miércoles, 8 de julio de 2009

Denuncias interesadas por malos tratos:Dificiles de demostrar

http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009070800_9_230618__Sociedad-Feliciano-habla-denuncias-interesadas-malos-tratos
Feliciano habla de denuncias interesadas por malos tratos
El presidente del TSJC afirma que, a veces, se usan para obtener la custodia o la pensión.

AGENCIAS SANTA CRUZ DE TENERIFE.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro Feliciano, afirmó ayer que "muchas veces, las denuncias por malos tratos son interesadas", así como que " no ha aumentado el número de las que se presentan respecto a años anteriores ".

Castro Feliciano hizo estas declaraciones en la presentación de la memoria judicial anual –relativa al 2008– de este organismo, que se produjo en el Parlamento autonómico y donde el titular del alto tribunal canario también se refirió a la posibilidad de dar la nacionalidad a las mujeres extranjeras maltratadas, en el sentido de que "los juzgados españoles van a tener que multiplicarse por tres".

Castro Feliciano indicó, en declaraciones a los periodistas, que en Canarias no se ha producido un incremento notable del número de denuncias presentadas por casos de malos tratos en 2008, pero sí asegura que, muchas veces, las denuncias son interesadas para obtener la custodia de los niños, la pensión o la vivienda. "No digo que sean muchas, pero suele ocurrir".
Además, ante la pregunta de los periodistas, Castro Feliciano señaló que no se trata de denuncias falsas pero "sí son casi imposibles de demostrar".

Ante las polémicas declaraciones de Antonio Castro Feliciano de ayer, que se suma a otras similares realizadas recientemente por profesionales vinculados a la violencia de género, hay que recordar que la nueva legislación en esta materia incluye medidas como las detenciones prácticamente inmediatas de los supuestos agresores o los juicios rápidos.

Extranjeras.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias manifestó que "si se aprueba la posibilidad de dar la nacionalidad a las mujeres extranjeras maltratadas, me parece que los juzgados españoles van a tener que multiplicarse por tres".

Más de 300 jueces ven escasas las negociaciones para evitar la huelga.EFE.
Más de 300 jueces de toda España, muchos de ellos de Las Palmas de Gran Canaria, han suscrito un manifiesto en el que muestran su "decepción y descontento" ante lo que consideran los "escasos logros" alcanzados en las negociaciones que se están ejecutando entre las asociaciones que representan a los magistrados y el Ministerio de Justicia.
Este debate se inició para evitar los paros judiciales, que se anunciaron para distintas jornadas del año, y encontrar una solución a los problemas y las carencias estructurales de esta Administración.

El mencionado manifiesto que respaldan este importante número de jueces, de nuevo con una notable presencia de los de Las Palmas de Gran Canaria, circula por la intranet del Poder Judicial desde pocos días antes del pasado 26 de junio.
Para esa fecha se había anunciado una posible huelga de los magistrados y que, finalmente, no se llegó a convocar.
En todo caso, los firmantes de este documento aseguran que los "tímidos avances" que se han conseguido mediante estas negociaciones son "claramente insuficientes" para solucionar los problemas de la Administración de Justicia.

Invertir el 3% del PIB.
Según los jueces firmantes del manifiesto crítico con las negociaciones, resolver las "carencias estructurales" de la Justicia española "exigiría el compromiso de invertir el 3 % del Producto Interior Bruto (PIB)" en este sector y equiparar "la planta judicial española a la media europea", que es de 20 jueces por 100.000 habitantes.

"Los miembros de la Carrera Judicial anunciamos nuestra firme decisión de adoptar todas aquellas medidas constitucionales y legales que procedan en orden a alcanzar las reivindicaciones básicas propuestas por las Juntas de Jueces celebradas en toda España el 21 de noviembre de 2008", señala el manifiesto.
El escrito, además de ser firmado por jueces a título personal, ha sido debatido y aprobado en varias juntas celebradas en las últimas semanas, entre ellas las de Las Palmas de Gran Canaria, Córdoba y Granada

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