martes, 17 de septiembre de 2013

Los casos de violencia de género cometidos por menores crecen un 33%

016   Ministerio de Igualda
MEMORIA DE LA FISCALÍA 2012

MADRID, 16 Septiembre del 2013. (EUROPA PRESS) -
Los casos de violencia de género protagonizados por menores crecen un 33 % en un año, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2012, que señala que en 2011 las diligencias incoadas por esta clase de hechos fueron 473, en 2012 se han registrado 632 asuntos.
Si bien el Ministerio Fiscal apunta que se trata del 1º año en que se puede comparar este dato, y por tanto, resulta prematuro extraer conclusiones de tendencias, reconoce, no obstante que se trata de una subida "considerable" que hay que "lamentar".
Como principal causa de este comportamiento de menores, el máximo órgano de fiscales apunta a que los menores, en la mayoría de los casos, reproducen roles característicos de la violencia contra la mujer entre adultos: imputados con un fuerte sentido posesivo respecto a la pareja, que recurren a la violencia física y psíquica para mantenerla o víctimas menores muy estigmatizadas.
La medida a la que más se acude en estos casos es la libertad vigilada, acompañada de una prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima sigue, con resultados "en general positivos", debido precisamente a la "fragilidad de los lazos afectivos subyacentes", que hacen que la relación se diluya más fácilmente por la ausencia de contacto.
Tasas judiciales Nunca una ley ha generado tantas voces en contra. Las nuevas tasas judiciales han irritado a jueces, fiscales, abogados y secretarios judiciales. La reforma ya ha sido aprobada, aunque la Audiencia Nacional cree que puede vulnerar la Constitución. De hecho, el PSOE ha recurrido la ley al Constitucional, ya que cree que dilapida el concepto de Justicia gratuita y universal. Varias decenas de funcionarios de Justicia se han concentrado este lunes frente a la sede del Tribunal Supremo para protestar contra el ministro y las reformas que está llevando a cabo, que solo persiguen "reformar la justicia para privatizarla", según CC OO

