Se ofrecen como la alternativa a notarios y registradores:
Los secretarios judiciales no están dispuestos a dejar en manos de
notarios y registradores las 50 competencias que saldrán del ámbito
judicial en la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria que prepara el
Gobierno.
Abogan por ser la opción pública y gratuita para el ciudadano.
La crisis, que ha dejado colapsados los juzgados y maltrechas las
arcas de algunos colectivos, entre ellos notarios y registradores, exige
desjudicializar asuntos como los matrimonios y divorcios de mutuo
acuerdo y sin menores.
Sin embargo, para el presidente del Colegio
Nacional de Secretarios Judiciales (CNS), Rafael Lara, es necesario que
esta desjudicialización tenga una alternativa pública y gratuita al
servicio que podrían prestar otros profesionales.
"Creemos que tanto notarios, registradores como secretarios
judiciales estamos capacitados para asumir las competencias de la nueva
Ley de Jurisdicción Voluntaria", aseguró ayer en las XXVI Jornadas
Nacionales de la Fe Pública Judicial, celebradas en Pontevedra, "por eso
abogamos por una alternativa".
El error del monopolio
Desde su punto de vista, lo que necesita España es una reactivación económica basada en el principio de competitividad.
"El error es establecer un monopolio, y que solo los notarios puedan casar y divorciar".
No obstante, advirtió que no le constaba que el notariado haya solicitado exclusividad.
Antonio Fernández de Buján, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la comisión que está elaborando la propuesta de proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, manifestó en el transcurso de las jornadas que en ningún caso dejarán de ser competencia del juez asuntos que afecten a menores, incapacitados y familias.
Reconoció eso sí, que habría unos 50 trámites que podrían quedar bajo la supervisión de secretarios generales, notarios y registradores.
La declaración de herederos, expedientes de dominios de fincas, subastas judiciales, testamentos, convocatorias de juntas de accionistas, nombramientos de interventores podrían ser algunos de ellos.
Otro de los ponentes, que fue muy aplaudido por un auditorio repleto de secretarios judiciales, Jesús Seoane, ex presidente del CNSJ, advirtió que el papel del secretario judicial en los matrimonios y divorcios está reconocido por recomendación del Consejo de Europa de 16 de septiembre de 1986 y que todos los asuntos de jurisdicción voluntaria deberían de estar "exentos de tasas y ser gratuitos".
Donde sí piden exclusividad los secretarios judiciales es en la ejecución del ámbito penal, que actualmente llevan los jueces.
"Siempre que no afecten a derechos fundamentales, solicitamos que todo el proceso de ejecución sea competencia del secretario judicial", explicó el presidente de este colectivo. Aunque tampoco quiso molestar a los procuradores, "que podrían asumir la ejecución de la diligencia".
El error del monopolio
Desde su punto de vista, lo que necesita España es una reactivación económica basada en el principio de competitividad.
"El error es establecer un monopolio, y que solo los notarios puedan casar y divorciar".
No obstante, advirtió que no le constaba que el notariado haya solicitado exclusividad.
Antonio Fernández de Buján, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la comisión que está elaborando la propuesta de proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, manifestó en el transcurso de las jornadas que en ningún caso dejarán de ser competencia del juez asuntos que afecten a menores, incapacitados y familias.
Reconoció eso sí, que habría unos 50 trámites que podrían quedar bajo la supervisión de secretarios generales, notarios y registradores.
La declaración de herederos, expedientes de dominios de fincas, subastas judiciales, testamentos, convocatorias de juntas de accionistas, nombramientos de interventores podrían ser algunos de ellos.
Otro de los ponentes, que fue muy aplaudido por un auditorio repleto de secretarios judiciales, Jesús Seoane, ex presidente del CNSJ, advirtió que el papel del secretario judicial en los matrimonios y divorcios está reconocido por recomendación del Consejo de Europa de 16 de septiembre de 1986 y que todos los asuntos de jurisdicción voluntaria deberían de estar "exentos de tasas y ser gratuitos".
Donde sí piden exclusividad los secretarios judiciales es en la ejecución del ámbito penal, que actualmente llevan los jueces.
"Siempre que no afecten a derechos fundamentales, solicitamos que todo el proceso de ejecución sea competencia del secretario judicial", explicó el presidente de este colectivo. Aunque tampoco quiso molestar a los procuradores, "que podrían asumir la ejecución de la diligencia".
Convocatoria de oposiciones y cambio de nombre.
Los secretarios judiciales enviarán próximamente una solicitud al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que convoque oposiciones en 2013, después de la congelación que han sufrido como el resto de cuerpos del Estado en este ejercicio.También, para pedirle un acceso a la carrera de secretario judicial similar al de los jueces.
"No se trata de crear nuevas plazas, sino profesionalizar las que ya existen", aclaró Rafael Lara.
Actualmente, existen unos 4.400 puestos de secretarios judiciales en toda España, de los que 3.700 están ocupadas por titulares y entre 600 y 800 los integran interinos.
El salario de un secretario judicial nada más ingresar en la carrera de alto funcionario asciende a 1.700 euros, aunque la media se sitúa entre 2.400 y 3.000 euros.
Tras la implantación del Plan de Bolonia, Rafael Lara considera conveniente modificar la entrada a la profesión.
Actualmente, basta con el grado en Derecho y aprobar la oposición, pero su objetivo es que los nuevos secretarios judiciales se especialicen antes de la oposición con un máster jurídico, como así han propuesto los jueces a través del Consejo General del Poder Judicial.
Además, existen voces que abogan por un cambio en la denominación de la profesión. Para Jesús Seoane, secretario judicial y ex presidente del Consejo entre los años 1987 y 1997, esto es imprescindible para que no nos confundan con "el chico del café".
Desde su punto de vista, debería proponerse el nombre de letrado judicial o letrado director de la oficina judicial.
En este sentido, Seoane contó un anécdota protagonizada por el Rey, quien al entregarle un incunable firmado por el escribano -el entonces secretario judicial- le espetó que no deberían haberse cambiado de nombre.
Discrepancias sobre la instrucción por el fiscal.
La postura oficial del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales es que si finalmente la instrucción de un proceso penal la lleva el fiscal y no el juez de instrucción, "el papel de los secretarios judiciales seguirá siendo el mismo, porque su labor no viene marcada porque vaya de la mano de un juez, sino porque existen diligencias de instrucción", argumenta Rafael Lara, presidente del Consejo.Sin embargo, para el ponente Alfredo Martínez, secretario de instrucción nº 12 de Málaga, "el secretario judicial debe desaparecer en una estructura fiscal, porque no tienen nada que ver".
Por ello, reivindicó que en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que esto no ocurra y que se fortalezca la aportación del secretario judicial, especialmente en las diligencias sumariales.
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