El
Ministerio de Justicia tomará como referencia entre otras las
provincias de León, Valladolid y Burgos para fijar la dotación adicional
que aportará a la financiación de la justicia gratuita a través de las
tasas judiciales recién instauradas.
El Ejecutivo se propone que las comunidades autónomas asuman con cargo a lo recaudado con las tasas judiciales el sobrecoste que les supondrá la aplicación de la nueva Ley de Asistencia Justicia Gratuita, en la que se ha ampliado el nº de beneficiarios.
Este aumento del coste se ha producido al elevarse los umbrales dentro de los que se puede solicitar este servicio y al haber incorporado a colectivos de víctimas especialmente vulnerables con independencia de su renta.
Con el objetivo de garantizar una aplicación equitativa de la norma, se preverá un incremento máximo de la aportación de cada comunidad. Como referencia se tomará la variación media que registren las comunidades que aún no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia, como es el caso de Castilla y León y se establecerá que las aportaciones que reciban el resto puedan alcanzar hasta el triple de ese porcentaje de variación.
En ese estudio, según ha podido conocer este periódico, se tomarán como referencia fundamental los datos de Valladolid, León y Burgos.
Con esta medida se garantizará que la justicia gratuita se preste de forma homogénea en todo el territorio nacional, al aportar el Estado los recursos suficientes para sufragar los incrementos de coste que provocó el cambio legislativo que modulaba la cuantía de las tasas y adelantaba la entrada en vigor de las novedades que incluirá la futura ley de asistencia jurídica gratuita.
A lo largo de 2014 se recibirán y analizarán los datos de las comunidades correspondientes a 2013, y en la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 se recogerán los importes que se tendrán que abonar.
El anteproyecto incrementa los umbrales económicos de acceso (se amplía el umbral de 14.000 a 15.000 euros anuales) y los colectivos que podrán acogerse a este servicio. Los colectivos que pasan a ser beneficiarios de la justicia gratuita con independencia de su renta son las víctimas de violencia de género; terrorismo; trata de seres humanos; menores y discapacitados psíquicos que hayan sido víctimas de abusos, y víctimas de accidentes con secuelas permanentes que reclamen indemnizaciones por daños.
El Ejecutivo se propone que las comunidades autónomas asuman con cargo a lo recaudado con las tasas judiciales el sobrecoste que les supondrá la aplicación de la nueva Ley de Asistencia Justicia Gratuita, en la que se ha ampliado el nº de beneficiarios.
Este aumento del coste se ha producido al elevarse los umbrales dentro de los que se puede solicitar este servicio y al haber incorporado a colectivos de víctimas especialmente vulnerables con independencia de su renta.
Con el objetivo de garantizar una aplicación equitativa de la norma, se preverá un incremento máximo de la aportación de cada comunidad. Como referencia se tomará la variación media que registren las comunidades que aún no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia, como es el caso de Castilla y León y se establecerá que las aportaciones que reciban el resto puedan alcanzar hasta el triple de ese porcentaje de variación.
En ese estudio, según ha podido conocer este periódico, se tomarán como referencia fundamental los datos de Valladolid, León y Burgos.
Con esta medida se garantizará que la justicia gratuita se preste de forma homogénea en todo el territorio nacional, al aportar el Estado los recursos suficientes para sufragar los incrementos de coste que provocó el cambio legislativo que modulaba la cuantía de las tasas y adelantaba la entrada en vigor de las novedades que incluirá la futura ley de asistencia jurídica gratuita.
A lo largo de 2014 se recibirán y analizarán los datos de las comunidades correspondientes a 2013, y en la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 se recogerán los importes que se tendrán que abonar.
El anteproyecto incrementa los umbrales económicos de acceso (se amplía el umbral de 14.000 a 15.000 euros anuales) y los colectivos que podrán acogerse a este servicio. Los colectivos que pasan a ser beneficiarios de la justicia gratuita con independencia de su renta son las víctimas de violencia de género; terrorismo; trata de seres humanos; menores y discapacitados psíquicos que hayan sido víctimas de abusos, y víctimas de accidentes con secuelas permanentes que reclamen indemnizaciones por daños.
No hay comentarios:
Publicar un comentario