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Retos del año judicial: falta de juzgados, nuevo registro civil y reforma del código penal Protestas de funcionarios de Justicia Funcionarios de Justicia protestan en la apertura del año judicial (EFE) El rey inaugura un año judicial cargado de reformas legales. La renovación del Poder Judicial y el caso Pérez de los Cobos alimentan la polémica de una Justicia politizada. Los casos de corrupción, como Nòos, Gürtel, Bárcenas o los ERE seguirán copando el foco mediático. Protestas de funcionarios y la ausencia de tres asociaciones de jueces, marcan el acto de apertura. ECO ® Actividad social ¿Qué es esto? 37% 25 Me gusta No me gusta +1 email Compartir 20MINUTOS.ES. 16.09.2013 - 13:35h La Justicia ha inaugurado este lunes un nuevo curso cargado de retos difíciles y proyectos polémicos. El tradicional acto, presidido por el rey y el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, no ha contado con la presencia de tres de las cuatro asociaciones de jueces, un termómetro que sirve para reflejar lo caldeado y tenso que está el ambiente dentro del marco judicial. Entre los discursos del solemne acto, la palabra corrupción ha estado muy presente. No podía ser de otra forma, cuando es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, según el CIS. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha advertido que este "delito no renta" y que "no hay zonas de penumbra" en las que se puedan agazapar "quienes se lucran a costa del interés común". Estas palabras se han producido delante del Rey, cuando el 'caso Urdangarin' está en su recta final, y otros casos tan mediáticos como los ERE en Andalucía, Bárcenas o Gürtel copan día sí y día también las portadas de los medios. No obstante, los casos de corrupción y cómo van a ser afrontados por una Justicia acusada de estar cada vez más politizada, no son las únicas claves del año judicial que ahora comienza. Falta de medios El número de jueces y fiscales es "claramente insuficiente" y será difícil evitar que ello suponga en los próximos años "un deterioro en el servicio de la Justicia", ha señalado este lunes el presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner. Si 2010 el Consejo general del Poder Judicial (CGPJ) cifró en 450 el número de nuevos jueces que hacían falta, desde entonces el Gobierno solo ha incrementado el número de magistrados en 50 plazas, sino que además ha eliminado la figura de los jueces sustitutos y suplentes (unos 1.200). A lo largo de 2012 se han incoado 5.130.089 procedimientos penales, un 4,9% menos que en 2011. El año pasado terminó con más de tres millones de asuntos pendientes y la previsión que se ha hecho para este año no es más positiva: 2,6 millones de procedimientos acumulados en los juzgados. Nuevo Poder Judicial PSOE y PP todavía discuten sobre la composición del nuevo Poder Judicial. Justicia modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial con la intención de restar protagonismo a las asociaciones judiciales y abrir la puerta a los jueces no asociados (suman más de la mitad de los alrededor de 5.234 profesionales que hay en España). Ahora hay 55 candidatos para 12 puestos de vocales. De todos ellos, 18 no pertenecen a ninguna asociación. Moliner ha pedido este lunes que el nuevo órgano de gobierno de los jueces "se diseñe con el máximo consenso entre las diversas fuerzas políticas parlamentarias" y que no se utilice el habitual sistema de cuotas que suelen emplear los partidos políticos para designar a los vocales. Pero al final seguirán siendo PP y PSOE, que suman los tres quintos del Parlamento necesarios para sacar adelante los nombramientos, los que decidirán los nuevos vocales. No será de extrañar por tanto que de entre esos 55 candidatos, los dos grandes partidos se inclinen por los asociados a la conservadora APM o la progresista Jueces para la Democracia. Esta asociación, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente (las mismas tres que no han acudido al acto) se oponen a esta nueva ley. Reforma del Código Penal y ley de enjuiciamiento criminal La reforma del Código Penal ha abierto otro frente polémico. La resistencia pasiva o convocar manifestaciones por Internet podrían suponer penas de cárcel, un cambio legislativo que la izquierda política ha criticado con dureza, ya que cree que el PP pretende perseguir al ciudadano que protesta. También este otoño esté previsto que cambie la ley de enjuiciamiento criminal, que por ejemplo prohibirá a la prensa informar sobre un sumario. El fiscal general ha pedido esta mañana a Gallardón "una somera reflexión sobre este borrador" que, según Torres-Dulce, "anuncia el viraje histórico de nuestro ordenamiento hacia un sistema acusatorio puro, ya que el texto contempla la desaparición del juez de instrucción, una investigación dirigida por el fiscal y un juicio oral basado en un acervo probatorio desvinculado de la instrucción". Tasas judiciales Nunca una ley ha generado tantas voces en contra. Las nuevas tasas judiciales han irritado a jueces, fiscales, abogados y secretarios judiciales. La reforma ya ha sido aprobada, aunque la Audiencia Nacional cree que puede vulnerar la Constitución. De hecho, el PSOE ha recurrido la ley al Constitucional, ya que cree que dilapida el concepto de Justicia gratuita y universal. Varias decenas de funcionarios de Justicia se han concentrado este lunes frente a la sede del Tribunal Supremo para protestar contra el ministro y las reformas que está llevando a cabo, que solo persiguen "reformar la justicia para privatizarla", según CC OO Pérez de los Cobos La polémica surgida en torno a la figura del presidente del Tribunal Constitucional ha aireado el debate de si la Justicia está politizada o no en España. El magistrado ocultó su militancia en el PP y aunque no incumple la ley, el órgano que él preside debe dilucidar sobre importantes asuntos, como por ejemplo la reforma laboral. Jueces por la Democracia han pedido incluso su dimisión, aunque él ha anunciado que seguirá en el cargo. Ley del Registro Civil El ministerio de Justicia quiere que la reforma de la ley del Registro Civil esté ya operativa en julio de 2014. Esta reforma modifica quién es el responsable del registro. Ahora está en manos de los jueces apoyados por los secretarios judiciales. Tras el cambio, estarán en manos de los registradores. Se trata de un colectivo minoritario en el que están dos hermanos de Rajoy y dos familiares del ministro de Justicia. En principio no se pagará por inscribir en el Registro Civil nacimientos y defunciones, pero sí por bodas, divorcios, cambios de nombre y censarse.

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