lunes, 14 de enero de 2013

Fondo social de vivienda para desahuciados

La operativa diseñada, cuyas líneas básicas se pactaron en diciembre pasado, exige la colaboración entre las entidades financieras, el Gobierno, los servicios sociales municipales o provinciales y las ONG en la difusión de información sobre las viviendas disponibles y en su asignación entre los beneficiarios.
 
| 13 Enero 2013
Las instituciones públicas y privadas implicadas en el fondo social de vivienda (FSV), creado para que determinados colectivos afectados por un desahucio accedan a un alquiler social, firmarán el próximo jueves el convenio que regula sus características y funcionamiento.
El fondo cuenta inicialmente con 6.000 viviendas aportadas por las entidades financieras de entre los inmuebles no cedidos a la Sareb, la sociedad que debe dar salida a los activos inmobiliarios tóxicos propiedad de la banca, conocida comúnmente como "banco malo".
Cada entidad formará su propio fondo con un nº indeterminado de viviendas que podrá ampliar posteriormente y las ofrecerá a sus clientes desalojados.
Los arrendatarios serán personas desalojadas de su vivienda habitual por impago de la hipoteca a partir del 1 de enero de 2008, con unos ingresos por unidad familiar inferiores a 3 veces el IPREM (1.597,53 euros mensuales) y que cumplan los requisitos de vulnerabilidad especial fijados en el decreto por el que se paralizaron los desahucios durante dos años.
El precio del alquiler oscilará entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30 % de la renta total neta de la unidad familiar, y los contratos tendrán una duración de 2 años, prorrogables por 1 más, excepto que la entidad financiera haga una nueva evaluación de la situación del beneficiario y concluya que ya no cumple las condiciones.

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