Madrid no aplica este tributo que deberían abonar 10 altos cargos.
Cinco Días - Madrid - 14/09/2012
10 altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy -él incluido-
deberían tributar por el impuesto sobre el patrimonio, según los datos
económicos de los miembros del Ejecutivo.
Y no lo hacen porque se benefician de la bonificación del 100% que mantiene el Gobierno de Esperanza Aguirre para los contribuyentes que residen en Madrid.
El impuesto sobre el patrimonio lo recuperó el anterior Gobierno para los ejercicios fiscales de 2011 y 2012, sin embargo, las comunidades tienen amplia competencia hasta el punto de poder anular su aplicación.
Esta es la decisión que adoptó el Ejecutivo madrileño, medida que siguió también la Comunidad Valenciana y Baleares.
A pesar de todo, el ahorro fiscal que ello supone para la mayoría de miembros del Gobierno es mínimo, ya que el Ejecutivo de Zapatero elevó significativamente el mínimo exento, de tal forma que los primeros 700.000 euros de patrimonio están libres del impuesto y también la vivienda habitual hasta 300.000 euros.
Ello significa que Mariano Rajoy, con un patrimonio neto de 1,2 millones de euros, debería pagar 616 euros anuales por los ejercicios 2011 y 2012.
Lo mismo le sucede al líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que también se beneficia de esta ventaja fiscal de Aguirre.
Junto al presidente del Gobierno, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, el de Educación, José Ignacio Wert, el de Industria, José Manuel Soria López, el de Agricultura, Miguel Arias Cañete y el de Economía, Luis de Guindos, también deberían pagar el impuesto sobre el patrimonio en caso de que Aguirre no lo hubiera bonificado.
Hay que tener en cuenta que el impuesto se paga en función del lugar de residencia, con independencia de la ubicación de las rentas y bienes.
Es decir, un residente en Madrid que posea 5 pisos en el paseo de Gracia de Barcelona valorados en 6 millones de euros no pagará ni un duro por Patrimonio.
Por ejemplo, Arias Cañete cuenta con 1,7 millones de euros y más del 60% corresponde a inmuebles situados en Cádiz. Sin embargo, como residente en Madrid está exento de tributar.
Si Aguirre no hubiera bonificado el impuesto sobre el patrimonio, el ministro de Agricultura debería haber pagado en julio unos 3.000 euros correspondientes al ejercicio 2011 y una cifra idéntica el próximo año, cuando se abona la cuota correspondiente a 2012.
El alto cargo que resulta más beneficiado es el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles Salaverría, que posee un patrimonio neto de 18,1 millones de euros.
Al no tener ninguna vivienda a su nombre, en su caso no se aplicaría la rebaja de 300.000 euros por casa habitual.
Si viviera fuera de Madrid, la cuota a pagar ascendería a 350.000 euros anuales, una cifra mayor que su sueldo de secretario de Estado, que asciende a unos 70.000 euros.
Para evitar estos casos, la legislación establece ciertas ponderaciones y vincula el impuesto de patrimonio al IRPF.
En realidad, la factura fiscal de Argüelles quedaría rebajada de 350.000 a 70.258 euros.
Una cifra que resulta ya significativa y que gracias al Gobierno madrileño no debe asumir.
En una situación parecida se encuentra Montserrat Gomendio, cuyo sueldo de secretaria de Estado de Educación parece incluso bajo al compararlo con su patrimonio, que asciende a 14,5 millones de euros.
Y no lo hacen porque se benefician de la bonificación del 100% que mantiene el Gobierno de Esperanza Aguirre para los contribuyentes que residen en Madrid.
El impuesto sobre el patrimonio lo recuperó el anterior Gobierno para los ejercicios fiscales de 2011 y 2012, sin embargo, las comunidades tienen amplia competencia hasta el punto de poder anular su aplicación.
Esta es la decisión que adoptó el Ejecutivo madrileño, medida que siguió también la Comunidad Valenciana y Baleares.
