medidas propuestas resultaron insuficientes, llegando a
presentarse varias peticiones de inconstitucionalidad.
El Informe se
terminó antes de la eliminación de las tasas a las personas físicas, pero ya
cuando el actual ministro de Justicia había anunciado su reforma.
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