viernes, 20 de septiembre de 2013

“En teoría todos somos iguales ante la ley; en la práctica no”

MANUELA CARMENA| JUEZ: El funcionamiento de los tribunales empobrece el derecho a la tutela judicial efectiva.
Después de toda una vida entre togas —1º abogada laboralista y luego juez—, Manuela Carmena (Madrid, 1944) se jubiló en 2010, montó un blog e inventó un juego de mesa sobre el funcionamiento de la Justicia; en él, el concursante-ciudadano va enfrentándose, casilla a casilla, a todos los obstáculos que encuentra en la vida real quien osa meterse en pleitos... desde hace décadas. “Hay muchas similitudes entre un pleito de hoy y uno del siglo XVIII. Demasiadas, insoportables”, afirma la juez.
Pregunta. ¿Por qué es eso? ¿Es cierta la sensación de que la justicia es el único servicio público que no se ha modernizado?
Respuesta. En cierto sentido sí. Hay una gran diferencia entre la justicia histórica y la actual: la Administración de Justicia se limpió de corrupción en la Transición. 
Tenemos una justicia limpia.

REFORMA de la JUSTICIA
La Administración de Justicia es el único poder del Estado que no se democratizó en la Transición. Como prestadores de un servicio público, los jueces deben contar con una mejor y más eficiente organización y con mayores recursos y medios. Debe potenciarse la coordinación de la justicia, en la que ahora intervienen funcionarios pertenecientes hasta  5 cuerpos distintos que a su vez dependen, según los casos, de la Administración central o de la autónoma. 

La igualdad de los ciudadanos ante la ley, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un juicio justo están reducidos muchas veces en la práctica a meras declaraciones, pues el funcionamiento de los tribunales no es nunca rápido ni resulta siempre eficaz, por lo que hay que aumentar significativamente el nº de jueces. 
Hace falta revisar las normas procesales para que, manteniendo las garantías básicas, puedan agilizarse los juicios y sea adecuadamente protegida la presunción de inocencia ante la llamada “pena de telediario”. 
El Gobierno debe renunciar a su actual política sobre tasas judiciales.
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