A pesar de todo, el ahorro fiscal que ello supone para la mayoría de miembros del Gobierno es mínimo, ya que el Ejecutivo de Zapatero elevó significativamente el mínimo exento, de tal forma que los primeros 700.000 euros de patrimonio están libres del impuesto y también la vivienda habitual hasta 300.000 euros.
Ello significa que Mariano Rajoy, con un patrimonio neto de 1,2 millones de euros, debería pagar 616 euros anuales por los ejercicios 2011 y 2012.
Lo mismo le sucede al líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que también se beneficia de esta ventaja fiscal de Aguirre.
Junto al presidente del Gobierno, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, el de Educación, José Ignacio Wert, el de Industria, José Manuel Soria López, el de Agricultura, Miguel Arias Cañete y el de Economía, Luis de Guindos, también deberían pagar el impuesto sobre el patrimonio en caso de que Aguirre no lo hubiera bonificado.
Hay que tener en cuenta que el impuesto se paga en función del lugar de residencia, con independencia de la ubicación de las rentas y bienes.
Es decir, un residente en Madrid que posea 5 pisos en el paseo de Gracia de Barcelona valorados en 6 millones de euros no pagará ni un duro por Patrimonio.
Por ejemplo, Arias Cañete cuenta con 1,7 millones de euros y más del 60% corresponde a inmuebles situados en Cádiz. Sin embargo, como residente en Madrid está exento de tributar.
Si Aguirre no hubiera bonificado el impuesto sobre el patrimonio, el ministro de Agricultura debería haber pagado en julio unos 3.000 euros correspondientes al ejercicio 2011 y una cifra idéntica el próximo año, cuando se abona la cuota correspondiente a 2012.
El alto cargo que resulta más beneficiado es el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles Salaverría, que posee un patrimonio neto de 18,1 millones de euros.
Al no tener ninguna vivienda a su nombre, en su caso no se aplicaría la rebaja de 300.000 euros por casa habitual.
Si viviera fuera de Madrid, la cuota a pagar ascendería a 350.000 euros anuales, una cifra mayor que su sueldo de secretario de Estado, que asciende a unos 70.000 euros.
Para evitar estos casos, la legislación establece ciertas ponderaciones y vincula el impuesto de patrimonio al IRPF.
En realidad, la factura fiscal de Argüelles quedaría rebajada de 350.000 a 70.258 euros.
Una cifra que resulta ya significativa y que gracias al Gobierno madrileño no debe asumir.
En una situación parecida se encuentra Montserrat Gomendio, cuyo sueldo de secretaria de Estado de Educación parece incluso bajo al compararlo con su patrimonio, que asciende a 14,5 millones de euros.
Una figura fiscal polémica y con fecha de caducidad
El impuesto sobre el patrimonio se estableció en España en 1979 y nació como un tributo excepcional y temporal.Sin embargo, duró hasta el año 2008, momento en que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero lo suprimió.
Es, probablemente, la figura fiscal más polémica del sistema tributario español.
Quien lo aplica alega que el impuesto sobre el patrimonio genera una doble imposición porque grava rentas y bienes que, en su momento, ya tributaron por IRPF o IVA.
Por otra parte, los contribuyentes verdaderamente adinerados tienen recursos suficientes para contratar a un buen asesor fiscal y, sin vulnerar la ley, evitar el pago de este impuesto. De hecho, el Gobierno socialista lo eliminó con el argumento de que perjudicaba a las clases medidas.
Hay que tener en cuenta que, antes de 2008, debían tributar por Patrimonio los contribuyentes con bienes superiores a 108.182 euros (excluida la vivienda habitual).
Un umbral que se elevó hasta los 700.000 euros cuando se recuperó el impuesto para los ejercicios fiscales de 2011 y 2012.
Es decir, el tributo volverá a dormir el sueño de los justos salvo que Rajoy diga lo contrario. 125.000 contribuyentes abonaron hasta julio 581,4 millones por el impuesto del patrimonio del ejercicio 2011, un ingreso que va directamente a las arcas autonómicas.
Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares, las únicas que renunciaron a aplicar el tributo, renunciaron a recaudar este año 444 millones de euros.
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